Ley de Medidas Básicas para la Inserción Social de Galicia (Ley 9/1991, de 2 de octubre)

1. La renta de Integracion Social de Galicia se configura cómo una prestación Social destinada a garantizar recursos Economicos de subsistencia a quiénes carezcan de ellos, asi cómo a alcanzar su autonomía e Integracion normalizada mediante un proyecto personalizado de inserción.

2. La renta de Integracion Social de Galicia, en cuanto a prestación económica, tendrá carácter alimenticio, personal y no transmisible, no pudiendo ser objeto de embargo o retención ni darse en garantía de obligaciones. Asimismo, tendrá carácter subsidiario y complementario de cualquier otro Ingreso o prestación de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 14 de la presente ley.

3. Los Proyectos de inserción estarán constituidos por un conjunto coordinado y programado de acciones que tendrá cómo objetivo la mejora de la Integracion personal, familiar o Social, asi cómo, en su casó, la incorporación del beneficiario al Sistema laboral.

4. En todo casó, la aceptación y el cumplimiento de las acciones contenidas en los Proyectos de inserción por el beneficiario serán condición necesaria para la percepción de la prestación económica.

1. Los perceptores de pensiones o ayudas de carácter público, contributivas o no contributivas, sólo tendrán derecho, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos en el capítulo siguiente, a la incorporación a los proyectos de inserción, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13.3 de la presente Ley.

2. No obstante, tendrán también derecho al subsidio básico y al complemento variable aquellos que por tener cargas familiares tuviesen derecho a prestaciones de protección a la familia, de acuerdo con la legislación en vigor en los términos establecidos en el artículo 14.

3. Igualmente podrán acceder al proyecto de inserción quienes, pudiendo obtener las prestaciones señaladas en el número 1 del presente artículo, no hubiesen ejercitado las acciones pertinentes para su reconocimiento.

1. Podrán ser beneficiarias de la renta de integración social de Galicia, en las condiciones previstas en la presente Ley, aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

   1. Tener residencia efectiva y estar empadronadas en cualquiera de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma gallega por lo menos durante el año inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud.

      Quedan eximidas del cumplimiento de este requisito de un año:

      1. Aquellas personas que, procedentes de otras Comunidades Autónomas del Estado español, sean beneficiarias del salario social en la Comunidad Autónoma de la que proceden, siempre que en la legislación de la Comunidad de la que proceden se recoja la reciprocidad.

      2. Las víctimas de violencia doméstica que cambian su domicilio por motivos de seguridad.

      3. Las personas emigrantes gallegas, en los términos señalados en el artículo 3 del Estatuto de Autonomía para Galicia, cuando hubieran fijado su residencia en el territorio de la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo, aquellas personas nacidas en Galicia que residiendo en otras Comunidades Autónomas vuelvan a fijar su residencia en el territorio de la Comunidad Autónoma gallega.

      Los ciudadanos y ciudadanas de estados no miembros de la Unión Europea precisarán, además, acreditar la residencia legal en España en el momento de la formulación de la solicitud.

   2. Tener constituida una unidad de convivencia independiente, vinculada económicamente a la persona solicitante.

   3. Tener una edad comprendida entre los veinticinco y los sesenta y cinco años.

      No obstante, también podrán ser beneficiarias:

      1. Las personas menores de veinticinco años que, reuniendo el resto de los requisitos de ese artículo, tengan menores a su cargo.

      2. Las personas mayores de dieciocho años que, teniendo reconocida la condición de minusvalía, no tengan derecho a prestación o ayuda de igual o análoga naturaleza.

      3. Las personas mayores de dieciocho años que, antes de alcanzar la mayoría de edad, estuvieran tuteladas por la Xunta de Galicia e internadas en centros de protección de menores o en acogimiento familiar.

      4. Las personas mayores de dieciocho años en situación de orfandad absoluta que, reuniendo los demás requisitos de este artículo, no tengan derecho a otras prestaciones o ayudas de análoga naturaleza.

   4. Disponer de unos recursos inferiores a la cuantía de la prestación económica de la renta de integración social de Galicia que les correspondería considerando su situación económica y familiar de acuerdo con el artículo 12 de la presente Ley.

   5. Que no existan personas legalmente obligadas y con posibilidad real de prestarles alimentos de acuerdo con la legislación civil. A juicio del órgano de resolución, se podrán eximir de este requisito aquellos solicitantes de los que se prevea que la obligación de alimentos no se pueda hacer efectiva por malos tratos, relaciones familiares deterioradas o inexistentes, de las cuales exista constancia en el expediente.

      No obstante, se considera que no tienen la obligación de prestar alimentos los parientes que, en atención a las circunstancias socioeconómicas concurrentes, no pueden hacer frente o atender las necesidades básicas de la unidad familiar solicitante sin desatender las propias necesidades o las de los familiares a su cargo.

      Las circunstancias constarán claramente en el informe social correspondiente.

2. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entiende por residencia efectiva aquélla que habite el solicitante por tiempo superior a seis meses en un período de doce.

1. Unicamente se concederá una renta de integración social de Galicia por unidad de convivencia independiente.

2. A los efectos previstos en la presente Ley, se considerará unidad de convivencia independiente a las personas que vivan solas, y, en su caso, al conjunto de personas que convivan en el mismo marco físico y se encuentren vinculadas con el solicitante por matrimonio o cualquier otra forma de relación estable análoga a la conyugal, por adopción o acogimiento o por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto y segundo grado respectivamente.

3. No obstante lo anterior, cuando en una unidad de convivencia existan personas con menores a su cargo, se considerará que constituyen una unidad de convivencia independiente.

4. La unidad de convivencia independiente beneficiaria no perderá esta condición cuando por causa de fuerza mayor, accidente o desahucio se vea obligada a residir con otra.

5. Reglamentariamente se determinarán los supuestos del marco físico de residencia colectiva que puedan ser considerados unidad de convivencia independiente a los efectos de este artículo.

Los beneficiarios de la renta de integración social de Galicia quedan obligados a:

1) Destinar el importe de la prestación al fin para el que se concede.

2) Participar en las acciones o actividades que se determinen de acuerdo con el beneficiario dentro del proyecto de inserción.

3) Escolarizar a los menores a su cargo que estén en edad escolar obligatoria, garantizando su asistencia al centro de enseñanza que corresponda. Dicha asistencia se acreditará debidamente.

4) No ejercer la mendicidad ni la prostitución, ni inducir o compeler a la práctica de cualquiera de ellas a ningún miembro de la unidad de convivencia.

5) Comunicar las variaciones sobrevenidas que, de conformidad con la presente Ley, pudiesen dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación.

6) Ejercitar cuando el órgano competente para la resolución lo estime conveniente, a la vista de los informes obrantes en el expediente y en el plazo que se establezca en la correspondiente resolución, cualquier derecho económico que pudiese corresponderles según la legislación vigente.

7) Cuantas otras obligaciones se deriven del objeto y finalidad de la renta de integración social de Galicia.

1. El reconocimiento de la renta de integración social de Galicia se realizará previa solicitud de la persona interesada, mediante la presentación en su ayuntamiento del modelo normalizado por la consellería competente, al cual habrá de adjuntar los documentos necesarios para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9 y aquellos otros que se pudieran determinar reglamentariamente.

2. Para el cómputo de los recursos económicos de la unidad de convivencia, la instancia normalizada de solicitud incluirá una declaración jurada en la que los peticionarios y peticionarias harán constar todos los recursos de que disponga la unidad de convivencia.

3. En la instancia normalizada a que se refiere el apartado anterior, la persona solicitante hará constar que autoriza al órgano de resolución para recabar la información adicional que considere necesaria para la adecuada estimación de los ingresos o recursos económicos de la unidad de convivencia, y en general para completar el expediente, dirigiéndose a los órganos públicos o privados competentes, ya sea a través del acceso directo a bases de datos por medios informáticos o cursando el correspondiente oficio.

4. Las entidades locales, a través de los equipos técnicos de los servicios sociales de atención primaria municipales correspondientes, elaborarán un informe social en el que se valore la procedencia, o no, de la aplicación de la renta de integración social de Galicia, así como, en su caso, la propuesta de un proyecto de inserción, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

5. El informe señalado en el apartado anterior destacará el perfil sociológico y una valoración sobre las posibilidades de inserción social y/o laboral, indicando, en este último supuesto, qué centros o instituciones adecuados existen en el entorno de la persona beneficiaria.

   Asimismo, destacará cuantos datos se estimen pertinentes para poner de manifiesto: la existencia de una unidad de convivencia independiente; el número de personas que conviven, junto con la información sobre minusvalía que pueda afectar a alguno de sus miembros; y la descripción del hogar y de la posible existencia de personas o familiares con obligación legal y posibilidad real de prestación de alimentos.

6. La propuesta del proyecto de inserción habrá de contar con el asentimiento de la persona interesada o, en caso contrario, con las razones invocadas por la misma para su rechazo.

7. El municipio de residencia, en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, remitirá los informes, la propuesta de resolución y la restante documentación necesaria para poder continuar la tramitación del expediente a la delegación provincial de la consellería competente en materia de servicios sociales, para su calificación y posterior resolución.

   De no remitirse en el plazo señalado, dado el carácter determinante para la resolución del procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurre el responsable de la demora, quedará interrumpido el plazo para resolver el expediente, con arreglo a lo previsto en le artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. Las delegaciones provinciales de la consellería competente en materia de servicios sociales resolverán las solicitudes remitidas por los ayuntamientos en el plazo máximo de un mes desde su recepción.

9. Excepcionalmente, en aquellos casos en que la situación de la persona beneficiaria lo haga imprescindible, podrá realizar la solicitud a su nombre el propio ayuntamiento; sin embargo, no se resolverá favorablemente el expediente mientras la persona interesada no asuma el proyecto de inserción social y/o laboral que, a propuesta de los servicios sociales de atención primaria, sea aprobado por el órgano de resolución de la renta de integración social de Galicia.

10. Cuando la persona beneficiaria de la renta de integración social de Galicia posea la condición de víctima de violencia de género, la concesión de la renta se tramitará por un procedimiento abreviado y su abono efectivo se efectuará en el plazo máximo de un mes desde la solicitud.

Tanto a nivel autonómico como en cada delegación provincial de la Consellería competente en materia de servicios sociales se constituirán con carácter permanente unidades técnico-administrativas de apoyo al órgano de resolución con la composición y funciones que reglamentariamente se determinen.

Los órganos competentes para la resolución podrán comprobar, a través de los organismos públicos y privados correspondientes, la veracidad de los datos obrantes en el expediente.

1. Cuando el órgano competente imponga al beneficiario o a cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia independiente la obligación señalada en el artículo 23.6 de la presente Ley, habrá de informarles sobre los derechos que les asistan y los trámites necesarios para la interposición de la correspondiente demanda o ejecución de sentencia.

2. En el supuesto de que la demanda prospere, por el órgano competente se dictará la oportuna resolución modificando o extinguiendo, en su caso, el derecho a la renta. Al mismo tiempo el beneficiario, a partir de la ejecución de la sentencia, vendrá obligado a devolver una cuantía igual a la obtenida hasta el límite de la prestación económica de la renta de integración social de Galicia que viniese percibiendo. No obstante, podrá acordarse el pago aplazado o incluso la condonación de esta obligación, en función de las circunstancias económicas concurrentes en la persona beneficiaria.

La modificación sobrevenida del número de miembros de la unidad de convivencia o de los recursos económicos que sirvieron de base para el cálculo de la prestación económica de la renta de integración social de Galicia dará lugar a la minoración o aumento que proceda a partir del mes siguiente a aquel en que tenga lugar. La comunicación de tales circunstancias se hará a través de los servicios sociales de atención primaria correspondientes.

La percepción de la prestación económica de la renta de integración social de Galicia se suspenderá por las siguientes causas:

1. Cuando los recursos económicos, computados de acuerdo con el artículo 14, superen, en cómputo mensual, por un período inferior a seis meses, la prestación económica de la renta de integración social de Galicia correspondiente en cada caso, se suspenderá su abono, y se reiniciará, a instancia de la persona beneficiaria, cuando decaigan las circunstancias que motivaron dicha suspensión, con la salvedad de que en este supuesto podrá continuar la persona beneficiaria percibiendo el complemento de inserción, en función de las acciones desarrolladas en el proyecto de inserción.

2. Igualmente, será causa de suspensión la imposibilidad sobrevenida, por parte de la persona beneficiaria, de cumplir las obligaciones asumidas, o la declaración legal de incapacidad. En este supuesto, en función de las circunstancias concurrentes, durante un plazo máximo de seis meses se podrá acordar el abono de la prestación a otro miembro de la unidad de convivencia, modificando, si procede, su cuantía mientras subsistan las citadas causas.

1. El derecho a las prestaciones de la renta de integración social de Galicia se extingue por:

   1. La pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo anterior. Con carácter previo a dictarse la resolución de extinción, se tramitará por el órgano de resolución el correspondiente procedimiento de revisión, con audiencia de la persona interesada, pudiendo acordarse, al disponer el inicio de dicho procedimiento, la suspensión cautelar del abono de la prestación cuando exista una presunción fundada de que la persona beneficiaria perdió su derecho a la misma.

   2. El fallecimiento de la persona beneficiaria, supuesto en que será de aplicación lo dispuesto en el punto 2 del artículo 31, mientras tramite una nueva solicitud otro miembro de la unidad de convivencia independiente.

   3. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 23 de la presente Ley por causas imputables a la persona beneficiaria.

   4. El mantenimiento de las causas que dieron lugar a la suspensión previstas en el artículo 31.

   5. La ocultación o falseamiento de los datos o cualquier otra actuación fraudulenta dirigida a obtener o conservar la prestación económica, sin perjuicio de lo dispuesto en el vigente código penal.

   6. El traslado de la residencia efectiva a un municipio que no esté comprendido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, salvo que se produzca la circunstancia señalada en el artículo 5.g) de la presente Ley.

   7. El transcurso de cuatro años consecutivos en su percepción, excepto que, a juicio del órgano de resolución y previo informe de los servicios sociales de atención primaria del municipio de residencia de la persona beneficiaria, fuera necesario mantener a ésta en la percepción de la prestación por su situación de exclusión social y/o desestructuración familiar de su unidad de convivencia, especialmente cuando existan menores en la misma.

2. La extinción del derecho a la renta de integración social de Galicia implicará las siguientes consecuencias:

   1. Cuando la extinción se lleve a cabo por la causa señalada en el artículo 32.1.e) de la presente Ley, se devolverán las cantidades indebidamente percibidas por la persona beneficiaria. Dichas cantidades habrán de ser reintegradas o serán objeto de compensación en caso de que se reconozca un nuevo derecho a la renta de integración social de Galicia en los términos que señale el órgano de resolución.

   2. Cuando la extinción se produzca por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 23 o por las causas establecidas en las letras e) o g) del artículo 32.1, no se reconocerá a ningún miembro de la unidad de convivencia un nuevo derecho a la renta de integración social de Galicia hasta que transcurra un año desde la fecha de la resolución de extinción, salvo que se constituya una nueva unidad de convivencia por un miembro no responsable del incumplimiento.

   3. Cuando la extinción se produzca por la percepción de la renta durante cuatro años consecutivos, se podrá solicitar una nueva renta si durante el año siguiente a la resolución de extinción concurrieran circunstancias excepcionales que agraven la situación de exclusión social de la persona interesada o la situación de desestructuración social y familiar de la unidad de convivencia, debidamente acreditadas por los servicios sociales de atención primaria de su ayuntamiento.

Contra las resoluciones dictadas por los delegados o delegadas provinciales se podrá interponer, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el titular de la consellería competente en materia de servicios sociales.

El recurso se podrá interponer ante el órgano que dictara la resolución o ante el órgano competente para resolverlo, con arreglo a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999.

1. Si la resolución fuera estimatoria del recurso, los efectos económicos de éste se retrotraerán a la fecha de resolución inicial denegatoria, en los términos fijados por el artículo 15 de la presente Ley.

2. La Resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

Como órganos superiores de control y seguimiento de la aplicación de la renta de integración social de Galicia se constituye una mesa en cada provincia y otra a nivel autonómico.

1. En cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma, presidida por el delegado provincial de la Consellería competente en materia de servicios sociales, se constituirá una mesa integrada por:

   –Siete representantes de la Administración autonómica.

   –Siete representantes de las centrales sindicales más representativas a nivel autonómico.

   –Siete representantes de las organizaciones empresariales en el mismo ámbito.

   –Dos representantes de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.

   Reglamentariamente se determinará la forma de designación de los representantes de los ayuntamientos y la periodicidad de las reuniones, aportándoles la Administración los datos globales que se deriven de la aplicación del programa.

2. Serán funciones de las mesas el control y seguimiento estadístico tanto de los procesos de concesión de la renta de integración social de Galicia como de la correcta aplicación de las medidas de fomento de empleo que vinculadas a los proyectos de inserción se consideran en la presente Ley.

3. A las reuniones de las mesas podrán asistir, a petición de cualquiera de las partes, representantes de las asociaciones y otras entidades de iniciativa social colaboradoras del programa, que participarán en las mismas con voz pero sin voto.

   Las actas de las sesiones que celebren estas mesas serán remitidas a la mesa autonómica a que se refiere el artículo siguiente.

1. A nivel autonómico se constituirá una mesa presidida por el titular de la Consellería competente en materia de servicios sociales o persona en la que delegue, con igual representación y sistema de designación que las mesas provinciales, la cual se reunirá con periodicidad trimestral.

2. Serán funciones de esta mesa el control y evaluación global de los resultados de la ejecución del programa, así como la formulación de observaciones y propuestas de modificación que ayuden a mejorarlo.

3. A las reuniones de esta mesa podrán asistir, a petición de cualquiera de las partes, representantes de las asociaciones y otras entidades de iniciativa social colaboradoras en el programa, que participarán en las mismas con voz pero sin voto, en aquellos temas directamente relacionados con sus actividades.

4. La Administración autonómica facilitará a esta mesa la documentación necesaria, así como las actas de las sesiones que celebren las mesas provinciales de control y seguimiento.

5. Deberá ser oída la mesa con anterioridad a la aprobación de la documentación necesaria, así como de las actas de las sesiones que celebren las mesas provinciales de control y seguimiento.

6. La mesa elaborará sus propias normas de funcionamiento.

1. E1 objeto del presente título es el establecimiento de ayudas económicas de pago único, destinadas a paliar necesidades extraordinarias y urgentes de personas afectadas por situaciones de emergencia.

2. Las ayudas para situaciones de emergencia social se constituyen como el segundo programa dentro del conjunto coordinado de medidas consideradas en el Título Preliminar de la presente Ley.

1. Estas ayudas tendrán carácter finalista y serán incompatibles con cualquier otra prestación pública que pudiese corresponder al beneficiario para la misma finalidad.

2. No obstante, podrán ser complementarias, en los casos en que se considere oportuno, en virtud de la gravedad de la situación socioeconómica y familiar reflejada en los informes pertinentes.

Podran ser beneficiarias de estas ayudas las personas que, encontrándose en las situaciones a que hace referencia el artículo 41, reúnan los requisitos siguientes:

1. Ser mayor de edad.

2. Estar empadronada y tener residencia efectiva en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma gallega.

3. No disponer de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación de emergencia.

A los efectos de lo previsto en el presente título se consideran situaciones de emergencia social aquellas que originen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente no cubiertas por los diferentes sistemas de protección.

1. Se consideran ingresos insuficientes, a los efectos de la aplicación de esta medida, aquellos que, obtenidos por los miembros de la unidad de convivencia independiente en concepto de rentas, retribuciones, pensiones o por cualquier otro título, salvo los de carácter finalista que estén dirigidos a la formación reglada o se perciban como complemento de inserción, no sean superiores al ciento veinticinco por ciento del importe del subsidio básico más el complemento familiar de la renta de integración social de Galicia que, según lo dispuesto en el artículo 12, puntos 1 y 2, de la presente Ley, les corresponderían en cómputo mensual.

2. No podrá concederse esta ayuda cuando los solicitantes o cualquier miembro de la unidad de convivencia independiente sean propietarios o usufructuarios de bienes muebles o inmuebles que, por sus características, valoración, posibilidad de venta o cualquier forma de explotación, indiquen, de forma notoria, la existencia de medios materiales suficientes para atender a los gastos objeto de estas ayudas.

1. La cuantía de las ayudas se establecerá para cada caso concreto en función de las circunstancias y las previsiones de los gastos que ocasionen la situación de emergencia, no pudiendo en caso alguno superar la cuantía anual del salario mínimo interprofesional.

2. Reglamentariamente serán establecidas las normas que posibiliten la determinación de la cuantía de la ayuda de emergencia social para cada caso concreto.

3. En ningún caso podrá concederse más de una ayuda para situación de emergencia social por unidad de convivencia al año.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, el interesado habrá de adjuntar a la solicitud:

   1. el Presupuesto de los Gastos para los que solícita la ayuda.

   2. la justificación de otras subvenciones o ayudas concedidas por el mismo concepto, o declaración jurada de nor percibirlas.

3. Será elaborado, previa visita domiciliaria, un informe por los servicios comunitarios en el que, en la medida de lo posible, se constate:

   1. la veracidad de las circunstancias alegadas por el solicitante cómo originadoras de la situación de emergencia.

   2. la situación de necesidad que detemine la incapacidad económica.

   3. la adecuación y proporcionalidad entre lo solicitado y la necesidad descrita.

   4. la condición de habitual de la vivienda.

Corresponde a los ayuntamientos, a través de los servicios sociales de atención primaria, la recepción, instrucción, propuesta de resolución y traslado del expediente a la delegación provincial correspondiente, así como el seguimiento y control de las ayudas concedidas.

Corresponde a los ayuntamientos, a través de los servicios sociales de atención primaria, la recepción, instrucción, propuesta de resolución y traslado del expediente a la delegación provincial correspondiente, así como el seguimiento y control de las ayudas concedidas.

1. Las ayudas para situaciones de emergencia social reguladas en la presente Ley se podrán abonar anticipadamente, en pago total o fraccionado, en los porcentajes que estime procedente el órgano de resolución atendiendo a las circunstancias de cada caso, debiendo el beneficiario o beneficiaria justificar el gasto subvencionado conforme a los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Xunta de Galicia se reserva para sí la facultad de efectuar el pago de la ayuda directamente, y en nombre del beneficiario o beneficiaria, a la persona, entidad o empresa que realice la prestación o el servicio a favor de éstos, en aquellos casos en que lo considere conveniente el órgano de resolución, a fin de garantizar su aplicación finalista.

3. En todo caso, la resolución de concesión de la ayuda de emergencia social podrá ser revocada en el supuesto de que no se realicen las obras presupuestadas o no se destine la misma para el fin solicitado.

4. Estas obras habrán de estar concluidas en el plazo de un año, a contar a partir del momento de la comunicación de la resolución, salvo en circunstancias excepcionales que hicieran necesario la concesión de una prórroga.

En materia de recursos habrá que estar a lo dispuesto en los artículos 33 y siguientes de la presente Ley para la renta de integración social de Galicia.

Son funciones básicas de la Comisión Interdepartamental de Servicios Sociales e Inclusión Social:

1. La elaboración y elevación de propuestas al Consello de la Xunta de Galicia sobre medidas generales que favorezcan la remoción de cuantos obstáculos impidan o dificulten la integración social de las personas más desfavorecidas, pudiendo diseñar, a tal fin, medidas concretas de discriminación positiva, tales como:

   1. La preferencia de los beneficiarios de la renta de integración social de Galicia para el acceso a las ayudas públicas dirigidas a satisfacer necesidades básicas: vivienda, alimentación, transporte y otras.

   2. La preferencia de los beneficiarios de la renta de integración social de Galicia para el acceso a los servicios públicos gestionados por la Xunta de Galicia, dentro de los diferentes subsistemas de bienestar social.

   3. El establecimiento de una línea de ayudas tendentes a prevenir la marginación de las personas internadas en centros de menores cuando cumplan la mayoría de edad.

   4. La preferencia en el acceso al aprovechamiento de parcelas agrícolas procedentes de un banco de tierras que, en su día, pueda crear la Consellería competente en la materia.

   5. La preferencia en el acceso a las viviendas que, en su día, pueda destinar la Consellería competente a dotar el programa de inserción social.

2. El estudio y la aprobación previa, en su caso, de programas integrados, locales o comarcales, de erradicación de la pobreza, que puedan proponer las diversas instancias del sistema público de servicios sociales o las asociaciones y otras entidades de iniciativa social, para su elevación al Consello de la Xunta de Galicia.

3. La estimación de los gastos que generen las medidas, propuestas así como su distribución entre las distintas consellerías implicadas y la elaboración al Consello de la Xunta de Galicia de la propuesta de inclusión de éstos en el proyecto de presupuestos para el ejercicio correspondiente.

4. La evaluación de las medidas adoptadas, el seguimiento de su aplicación y la propuesta de las modificaciones oportunas tendentes a su mejora o a su perfeccionamiento.

5. Recabar de los órganos competentes de la Xunta de Galicia cuanta información sea precisa para el desempeño de sus funciones.

6. Cuantas otras de análoga naturaleza le pueda atribuir al Consello de la Xunta de Galicia.

1. Se crean a nivel Comarcal equipos Tecnicos de desarrolló integral comunitario, dependientes orgánicamente de la Consejeria competente en materia de Servicios Sociales, que tendrán por objeto la puesta en práctica de Proyectos comarcales y locales de Dinamizacion socioeconómica, con un marcado carácter de Prevencion de la pobreza, en los que se hagan efectivas las decisiones adoptadas en La Comisión interdepartamental de lucha contra la pobreza.

2. Serán funciones básicas de estos equipos, entre otras, las siguientes:

   1. el Analisis de las causas de la marginación y del subdesarrollo socioeconómico en las bolsas de pobreza y áreas deprimidas, asi cómo de las circunstancias que determinan los pérfiles Sociales y culturales de los colectivos que sufren la marginación de su comarca.

   2. la elaboración y ejecución de Proyectos integrales de actuación, técnicamente homologados y operativos, de carácter interdepartamental, interadministrativo y comunitario, orientados a la Promocion e inserción Social de los marginados.

   3. la Coordinacion para la puesta en práctica de esos Proyectos de la administración local y autonómica, de los diferentes sistemas públicos de Bienestar Social y de las instituciones y entidades de iniciativa Social con presencia activa en la comarca, constituyendo, si procede, una coordinadora Comarcal de inserción Social.

   4. la elevación a La Comisión interdepartamental de lucha contra la pobreza de cuántas propuestas de actuación sobre medidas operativas se consideren necesarias para apoyar los Proyectos integrales de actuación.

   5. cuántas otras se consideren oportunas y procedentes para la Prevencion de la marginación e inserción Social de los socialmente excluidos, en el ámbito Comarcal, dentro de los objetivos que marca está ley.

3. La composición, Distribucion y dotación de estos equipos Tecnicos será determinada reglamentariamente.