Ley de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha (Ley 14/2005, de 29 de diciembre)

La presente Ley tiene por objeto determinar el régimen jurídico aplicable a los servicios de transporte público de personas por carretera en el ámbito de la Comunidad Autónoma y establecer los instrumentos que permitan el funcionamiento integrado del sistema de transportes públicos de personas viajeras de Castilla-La Mancha.

1. El ámbito de aplicación de la presente Ley abarcará todos los servicios de transporte público de personas que se desarrollen íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma. Se entenderá que el transporte transcurre íntegramente por el territorio de Castilla-La Mancha cuando, sin solución de continuidad empiece y acabe en dicho territorio o que en caso de salir del territorio de Castilla-La Mancha, no tenga tráfico autorizado fuera del mismo.

2. Los transportes que se presten al amparo de títulos habilitantes de competencia estatal quedan excluidos en todo caso del ámbito de aplicación de esta Ley.

1. La política del transporte público de personas viajeras se desarrollará partiendo del reconocimiento de éste como servicio público esencial a fin de atender los intereses y demandas generales de movilidad personal cuando la iniciativa privada no satisfaga convenientemente las necesidades de desplazamiento de la población.

2. La política de los transportes deberá orientarse a la consecución de los siguientes objetivos:

1. La satisfacción de la demanda de movilidad, en condiciones de seguridad y comodidad, de la población en general, con especial atención a los estratos sociales menos favorecidos económicamente y a aquellos colectivos que presenten algún tipo de movilidad reducida o demanden un transporte especial y a las zonas en las que por su densidad de población, lejanía o difícil accesibilidad el transporte público resulte esencial para promover la igualdad de oportunidades.

2. La coordinación entre las distintas Administraciones Públicas y el ejercicio de sus competencias de modo que se promueva la creación de una red integrada de transporte público en Castilla-La Mancha concebida desde la exigencia de atender debidamente a las necesidades de movilidad personal y contribuir al respeto del medioambiente en Castilla-La Mancha, de tal modo que la creación de un sistema intermodal de transporte coordine las distintas modalidades, sectores y subsectores de los transportes, a fin de atenuar los efectos negativos de la provincialidad o comarcalización, mediante la comunicación de las redes, actividades y servicios que lo conforman y con otros de ámbito superior.

3. La creación de un sistema regional integral y homogéneo para el transporte terrestre público regular de personas que, respetando los criterios de planificación general, atienda las necesidades particularizadas de las demandas, en coordinación con el sistema intermodal.

4. El logro de los grados óptimos de calidad y seguridad en la prestación de la actividad de transporte, mediante una adecuada utilización de los recursos disponibles y la reducción del coste medioambiental.

5. La adopción de las medidas precisas que aseguren el adecuado desarrollo de los sectores económicos que dependan o demande la instalación, potenciación o perfeccionamiento del transporte de personas.

6. La utilización racional y medida de los recursos públicos que se destinen a inversiones y al fomento de los transportes, debiéndose emplear en proyectos y actuaciones que ofrezcan mayor viabilidad y rentabilidad social.

7. La adecuada coordinación entre las decisiones que afecten al sistema de los transportes y a sus infraestructuras.

8. La implantación de los mecanismos de interrelación precisos que aseguren la debida colaboración, coordinación de actuaciones, comunicación e información entre las Administraciones Públicas responsables de los transportes en Castilla-La Mancha.

9. El establecimiento, dentro del ámbito competencial de cada Administración pública, de un régimen tarifario de los transportes equitativo, justo y eficaz basado en la repercusión de los costes en quienes los causan.

10. La promoción del transporte público regular de personas, difundiendo el conocimiento del mismo y potenciando su utilización.

11. La difusión entre los sectores del transporte de la conveniencia y ventajas de la agrupación y dimensionamiento de empresas.

12. La adecuación de la política de transportes en la Región a los objetivos marcados por el Libro Blanco de Transportes sobre la reorientación a sistemas de transporte menos contaminantes y menos favorecedores de congestiones de tráfico.

1. A los efectos de esta Ley se entenderá por servicios de transporte público de personas los que se presten por cuenta ajena mediante contraprestación económica.

2. En función de su ámbito se clasifican como:

   1. Urbanos: Tendrán dicha consideración los que discurran íntegramente dentro de un mismo término municipal.

   2. Interurbanos: Definidos como aquellos que transcurran por el territorio de más de un Municipio.

3. En función de la regularidad de su prestación se clasifican como:

   1. Transportes regulares: Cuando se efectúen dentro de itinerarios preestablecidos, y con sujeción a calendarios y horarios prefijados. Estos servicios se dividirán a su vez en:

   9. Permanentes: Cuando se llevan a cabo de forma continuada, para atender necesidades de carácter estable.

      ii) Temporales: Cuando se destinen a atender tráficos de carácter excepcional o coyuntural y de duración temporalmente limitada, si bien, puede darse en los mismos una repetición periódica, tales como los de ferias, mercados, vacaciones, u otros similares.

   2. Transportes discrecionales: Cuando se lleven a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido. Con carácter general se les aplicarán las siguientes normas:

   9. Los transportes discrecionales de personas no podrán realizarse con reiteración de itinerario, calendario u horario preestablecidos.

      ii) La contratación y cobro se realizará por la capacidad total del vehículo, con excepción de los supuestos en que se autorice, con carácter excepcional, la contratación y cobro por plaza en los términos que reglamentariamente se establezcan.

   3. Transportes a la demanda: Cuando la prestación del servicio se haga depender en algún momento (horario o itinerario) de la previa demanda de quien lo solicita. Los servicios prestados en régimen del transporte a la demanda se circunscribirán al ámbito espacial o las relaciones de tráfico establecidas en el título habilitante y serán de obligada prestación en las condiciones establecidas en el mencionado título.

4. En función de su uso los servicios se clasifican como:

   1. De uso general: dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier persona.

   2. De uso especial: destinados a servir exclusivamente a un grupo específico u homogéneo de personas, tales como escolares, estudiantes, personas enfermas, personas discapacitadas o dependientes y personas trabajadoras.

Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha responsables de los transportes serán:

1. La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2. Los Municipios.

3. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que creen las Administraciones Públicas anteriores para la programación, dirección y gestión de los transportes.

1. Corresponde a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha velar por el funcionamiento de la red de transportes públicos de Castilla-La Mancha, ejerciendo las funciones de ordenación y coordinación con arreglo a lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones que resulten de aplicación. A tal fin ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:

   1. Ordenar y regular los transportes de ámbito superior al municipal que se desarrollen íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha conforme a lo establecido en el artículo 2 de esta Ley.

   2. Otorgar los títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de actividades de transporte de competencia autonómica de ámbito superior al municipal.

   3. Ejercer las competencias que le han sido delegadas mediante Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.

   4. Coordinar las distintas clases de transporte en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, promoviendo y aprobando los instrumentos establecidos para la coordinación e integración de los transportes.

   5. Ordenar y planificar las infraestructuras de los transportes.

   6. Ejercer la función inspectora y la potestad sancionadora en relación con los servicios de transporte de su competencia, así como la alta inspección de los servicios de transporte que constituyen el objeto de la presente Ley.

2. Corresponde asimismo a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el ejercicio en el campo de los transportes públicos de las funciones que en materia de precios le están legalmente atribuidas.

3. Compete a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la participación, en representación de Castilla-La Mancha, en los órganos de ámbito nacional y de carácter sectorial, de debate, coordinación y asesoramiento de los transportes, así como en los órganos de administración de las entidades públicas de titularidad estatal implantadas en la Comunidad y relacionadas con los distintos modos de transporte, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía.

4. En los términos previstos en la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, corresponde a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, velar por la accesibilidad y supresión de barreras en los medios de transporte público.

Corresponde a los municipios, con la asistencia, en su caso, de las Diputaciones Provinciales, el ejercicio de las siguientes funciones:

1. La ordenación y gestión de los transportes públicos de personas que transcurran íntegramente dentro de su término municipal, sin perjuicio de las facultades de coordinación y ordenación general de los transportes públicos de personas que corresponden a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el ámbito de la Comunidad y de las funciones que esta última pueda delegar o encomendar a las entidades locales.

2. La tramitación y otorgamiento de autorizaciones relativas a los servicios de transportes públicos de personas de ámbito municipal, tanto regulares como discrecionales o a la demanda y de uso general o especial, así como el ejercicio de las funciones de control, inspección, vigilancia y sanción relacionadas con los mismos.

3. La creación de la organización administrativa necesaria que haga efectiva la integración regional del transporte público regular de personas viajeras, sin perjuicio de la participación en la misma de otras Administraciones circunscritas al ámbito municipal.

4. La adecuación de las infraestructuras de los transportes que sean de su competencia a las necesidades de los mismos de acuerdo, en su caso, con las previsiones contenidas en los instrumentos de planificación de los transportes que afecten a dichas infraestructuras.

5. La emisión de informe preceptivo en relación con las paradas urbanas de los servicios de transporte interurbano de personas.

6. La colaboración con la Consejería competente en materia de transporte en la inspección y vigilancia de los servicios de transporte interurbano cuando transcurran por zonas urbanas. Las competencias municipales se ejercerán sin perjuicio de lo que dispongan las normas regionales y estatales que regulen dichos transportes.

7. La participación, a través de los medios que se prevean, en la definición de la política general de los transportes y en la planificación de los mismos.

8. En los términos previstos en la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, velar por la accesibilidad y supresión de barreras en los medios de transporte público.

1. Corresponde a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la elaboración y revisión del Plan Director de Transportes de Castilla-La Mancha que fijará el marco de desarrollo del sistema general de los transportes en todo el territorio regional y los mecanismos de interrelación entre éste y los sistemas de comunicación de otros ámbitos territoriales.

2. El Plan Director de Transportes de Castilla-La Mancha será aprobado y revisado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de transportes. El acuerdo aprobatorio se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y el Plan se remitirá a las Cortes Regionales para su conocimiento.

El Plan Director de Transportes de Castilla-La Mancha tendrá el siguiente contenido mínimo:

1. Establecimiento de las conclusiones de posibles desequilibrios entre oferta y demanda, fijándose estrategias y actuaciones para corregir estas situaciones.

2. Configuración de la red regional de los transportes referida a infraestructuras y servicios, estableciendo los niveles básicos de prestación de los mismos y la necesidad de aquellas obras de construcción y modificación de las infraestructuras que se juzguen precisas para asegurar un funcionamiento eficaz de dicha red, así como los requisitos y características de los servicios de transporte regular de responsabilidad pública referido a cada uno de los modos de transporte.

3. Previsiones sobre el establecimiento de zonas de prestación conjunta y de regímenes especiales aplicables a zonas y puntos concretos que presenten necesidades específicas de transporte.

4. Definición del sistema de financiación y de gestión económica.

5. Definición de un régimen tarifario y de horarios que propicien la comunicación intermodal en el ámbito regional y desde éste con el exterior.

6. Establecimiento de los criterios para la creación de los órganos y entidades que gestionen el sistema integrado regional del transporte público regular de personas.

Corresponde a las Administraciones Públicas competentes o a los órganos que se creen para la gestión del transporte público regular de personas viajeras, la ejecución en su ámbito de actuación del Plan Director de Transportes de Castilla-La Mancha. A tal fin habrán de programar los servicios del transporte público regular de personas en el marco de lo que disponga dicho Plan.

1. El Consejo Regional de Transportes de Castilla-La Mancha es el órgano consultivo y de participación en materia de transportes terrestres, de la Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2. En el Consejo Regional de Transportes de Castilla-La Mancha se integrarán representantes de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha y representantes de los sectores de transporte, así como de intereses económicos y sociales.

3. La composición, funciones y, en su caso, órganos territoriales del Consejo Regional de Transportes de Castilla-La Mancha se regirán por lo que reglamentariamente se establezca.

La gestión de los servicios de transporte de ámbito supramunicipal que no asuma directamente la Administración Autonómica se llevará a cabo por medio de instrumentos de coordinación y colaboración constituidos al efecto entre los Municipios afectados y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Junta Arbitral del Transporte es un instrumento de protección y defensa de las partes intervinientes en el contrato de transporte que pueden acudir a ella, como cualquier otra persona que ostente interés legítimo, para la resolución de las controversias que surjan en su cumplimiento.

La determinación de la composición de los órganos consultivos y de mediación previstos en esta Ley se establecerá de forma que se garantice la adecuada representación de los intereses de las personas usuarias del transporte.

1. La Administración mantendrá informados a los usuarios de las prestaciones del transporte que, en cada momento, se encuentren a disposición de los mismos, así como de sus modificaciones.

2. Asimismo, la Administración Regional elaborará el catálogo de los derechos y deberes de los usuarios del transporte por carretera, cuya difusión y cumplimiento se tutelará por ésta.

La planificación de los servicios de transporte con el fin de conseguir una mayor integración y coordinación en la prestación de los mismos se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:

1. Planes Coordinados de Servicios.

2. Planes de Movilidad.

1. Para la coordinación de los servicios de transporte público regular de personas en áreas urbanas, y siempre que se considere necesario para coordinar los servicios regulares de transporte municipal e interurbano de personas viajeras, se aprobarán Planes Coordinados de Servicios con arreglo a lo previsto en el artículo siguiente.

2. Los Planes Coordinados de Servicios incluirán como mínimo las siguientes determinaciones:

1. Análisis de la oferta y las demandas actuales y previstas y justificación de los servicios nuevos o modificados.

2. Determinación de los servicios o expediciones coincidentes.

3. Medidas de coordinación a implantar.

4. Marco tarifario resultante con indicación de los criterios para el reparto de ingresos.

5. Medidas compensatorias que, en su caso, deban aplicarse en favor de los concesionarios de servicios existentes para garantizar el equilibrio económico de la explotación.

1. Corresponde a los Municipios, de oficio por acuerdo del órgano competente, o a instancia de los operadores de transporte interesados, o a requerimiento de la Comunidad Autónoma, elaborar y aprobar inicialmente los Planes Coordinados de Servicios que no rebasen el territorio municipal.

2. Elaborado el borrador del Plan, se someterá a información pública por espacio de un mes, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y notificación a las asociaciones empresariales de transporte de la provincia y titulares de concesiones y autorizaciones de servicios regulares de transporte de personas incluidas, total o parcialmente, en el ámbito del Plan.

3. Recibidos los informes y observaciones, y resueltas, en su caso, las reclamaciones y sugerencias, el Ayuntamiento procederá a la aprobación provisional del Plan, en un plazo máximo de tres meses, remitiéndolo a la Consejería competente en materia de transportes para su aprobación definitiva.

4. La aprobación definitiva podrá:

   1. Otorgarse con las modificaciones que en su caso se estimen convenientes.

   2. Denegarse en los siguientes supuestos:

1. Cuando viniera a alterar el equilibrio económico de las concesiones de transportes interurbano preexistentes.

2. Cuando existan defectos insubsanables en su tramitación.

3. Cuando resulte incompatible con la planificación supramunicipal o autonómica en materia de infraestructuras, transportes u ordenación del territorio.

4. Cuando no se ajuste a la normativa vigente.

5. En el supuesto de que el ámbito de los Planes Coordinados de Servicios abarque el territorio de más de un municipio sin que exista un ente local con competencia sobre transporte de personas en dicho ámbito, corresponderá a la Consejería competente en materia de transportes la elaboración y aprobación inicial del Plan, previo informe de los Municipios afectados, sometiéndolo a información pública por espacio de un mes mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y notificación a las asociaciones empresariales de transporte de la provincia y titulares de concesiones y autorizaciones de servicios regulares de transporte de personas incluidas, total o parcialmente, en el ámbito del Plan.

   Recibidos los informes y observaciones, y resueltas, en su caso, las reclamaciones y sugerencias, la Consejería competente en materia de transportes aprobará definitivamente el Plan.

6. El plazo máximo en que se deberá notificar la resolución definitiva de los Planes Coordinados de Servicios será de un año contado desde el día siguiente a aquel en que se notifique o publique el acuerdo de inicio.

1. Los Planes de Movilidad tienen por objeto la planificación del conjunto de servicios de transporte en áreas urbanas o zonas en las que se considere conveniente asegurar la satisfacción de la demanda de movilidad mediante la integración y coordinación de servicios de transporte.

2. El contenido de los Planes de Movilidad incluirá:

1. Determinación del ámbito del Plan.

2. Análisis de la demanda de movilidad, distinguiendo los distintos segmentos de población que presentan necesidades específicas.

3. Análisis de la oferta de servicios de transporte, incluyendo:

9. Transportes urbanos, tanto de uso general como de uso especial.

   ii) Transportes interurbanos, tanto de uso general como de uso especial.

   iii) Transportes zonales de todas clases.

   iv) Transporte en vehículos de turismo.

4. Medidas para mejorar o garantizar la coordinación entre servicios de transporte de personas e integrar en el sistema de transporte los servicios especiales destinados a colectivos específicos como escolares, personas con discapacidad o tercera edad, así como la combinación de carga y pasajeros, incluyendo, entre otras, la determinación de itinerarios, el señalamiento de los servicios mínimos exigibles, y el establecimiento de áreas de prestación conjunta para el servicio de taxi.

5. Política tarifaria, incluyendo el establecimiento de mecanismos de coordinación tarifaria y los criterios para la financiación de servicios deficitarios.

6. Previsiones relativas a la gestión de los servicios, incluyendo la determinación de la forma de explotación y el tratamiento que deban recibir las líneas preexistentes, estableciendo las compensaciones que, en su caso, resulten necesarias.

1. La iniciativa de los Planes de Movilidad de ámbito supramunicipal corresponde a la Consejería competente en materia de transportes, de oficio o a instancia de las Entidades Locales afectadas. Cuando se trate de Planes de Movilidad de ámbito municipal, la iniciativa corresponderá a la Corporación correspondiente.

2. Para la elaboración de los Planes de Movilidad se constituirá una Comisión Técnica en la cual podrán participar todos los Municipios afectados, junto con la Comunidad Autónoma y representantes de las organizaciones de usuarios y empresas afectadas en los términos que se establezcan reglamentariamente.

3. En la tramitación de los Planes de Movilidad serán oídos los Municipios afectados que no hayan participado en su elaboración y se someterán en todo caso a la consideración ciudadana mediante la apertura de un trámite de información pública por espacio mínimo de 2 meses.

4. La aprobación de los Planes de Movilidad corresponde a los Municipios cuando no superen el ámbito municipal ni afecten a competencias autonómicas y a la Consejería competente en materia de transportes cuando su ámbito supere el término municipal o incidan en competencias autonómicas.

5. El plazo máximo en que se deberá notificar la resolución definitiva de los Planes de Movilidad será de un año contado desde el día siguiente a aquel en que se notifique o publique el acuerdo de inicio.

1. Las Administraciones o entidades y organismos públicos que destinen fondos o recursos económicos para la financiación o cofinanciación del transporte público lo realizarán en los términos y con las limitaciones que impone la Unión Europea debiéndose observar los siguientes principios:

   1. Los fondos públicos se dirigirán a asegurar la prestación de los servicios en las debidas condiciones de eficacia, calidad y seguridad, a través del incentivo de nuevas tecnologías.

   2. La adjudicación de los servicios que sean cofinanciados o auxiliados con recursos públicos se realizará sobre la base de los principios de objetividad, publicidad y libre concurrencia, sin perjuicio de los supuestos contemplados en la legislación aplicable en la materia de contratación de las Administraciones Públicas.

   3. Las decisiones sobre el destino de los recursos públicos deberán adoptarse una vez estudiadas y valoradas las distintas propuestas, así como el carácter y dimensión ajustada o equilibrada de los servicios. En todo caso, se seguirán los criterios y principios generales de esta Ley, debiendo repercutir, directa o indirectamente, la asignación de estos recursos en los usuarios.

   4. Las líneas o servicios económicamente deficitarios se incentivarán cuando sean precisos para atender las necesidades de la población y de la economía castellano manchega en todos sus ámbitos.

2. Los vehículos adscritos a servicios de transporte público regular de personas que sean adquiridos total o parcialmente en virtud de subvenciones o cualquier otro tipo de aportación de fondos públicos, realizarán en todo caso los servicios a los que sean objeto de la concesión o contrato y se encontrarán debidamente identificados mediante un distintivo colocado en su exterior expresivo de dicha circunstancia, sin perjuicio de que se puedan utilizar en otros servicios compatibles con los anteriores, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de transportes. La realización de servicios incumpliendo las limitaciones reseñadas dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas total o parcialmente y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, sin perjuicio de que dicho incumplimiento sea constitutivo de una infracción administrativa conforme a la normativa reguladora de las subvenciones públicas.

El establecimiento o modificación, adjudicación y prestación de los servicios de transportes públicos urbanos de personas viajeras, definidos en el artículo 4, se regirán, sin perjuicio de la aplicación de la normativa básica estatal en la materia, por la presente Ley, su normativa de desarrollo y las correspondientes Ordenanzas Municipales que, aprobadas por los correspondientes Municipios, deberán respetar en todo caso lo dispuesto en esta Ley, y en sus normas de desarrollo. Con carácter supletorio les será de aplicación el régimen establecido para los transportes interurbanos de personas por carretera en la normativa regional o, en su defecto, estatal. Asimismo, les será de aplicación la normativa por la que se rigen los contratos de las Administraciones Públicas.

1. La prestación de los servicios regulares de transporte urbano de personas viajeras se realizará con carácter general en régimen de concesión administrativa.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, cuando existan motivos que lo justifiquen, la Entidad Local competente podrá decidir que la explotación se lleve a cabo a través de cualquiera de las restantes formas de gestión de servicios públicos previstos en la legislación vigente.

1. Para la prestación de servicios discrecionales de transporte urbano de personas con capacidad igual o superior a nueve plazas más el conductor será necesaria la previa obtención del correspondiente título habilitante, que será otorgado por los Municipios una vez acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa autonómica o estatal que resulte de aplicación.

2. Las autorizaciones estatales o autonómicas de transporte discrecional de personas en autobús habilitarán para realizar tanto transporte urbano como interurbano dentro del ámbito a que las mismas estén referidas.

3. Los municipios, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de transportes, teniendo en cuenta la oferta y la demanda, podrán otorgar autorizaciones para realizar transporte discrecional de personas con carácter exclusivamente urbano cuando se justifique la necesidad y viabilidad funcional y económica de la prestación del servicio en dicho ámbito.

4. El otorgamiento, modificación, utilización y extinción de las autorizaciones de transporte discrecional urbano se regirán por las Ordenanzas Municipales que pudieran dictarse y por la normativa regional sobre la materia. Con carácter supletorio les será de aplicación el régimen de autorizaciones de transporte discrecional interurbano establecido en la normativa regional o, en su defecto, estatal.

1. No podrán establecerse servicios regulares de transporte urbano de personas cuyos tráficos coincidan con servicios regulares de transporte interurbano preexistente sin la conformidad del órgano concedente de estos últimos. De igual modo queda prohibido el establecimiento de tráficos de transporte interurbano o zonal de personas en concurrencia con tráficos urbanos ya existentes en el supuesto de que la Entidad Local correspondiente manifieste su disconformidad con dichos tráficos coincidentes, salvo que existan razones de interés general debidamente justificadas por la Consejería competente en materia de transportes y se establezcan en el expediente correspondiente.

2. A los efectos de este artículo se equipara al establecimiento de servicios la modificación de los ya existentes cuando de origen a situaciones de concurrencia con tráficos preexistentes.

3. La prohibición de coincidencia no será de aplicación cuando así venga expresamente previsto en los Planes Coordinados de Servicios o cuando existan causas de interés público que así lo justifiquen, apreciados por la Consejería competente en materia de transportes. En este supuesto, se dará trámite de audiencia al titular de la concesión preexistente.

1. El establecimiento y modificación de los servicios de transporte público urbano de personas corresponde a los Municipios, previa notificación a la Consejería competente en materia de transportes a efectos de garantizar su coordinación con el resto de la red de transportes de la Comunidad Autónoma.

2. La Consejería competente en materia de transportes podrá recabar la información que considere necesaria cuando puedan resultar afectados servicios interurbanos o zonales.

1. Corresponde a la Consejería competente en materia de transportes establecer la ubicación de las paradas urbanas en que los servicios regulares de transporte interurbano o zonal estén autorizados a tomar o dejar personas viajeras.

2. El establecimiento de paradas de servicios interurbanos, tanto de uso general como de uso especial, requerirá el previo informe del Ayuntamiento correspondiente, que deberá emitirse en el plazo de un mes, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de las condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, transcurrido el cual sin la emisión de dicho informe se considerará favorable. El informe se referirá, en todo caso, a la repercusión de la parada sobre la circulación urbana, y, caso de producirse coincidencia de tráfico, a la incidencia en el servicio de transporte urbano preexistente.

3. Para la ubicación de las paradas se atenderá a los siguientes criterios:

   1. Número de personas afectadas y centros sanitarios, educativos, de trabajo y otros centros de actividad a los que afecte.

   2. Incidencia en la prestación del servicio y condiciones económicas de su explotación.

   3. Repercusión sobre la circulación urbana y la seguridad vial.

   4. Accesibilidad a los servicios de transporte urbano.

4. El establecimiento de paradas para servicios interurbanos o zonales no facultará, en ningún caso, para la realización de tráficos urbanos al amparo de títulos habilitantes de servicios interurbanos o zonales.

5. Con carácter general, en los municipios que dispongan de estación de autobuses, será obligatorio su utilización para todos los servicios interurbanos que tengan parada en ese municipio. Excepcionalmente podrán ser eximidos de esta obligación por la Consejería competente en materia de transportes.

1. En aquellos casos previstos en el artículo 25.3, en que el establecimiento de servicios coincida con otros servicios preexistentes, pudiendo afectar gravemente a su equilibrio económico, éste podrá ser compensado, cuando la Consejería competente en materia de transportes aprecie la necesidad de compensación.

2. La responsabilidad de dicha compensación recaerá, salvo acuerdo inter-administrativo en contrario, en las personas titulares de los servicios a establecer.

3. La compensación podrá revestir carácter monetario, basarse en la participación del titular de los servicios afectados en la prestación de los nuevos servicios o en otros que sean de su interés, o cualquier otra modalidad que las partes estimen conveniente y resulte aceptable para el órgano que deba informar con arreglo a lo previsto en la presente Ley.

1. El establecimiento y modificación de servicios de transporte de personas en las áreas urbanas formadas por una pluralidad de municipios colindantes, entre los que se genere un número elevado de viajes, se regirá por lo dispuesto en los Planes Coordinados de Servicios o Planes de Movilidad elaborados con arreglo a lo previsto en esta Ley.

2. En defecto de tales planes se aplicarán las normas contenidas en el presente Capítulo para la coordinación de servicios de transporte de personas y las normas estatales o autonómicas que rijan el establecimiento de paradas de servicios de transporte interurbano o zonal en el interior de poblaciones.

Los servicios prestados a la demanda, de conformidad con la definición dada en el artículo 4.3.c) de esta Ley, podrán revestir las siguientes modalidades:

1. Servicios sin itinerario fijo.

2. Servicios sin horario fijo.

3. Servicios sin horario ni itinerario fijo.

La prestación de servicios a la demanda deberá realizarse con vehículos que cumplan los requisitos de seguridad legalmente exigidos, así como las demás condiciones que se establezcan en el correspondiente título habilitante.

1. Para la prestación de servicios a la demanda será necesario estar en posesión de la correspondiente autorización o título concesional expedido por la Consejería competente en materia de transportes, el ente gestor que en su caso existiere, o el Ayuntamiento correspondiente cuando no superen el ámbito municipal.

2. Podrá habilitarse para la prestación de servicios a la demanda a quienes dispongan de autorización para prestar servicios discrecionales o de autotaxi, en las condiciones que en cada caso se determinen.

1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por transportes zonales los servicios de transporte público prestados en determinadas zonas, integrando en un único título concesional todos los transportes que hayan de prestarse en dicha zona, salvo los que expresamente se exceptúen.

2. Las concesiones para transportes zonales podrán incluir todos o parte de los transportes que se enumeran a continuación prestados dentro de un mismo ámbito:

1. Transportes regulares de personas de uso general.

2. Transportes regulares de personas de uso especial.

3. Transportes de personas a la demanda.

4. Transportes discrecionales en vehículos turismo.

1. Los transportes zonales se desarrollarán exclusivamente en el ámbito establecido en el correspondiente título habilitante.

2. Los títulos habilitantes para la prestación de servicios zonales podrán incluir también tráficos entre la zona delimitada por los mismos y otros destinos situados en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

1. La Consejería competente en materia de transportes, de oficio o a instancia de las personas titulares de autorizaciones o concesiones de transporte regular de la zona o de las entidades locales afectadas, podrá, por razones de interés público u otras circunstancias debidamente justificadas como baja densidad poblacional y débil tráfico, establecer transportes zonales para un determinado ámbito.

2. Las concesiones zonales deberán ajustarse a las determinaciones de un plan de explotación para la zona de que se trate, aprobado por la Consejería competente en materia de transportes de oficio o a instancia de las personas a título particular, que contendrá las previsiones que reglamentariamente se señalen y que formará parte de las cláusulas concesionales.

3. Por razones de interés público, la Consejería competente en materia de transportes podrá modificar zonas de transporte, así como variar los planes de explotación, debiendo mantener en todo caso el equilibrio económico de las concesiones preexistentes.

1. Las concesiones de servicios lineales podrán transformarse en zonales sin necesidad de nueva concesión cuando las personas promotoras de la transformación sean titulares de servicios lineales en la zona en la proporción que reglamentariamente se determine y asuma el coste a otros titulares de las compensaciones a que dicha transformación diera lugar.

2. Los tráficos de concesiones de servicios lineales incluidos en el ámbito de la zona se incorporarán a los servicios zonales al término de la duración de las mismas o antes mediante la compensación económica adecuada, si el interés general lo aconseja.

3. Será de aplicación a las concesiones zonales el régimen jurídico establecido para las lineales en tanto resulte compatible con su naturaleza específica. No obstante, cuando la racionalidad en el diseño del sistema de transporte así lo aconseje, podrá realizarse la adjudicación directa de las mismas a las personas titulares de los servicios a que se refiere el apartado primero de este artículo.

Conforme al artículo 4.4.b) de esta Ley, tendrán la consideración de transportes públicos de uso especial, entre otros, los siguientes servicios:

1. Transporte escolar y de menores. Dedicado al transporte de escolares menores de cinco años que se encuentren en cursos de educación no obligatoria y de escolares que se encuentren en los cursos de educación obligatoria. Deberá ajustarse a la normativa específica establecida para este tipo de transportes.

2. Transporte sanitario. Destinado al transporte de personas enfermas que no requieran una urgente intervención médica, en vehículos especialmente adaptados a este fin, que cumplan los requisitos establecidos para dedicarlos a este tipo de transporte.

3. Transporte asistencial: Especializado en el transporte de personas que por su edad, condición física o mental u otras circunstancias precisen una atención especial o planteen necesidades específicas de transporte.

4. Transporte de personas trabajadoras: Tendrá esta consideración el destinado al transporte de personas trabajadoras a sus lugares de trabajo.

5. Transporte de estudiantes. Será el dedicado al transporte de estudiantes no incluidos en el transporte escolar y de menores.

1. Los transportes públicos regulares de personas de uso especial únicamente podrán prestarse cuando se cuente con la correspondiente autorización especial otorgada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. En estas autorizaciones se establecerán las condiciones específicas de explotación, así como el plazo de duración, que podrá ser renovado.

2. El sistema de otorgamiento, duración y extinción de las correspondientes autorizaciones se establecerá reglamentariamente para cada uno de los transportes definidos en el artículo anterior.

3. Reglamentariamente, en función del grado de coincidencia entre unos y otros, se regulará el otorgamiento de preferencia a favor de los titulares de servicios de uso general para ejercer el derecho de tanteo sobre los de uso especial cuando concurran motivos de interés general.

A los efectos de la presente Ley se denominan servicios de autotaxi, a los dedicados al transporte público de personas en vehículos de turismo, con capacidad igual o inferior a nueve plazas, incluido el conductor.

1. Para la prestación de servicios de transporte urbano de personas mediante vehículos de turismo será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia de autotaxi otorgada por el municipio en que se halle residenciado el vehículo o, en su caso, por la entidad encargada de la gestión del Área de Prestación Conjunta a la que se refiere el artículo 48 de la presente Ley. Cada licencia habilitará para la prestación del servicio en un vehículo concreto, pudiéndose transferir a otro vehículo del mismo titular en caso de sustitución de éste, en los términos que se establezcan reglamentariamente o a través de la correspondiente Ordenanza Municipal.

2. Las licencias municipales para la prestación de servicios de transporte urbano en vehículos de turismo corresponderán a una categoría única, denominándose licencias de autotaxis.

3. Las licencias municipales de autotaxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la obtención de la licencia y la constatación periódica de dicha circunstancia.

4. Las licencias municipales de autotaxi sólo podrán transmitirse por actos inter vivos a quienes reúnan los requisitos reglamentariamente exigidos para su obtención. La adquisición de licencias por vía hereditaria no faculta por sí misma para la prestación del servicio sin la concurrencia de los demás requisitos exigidos reglamentariamente para el ejercicio de la actividad.

5. La transmisión de las licencias de autotaxi por actos inter vivos estará sujeta al derecho de tanteo a favor de las Administraciones que las otorgaron, en los términos que, reglamentariamente o a través de la correspondiente Ordenanza Municipal se determinen.

6. La transmisibilidad de las licencias de autotaxi quedará, en todo caso, condicionada al pago de los tributos y sanciones pecuniarias que recaigan sobre el titular transmitente por el ejercicio de la actividad.

1. Para la obtención de la licencia municipal de autotaxi será necesario obtener previamente, de la Consejería competente en materia de transporte, el informe favorable que permita la posterior autorización habilitante para la prestación de servicios de transporte interurbano de personas en vehículos de turismo, una vez que se hubiera constatado por ésta tal necesidad, teniendo en cuenta la oferta de estas autorizaciones así como la de otros medios de transporte público interurbano que tengan parada en ese municipio.

2. No obstante lo previsto en el epígrafe anterior, en los municipios o áreas que reúnan los requisitos que reglamentariamente se determinen, podrán otorgarse excepcionalmente licencias municipales de autotaxi sin el otorgamiento simultáneo de autorización de transporte interurbano, en el supuesto de que se justifique la necesidad y rentabilidad del servicio con carácter estrictamente municipal. En este caso, los vehículos deberán llevar en sitio bien visible el distintivo que se establezca reglamentariamente identificativo de la indicada limitación. Cuando se produzca dicho supuesto, no creará ningún derecho para el otorgamiento de la autorización de transporte interurbano y en todo caso no podrá otorgarse al titular de la licencia municipal ninguna autorización de transporte interurbano hasta que hayan transcurrido al menos 5 años desde el otorgamiento de aquélla.

3. La coordinación del otorgamiento de las licencias municipales de autotaxi con las autorizaciones de transporte interurbano en dichos vehículos se realizará de conformidad con las reglas previstas en las normas reguladoras de tales autorizaciones.

4. Con carácter excepcional, y previa consulta al sector de autotaxi, podrá otorgarse autorización administrativa para la prestación de servicios interurbanos sin disponer de licencia municipal de transporte urbano cuando se den las siguientes circunstancias de forma conjunta:

   1. Que habiéndose solicitado la correspondiente licencia municipal de transporte urbano, ésta haya sido denegada o no haya recaído resolución expresa en el plazo de tres meses desde que la solicitud tuvo entrada en el Ayuntamiento.

   2. Que se cuente con los datos y estudios precisos que acrediten que el número de vehículos domiciliados en el municipio de que se trate provistos de la preceptiva licencia municipal y autorización administrativa para la realización de transporte urbano e interurbano, respectivamente, sea insuficiente para satisfacer la demanda de transporte interurbano en dicho municipio.

5. En los supuestos en que sea obligatoria la titularidad simultánea de autorización de transporte interurbano y licencia municipal, la pérdida o retirada por cualquier causa legal de una de ellas dará lugar, asimismo, a la retirada de la otra. No se aplicará lo previsto en este párrafo cuando se pierda la autorización de transporte interurbano por falta de visado.

6. El régimen de otorgamiento, utilización, suspensión, modificación y extinción de las licencias de autotaxi se ajustarán a las normas establecidas, en su caso, en la correspondiente Ordenanza Municipal, así como a lo previsto en la legislación autonómica en la materia. En todo lo no previsto en su legislación específica se aplicará la normativa que regule los transportes discrecionales de personas viajeras.

7. La Consejería competente en materia de transportes establecerá, cuando lo considere necesario para el adecuado funcionamiento del sistema general de transportes, reglas que predeterminen el número máximo de licencias de autotaxi en cada Municipio o zona, en función de su volumen de población u otros criterios objetivos establecidos en el Plan Director de Transporte.

Los vehículos destinados a la prestación de servicios de autotaxi se ajustarán a las exigencias que en cada caso establezca la legislación sobre accesibilidad y eliminación de barreras, y reunirán las características técnicas, estéticas y de equipamiento que reglamentariamente, o a través de la correspondiente Ordenanza Municipal, se establezcan.

La conducción de vehículos autotaxi se ajustará a la normativa que reglamentariamente, o a través de Ordenanza Municipal, se establezca, en cuanto al número de personas conductoras y requisitos personales exigibles a las mismas.

1. La prestación de los servicios de transporte en autotaxi se regirá por las normas que reglamentariamente, o a través de la correspondiente Ordenanza Municipal, se establezcan.

2. Los órganos competentes para el otorgamiento de licencias y autorizaciones de autotaxi podrán establecer las normas que consideren necesarias en cuanto al régimen de paradas, descansos, servicios obligatorios y demás condiciones que garanticen la adecuada prestación del servicio y su integración en el sistema de transporte en coordinación con los demás modos que lo componen.

1. Los servicios de transporte en vehículos de turismo se autorizarán como máximo para nueve plazas, incluida la persona que conduce, y tendrán carácter discrecional, debiéndose realizar, con la salvedad prevista en el párrafo siguiente, mediante la contratación global por la persona transportista de la capacidad total del vehículo.

2. No obstante lo previsto en el epígrafe anterior, en zonas de baja densidad poblacional, difícil accesibilidad y débil tráfico que no se hallen debidamente atendidas por los servicios regulares de transporte de personas, los municipios, previo informe favorable de la Consejería competente en la materia, o esta última cuando se trate de servicios zonales o interurbanos, podrán autorizar la contratación por plaza con pago individual.

1. Como regla general los servicios de transporte interurbano en autotaxi deberán iniciarse en el término del municipio al que corresponda la licencia de transporte municipal, salvo en los supuestos en que la normativa estatal o autonómica determine que los vehículos que hubiesen sido previamente contratados puedan tomar el pasaje fuera del municipio en que se hallen residenciados.

2. A los efectos previstos en el epígrafe anterior, se entenderá que el inicio del transporte se produce en el lugar donde se recoja el pasaje.

3. Cuando la Consejería competente en materia de transporte haga uso de la delimitación prevista en el artículo 41.7 para una zona concreta, los servicios interurbanos podrán iniciarse en cualquiera de los núcleos de población comprendidos en dicha zona.

1. Cuando de la existencia de puntos específicos, tales como aeropuertos, estaciones ferroviarias o de autobuses, ferias, mercados u otros similares en los que se genere un tráfico importante que afecte a varios municipios, se deriven necesidades de transporte que no se encuentren suficientemente atendidas por las personas titulares de autorizaciones y licencias correspondientes al Municipio en que dichos puntos estén situados, o se den otras circunstancias de carácter económico o social que así lo aconsejen, la Consejería competente en materia de transportes podrá establecer un régimen específico que incluya la posibilidad de que vehículos con licencia o residenciados en otros municipios, realicen servicios con origen en los referidos puntos de generación de tráfico, previo informe de los municipios afectados.

2. La Consejería competente en materia de transportes podrá autorizar, previa audiencia de los municipios afectados, la recogida de personas viajeras por parte de los titulares de licencias de otros municipios, en aquéllos que no dispongan de licencias y en los que no se considere necesario su otorgamiento.

1. En las zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de transporte de varios municipios, de forma tal que la adecuada ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada uno de los mismos y allí donde las características de la demanda exijan un planteamiento supramunicipal del servicio, la Consejería competente en materia de transportes podrá establecer o autorizar Áreas Territoriales de Prestación Conjunta, en las que los vehículos debidamente autorizados estarán facultados para la prestación de cualquier servicio que se realice íntegramente dentro de dichas Áreas o se inicie en el interior de las mismas, incluso si excede o se inicia fuera del término del municipio en que esté residenciado el vehículo.

2. El establecimiento de Áreas Territoriales de Prestación Conjunta podrá realizarse por la Consejería competente en materia de transportes o por lo órganos supramunicipales creados conforme a los procedimientos previstos en la legislación vigente, siendo, en todo caso, necesario para su establecimiento la conformidad de ésta y el informe favorable de, al menos, las dos terceras partes de los municipios que se proponga incluir en las mismas, y que representen como mínimo el 75% del total de la población del Área.

3. Las autorizaciones habilitantes para realizar servicios en las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta serán otorgadas por la Consejería competente en materia de transportes o por los órganos supramunicipales indicados en el apartado 2.

4. En el procedimiento de adjudicación de dichas autorizaciones deberán observarse los requisitos específicos establecidos para el otorgamiento de licencias municipales, siendo de aplicación las normas relativas a éstas en los servicios que se presten íntegramente dentro de dichas Áreas.

5. Serán asimismo de aplicación las reglas establecidas en esta Ley en cuanto a la coordinación del otorgamiento de las autorizaciones del Área y las de carácter interurbano.

6. Corresponderá a los órganos rectores del Área Territorial de Prestación Conjunta, o caso de que no existan a la Consejería competente en materia de transportes, con sujeción a la normativa general, cuantas funciones de regulación y ordenación del servicio resulten necesarias. El ejercicio de dichas funciones podrá delegarse en alguno de los municipios integrados en el Área o en otra entidad pública preexistente o constituida a tal efecto, siempre que exista informe favorable de los municipios cuyo número y población sean, como mínimo, los necesarios para la creación del Área.

1. Corresponde a las Administraciones competentes, según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de esta Ley para los servicios regulados en ella, las funciones de vigilancia e inspección.

2. El personal encargado de las labores de inspección y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior tendrá, en el ejercicio de las actuaciones inspectoras, la consideración de agentes de la autoridad a todos los efectos y gozarán de plena independencia en el desarrollo de las mismas. El personal encargado de la inspección estará provisto de documento acreditativo de su condición, que le podrá ser requerido cuando ejercite sus funciones, teniendo obligación de exhibirlo.

3. Las personas titulares de las concesiones, autorizaciones y licencias facilitarán al personal de la inspección, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a vehículos e instalaciones y permitirán el examen de la documentación exigida con arreglo a esta Ley y las disposiciones que la desarrollen o la legislación general en materia de transportes. Por lo que se refiere a las personas usuarias, estarán obligadas a identificarse a requerimiento del personal de la inspección.

4. La inspección podrá requerir la presentación de los documentos a que se refiere el párrafo anterior en las propias dependencias de la Administración, únicamente en la medida en que esta exigencia resulte necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transportes.

5. Las actuaciones del personal encargado de la inspección se reflejarán en actas que recojan los antecedentes o circunstancias de los hechos que motiven la actuación inspectora, las disposiciones que, en su caso se consideren infringidas. Los hechos constatados en estas actas e informes tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

6. En casos de necesidad para un eficaz cumplimiento de su función, las personas encargadas de la inspección podrán solicitar el apoyo necesario de las unidades o destacamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales. Corresponde, en todo caso, a las Policías Locales colaborar en la vigilancia del régimen de paradas urbanas de líneas interurbanas formulando las oportunas denuncias.

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los transportes, corresponderá:

   1. En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades sujetas a concesión o autorización administrativa, a la persona física o jurídica titular de la concesión o de la autorización.

   2. En las infracciones cometidas con ocasión de transportes o actividades llevados a cabo sin la cobertura de preceptivo título administrativo habilitante, o cuya realización se encuentre exenta de la obtención de éste, a la persona física o jurídica propietaria o arrendataria del vehículo o titular de la actividad auxiliar o complementaria.

      A los efectos previstos en este apartado, se considera titular del transporte o actividad clandestina de que se trate a la persona física o jurídica que materialmente la lleve a cabo en nombre propio, la organice o asuma la correspondiente responsabilidad empresarial, así como a todas aquellas personas que, no siendo personal asalariado o dependiente, colabore en la realización de dicho transporte o actividad.

   3. En las infracciones cometidas por las personas usuarias y, en general, por terceros que, sin estar comprendidos en los anteriores apartados, realicen actividades que se vean afectadas por esta Ley, a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a las que las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad.

2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el apartado 1, independientemente de que las acciones u omisiones de las que dicha responsabilidad derive hayan sido realizadas materialmente por ellas o por el personal de su empresa, sin perjuicio de que puedan deducir las acciones que a su juicio resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones.

3. Tendrán la consideración de infracciones independientes aquellas que se cometan en relación con distintas expediciones de transporte, aun cuando los hechos infrinjan los mismos o semejantes preceptos.

4. No obstante, tratándose de expediciones de servicios de transporte regular, ya sea éste de uso general o especial, cuando los hechos constitutivos de la infracción guarden relación directa con la actividad administrativa que se desarrolla en las oficinas de la empresa o con el vehículo utilizado y resulte acreditado que no podían ser corregidos hasta el regreso de aquél a la sede empresarial de la que inicialmente partió, tales hechos se considerarán constitutivos de una sola infracción, aun cuando hubieran continuado teniendo lugar durante las distintas expediciones parciales realizadas entre tanto.

1. El procedimiento para sancionar las infracciones tipificadas en la presente Ley se ajustará a lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y disposiciones de desarrollo, teniendo en cuenta, en su caso, las especificaciones previstas en las correspondientes Ordenanzas Municipales.

2. El procedimiento sancionador en materia de transportes se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

3. El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado desde la notificación o publicación del Acuerdo de iniciación del procedimiento.

Los órganos competentes para el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones o licencias de transporte de personas viajeras ejercerán la potestad sancionadora en relación con los servicios de su competencia.

1. Las infracciones tipificadas en esta Ley prescribirán en el plazo de 1 año.

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años, y las impuestas por infracciones leves al año.

3. En relación con el cómputo del plazo de prescripción tanto de las infracciones como de las sanciones impuestas, así como en relación con la interrupción y reanudación del plazo, se estará a lo preceptuado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

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