Ley de ""Reversión de Bienes y Derechos Incautados"" del País Vasco (Ley 2/1984, de 30 de Octubre)
| Publicado en | BOPV |
| Ámbito Territorial | Normativa del Pais Vasco |
| Rango | Ley |
Se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 2/1984. de 80 de Octubre, de "Reversión de Bienes y Derechos Incautados".
Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos de Euskadi, particulares y autoridades que la guarden y hagan guardarla.
Vitoria-Gasteiz, a treinta de Octubre de mil novecientos Ochenta y cuatro.
El Presidente, CARLOS GARAIKOETXEA URRIZA.
Varias han sido las disposiciones dictadas a lo largo de estos últimos años para corregir en lo posible las consecuencias de toda índole surgida de la Guerra Civil; faltaba, sin embargo, una legislación que se enfrentase abiertamente con el problema surgido a raíz de las incautaciones llevadas a cabo en bienes y derechos de personas físicas o jurídicas que se vieron desposeídas de loa mismos como consecuencia de sus opciones político-sociales al amparo de una normativa de excepción que, surgida en los primeros días de la Guerra, ha prolongado sus efectos mucho después de su formal derogación, perpetuando así una situación que nos aparece hoy como injusta y contraria a los más elementales principios de una sociedad democrática.
No han faltado, ciertamente, propuestas en este sentido, y realizaciones parciales que han llevado en algunos casos a la devolución a sus antiguos titulares de bienes o derechos incautados, bajo distintas formas.
No obstante hasta el momento se carecían de unos preceptos que de modo ordenado y coherente se plantearan la totalidad de esta problemática desde el ángulo de una Administración Pública.
A llenar ese vacío legal viene la Ley cuyos motivos se exponen Limitada en cuanto a los bienes a que se aplica reducidos únicamente a aquéllos transferidos a la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin embargo, su virtualidad abarca, dentro de ese infranqueable círculo, a cualesquiera bienes o derechos cuya desposesión haya tenido lugar por motivos fundamentalmente políticos o sociales, cualquiera que sea el mecanismo jurídico a través del cual se instrumentara en su momento, o la ideología de sus titulares.
El concepto central de esta Ley es la reversión a sus antiguos titulares de esos bienes o derechos: reversión sin contraprestación, como lo fue la disposesión que sufrieron.
Unicamente en los supuestos de alteraciones físicas en los bienes, se contempla la posibilidad de la reversión parcial, o de las distintas opciones compensadoras, que pretenden acomodar la reversión a los límites de lo efectivamente detentado por los titulares de los bienes.
El derecho genérico a la reversión se concreta en cada caso por medio de Decreto del Gobierno, previo el oportuno expediente en orden a conocer la concurrencia real de las circunstancias que, de acuerdo con lo prevenido en la Ley, general el derecho a la revisión.
Se establecen, igualmente, los principios a que debe acomodarse la reversión parcial, o las opciones compensadoras, en su caso.
Desde el punto de vista de su estructura, la Ley se divide en cuatro Capítulos, con un total de once artículos, dos Disposiciones Adicionales, y una Disposición Final.
El primer Capítulo establece el ámbito objetivo a que alcanza la Ley; el segundo, sienta las líneas maestras del procedimiento a que se debe ajustar la eventual reversión; en el Capítulo tercero se establece el tema de las responsabilidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las reglas que deben seguirse para la aplicación de aplazamiento de la reversión y el fraccionamiento del pago y los recursos que corresponden, en el Capítulo cuarto se establece la composición de la Comisión Instructora.
La Disposición Adicional Primera establece el plazo para la petición de reversión en los supuestos de transferencias posteriores a la entrada en vigor de esta Ley, y la Segunda introduce una fórmula de control parlamentario.
La regulación termina con una Disposición Final, dedicada, a establecer la competencia del Consejero del Departamento de Economía y Hacienda para proponer las normas precisas en orden al desarrollo y ejecución de la Ley.
1 La presente Ley regula, en las condiciones en ellas establecidas, la reversión gratuita a sus antiguos titulares o sus causahabientes de los bienes y derechos patrimoniales de que hubiesen sido desposeídos a consecuencia de su ideología política o social después del 18 de julio de 1986 y al amparo de la legislación o normativa de excepción que surgió tras la guerra civil, por:
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La aplicación de normas generales emanadas de Autoridades o Gobiernos establecidos en el territorio español, tanto en la Región Autónoma del País Vasco como en cualquier otro punto de aquél.
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Actuaciones concretas de Autoridades judiciales o administrativas, funcionarios o fuerzas militares o paramilitares de todo tipo al servicio de las Autoridades o Gobiernos mencionados en la letra anterior.
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No será obstáculo para la reversión el que la privación de los bienes o derechos hubiere sido consecuencia de la aplicación de cualquier legislación sustantiva o procesal, si de las actuaciones seguidas con arreglo a lo prevenido en esta Ley aparece que la desposesión tuvo motivaciones político sociales, o que sus titulares estuvieron impedidos para actuar en defensa de sus intereses por esos mismos motivos.
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Se presumirá, salvo prueba en contrario, la concurrencia de motivación política o social en la desposesión de bienes o derechos pertenecientes a personas físicas o jurídicas en quienes concurran alguna de estas circunstancias.
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Estar incluidas nominativamente en las relaciones de asociaciones, grupos, partidos políticos y personas declaradas fuera de la Ley o sujetas a responsabilidades políticas en el periodo a que se refiere el apartado 1 del artículo primero de esta Ley.
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Haber sido objeto de expediente administrativo o judicial, terminado por resolución firme en su contra, y con motivo del cual se hubiera procedido a la incautación, retención o embargo de sus bienes o derechos, en ejecución de las normas sobre responsabilidades políticas.
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La presente Ley no será de aplicación:
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A toda clase de supuestos de pérdida de derechos personales, entendiéndose comprendidos en este término los políticos, sindicales, electorales, profesionales, laborales, funcionariales y retributivos de toda índole, incluso los regidos por la normativa de Clases Pasivas o de Seguridad Social.
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A bienes o derechos por los que sus titulares hubieran recibido indemnización compensatoria de su valor.
Para la reversión total o parcial o, en su caso, la compensación sustitutoria de los bienes y derechos a que se refiere esta Ley, será requisito imprescindible el que los referidos bienes y derechos hayan sido transferidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco, con título que permita su cesión a terceras personas, al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y normas que lo aplican y desarrollan.
La reversión de bienes y derechos en los términos previstos en la presente Ley, habrá de ser acordada por Decreto del Gobierno Vasco culminando el procedimiento que se establece en artículos posteriores.
El derecho a la reversión reconocido en esta Ley, deberá ejercitarse dentro del plazo de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Reglamento que se dicte para el cumplimiento de esta Ley.
El titular de los bienes o derechos cuya reversión se pretende, o sus causahabientes, presentará en el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco solicitud escrita de reversión del bien o derecho en concreto con descripción detallada del mismo.
A la solicitud deberán acompañarse los documentos que reglamentariamente se determinen, en orden a acreditar la personalidad y representación, en su caso, del peticionario, la existencia de los bienes o derechos cuya reversión se solicita su titularidad y la desposesión de los mismos por causas político-sociales.
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Las peticiones de los interesados, junto con la documentación por ellos acompañada, serán examinadas por una Comisión Instructora, compuesta del modo establecido en el artículo once de esta Ley, que instruirá un expediente contradictorio con audiencia de todas las partes interesadas.
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Al peticionario le corresponderá probar la realidad del expediente de responsabilidades políticas contra él seguido. y su resolución, con independencia de las facultades reconocidas a la Administración en orden a la documentación del expediente.
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La Comisión podrá denegar la admisión a trámite de la petición, cuando se dedujera claramente que ésta se refiere a bienes o derechos no transferidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos previstos en el artículo segundo de esta Ley, o la solicitud hubiera sido presentada fuera del plazo establecido en el artículo tercero de la misma.
En cualquier otro supuesto, la Comisión acordará la instrucción de expediente de reversión.
Podrá igualmente la Comisión suspender las deliberaciones de la misma en los supuestos de haberse suscitado contienda entre los particulares sobre cuestiones de derechos privado que condicionen la resolución del expediente, hasta que recaiga pronunciamiento firme de la Autoridad o Jurisdicción llamada a decidir sobre el litigio.
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Finalizada la tramitación del expediente, la Comisión I Instructora elevará al Consejero del Departamento de Economía y Hacienda la propuesta que proceda en orden a:
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La desestimación de la petición, si de lo actuado en el expediente no resultasen acreditadas todas las circunstancias o requisitos exigidos por esta Ley para que haya lugar a la reversión.
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La estimación de la reversión total o parcial o de la compensación sustitutoria en su caso.
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Si con posterioridad a la desposesión los bienes hubieren sufrido alteración en sus condiciones físicas que no pudiera ser calificada de simple mejora, la Comisión Instructora, de acuerdo con el peticionario, podrá proponer la aprobación de un convenio fundamentado en alguna de las siguientes formulas:
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La reversión de la parte que fue objeto de desposesion.
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La reversión total del bien o derecho, con la correlativa obligación por parte del beneficiario de la misma de compensar a la Administración en el valor que se atribuya a la parte del bien o derecho cuya reversión no procedía.
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La retención por la Administración del bien o derecho con la consiguiente obligación de pago al beneficiario de la reversión de la compensación correspondiente al valor de la parte del bien o derecho cuya reversión se estimaba procedente.
Los convenios a que se refiere este apartado quedarán condicionados a su aprobación por el Gobierno, mediante el procedimiento que se establece en el artículo séptimo.
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En el supuesto de que no se alcanzara el convenio entre la Comisión Instructora y el peticionario, o aquél no fuera aprobado, el Gobierno decidirá unilateralmente la fórmula que proceda entre las previstas en el apartado anterior.
Excepcionalmente, en los supuestos en los que la alteración suponga un incremento superior al veinticinco por ciento del valor del bien o derecho en cuestión, el peticionario podrá optar entre el pago de la compensación derivada del aumento de valor o la percepción de la correspondiente a la parte que fue objeto de desposesión.
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En los casos en que la alteración física del bien hubiere consistido en la incorporación de mejoras y se diere la reversión total o parcial del mismo, el beneficiario de la reversión vendrá obligado a indemnizar a la Administración con el valor que supongan las incorporaciones al bien que recibiera salvo que las mejoras supongan un incremento superior al 25% del bien o derecho objeto de reversión, en cuyo caso será de aplicación el derecho de opción previsto en el apartado 2 de este artículo.
4 La fijación por la Comisión de las compensaciones a que se refiere el articulo anterior se efectuará de forma con trayectoria aplicando los principios contenidos en la legislación sobre expropiación forzosa.
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El Consejero de Economía y Hacienda a la vista del informe recibido de la Comisión Instructora, propondrá motivadamente al Gobierno la resolución procedente.
El Gobierno decidirá la resolución definitiva del expediente previo informe de la Comisión Económica relativo a la viabilidad de la reversión y a su posible aplazamiento o fraccionamiento conforme al artículo noveno de la presente Ley.
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La reversión total o parcial del bien o derecho, o la compensación sustitutiva, será acordada por Decreto.
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La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Entes Institucionales no responderán por los eventuales daños y pérdidas o menoscabos en los bienes o derechos, producidos, o que tengan su origen, en el período transcurrido entre el momento de la desposesión y la integración de aquellos en el Patrimonio de Euskadi.
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En ningún caso procederá pago alguno en concepto de indemnización, canon o renta, por el uso y disfrute de tales bienes o derechos.
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El pago de cuantos gastos origine la reversión así como de los impuestos que la graven, correrá por cuenta y cargo de quienes la instaren.
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El Gobierno Vasco, en el Decreto que resuelva el expediente, o en un plazo no superior a tres meses desde que fuera firme la declaración gubernativa o judicial de la reversión, podrá aplazar su efectividad por un período máximo de dos años, previo informe de la Comisión Económica, si el uso de los bienes y derechos afectados por la reversión fuera necesario para la prestación de un servicio público.
En este supuesto, la Administración habrá de abonar al beneficiario de la reversión la suma que se fije de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4.
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Podrá también el Gobierno, previo informe de la Comisión Económica, de oficio, en el supuesto recogido bajo la letra a) siguiente, y a petición de parte. en el contemplado en la letra b) siguiente:
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Acordar que el pago por la Administración de la compensación a su cargo, según lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo sexto de esta Ley, se realice en forma aplazada.
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Conceder al beneficiario de la reversión, previa garantía por su parte, el fraccionamiento del pago de la compensación a que viniera obligado, de acuerdo con lo prevenido en la letra b) del apartado 1 y en el apartado 3 del mismo artículo sexto de esta Ley.
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El Gobierno podrá determinar el período máximo de aplazamiento a que se refiere el apartado anterior, sin que en ningún caso pueda ser superior a cinco años.
Las sumas aplazadas devengarán el mismo interés que corresponda a las cantidades adeudadas a la Comunidad Autónoma de Euskadi, en virtud de derechos de naturaleza pública, por quienes no tuvieran la cualidad de Entes Públicos.
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El acuerdo de la Comisión Instructora denegando la admisión a trámite podrá ser recurrido en alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda.
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Los acuerdos del Gobierno a que se refiere la presente Ley podrán ser impugnados directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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La Comisión Instructora a que se refiere esta Ley estará compuesta del modo siguiente:
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Presidente, el Director de Patrimonio y Contratación del Departamento de Economía y Hacienda.
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Un Vocal, Asesor Jurídico, Letrado de la Dirección de Patrimonio y Contratación.
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Un Vocal, representante del Departamento de Presidencia y Justicia.
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Un Vocal, representante de la Dirección de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda.
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Dos Vocales, representantes del Departamento o Ente Institucional al cual se encuentre adscrito el bien o derecho cuya reversión se solicita.
Si la solicitud afectare, a juicio del Presidente de la Comisión, a más de un Organo de la Administración, podrá disponer que participe en las reuniones de la Comisión un Vocal por cada uno de ellos.
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Un Secretario, Técnico-Letrado de la Dirección de Patrimonio y Contratación, que tendrá voz, pero no voto.
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En caso de ausencia o imposibilidad por cualquier causa del Presidente, le sustituirá en sus funciones el Vocal Letrado.
El plazo de dos años, a que se refiere el apartado 1 del artículo tercero se contará, respecto a bienes y derechos transferidos a la Comunidad Autónoma de Euskadi con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Decreto aprobatorio de su transferencia.
El Gobierno deberá informar semestralmente al Parlamento Vasco de los expedientes de reversión de bienes y derechos que se hayan tramitado ante la Comisión Instructora, con detalle de las circunstancias (desestimación, concesión parcial o total, alteración de los bienes, aplazamiento de la reversión fraccionamiento del pago, etc.) y, en concreto, la decisión final motivada.
Por Decreto del Gobierno, a propuesta del Consejero del Departamento de Economía y Hacienda, se establecerán en el plazo máximo de tres meses las disposiciones precisas para la ejecución y desarrollo de la presente Ley.
