Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía (Decreto 168/2003, de 17 de junio)

Publicado en:BOJA
Ámbito Territorial:Normativa de Andalucía
Rango:Decreto
 
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Como desarrollo de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se aprobó mediante Decreto 32/1993, de 16 de marzo, el Reglamento de Actividades Arqueológicas que recogía y sistematizaba la experiencia de la Comunidad Autónoma en esta materia hasta ese momento.

Pero desde entonces hasta ahora la dinámica de la gestión del patrimonio arqueológico ha venido cambiando de forma sustancial, como consecuencia del fuerte incremento de las excavaciones denominadas preventivas, esto es, aquellas realizadas con carácter previo a la ejecución de proyectos de obras, en cumplimiento de las estipulaciones previstas en el planeamiento urbanístico, instrucciones particulares de Zonas Arqueológicas o evaluaciones de impacto ambiental, recogidas en el artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Tal cambio requiere más que un Reglamento absolutamente nuevo, una reelaboración del aprobado en 1993, manteniendo aquellos aspectos que han demostrado vigencia en las circunstancias actuales.

El nuevo Reglamento regula en su Título I aquellas condiciones que están presentes en todas las autorizaciones de actividades arqueológicas, con el objetivo de que la investigación revierta en un aumento y cualificación del conocimiento histórico de nuestro pasado y presente. Seguidamente se desarrolla la tipología de las actividades arqueológicas, definiendo las modalidades que usualmente se emplean en la normativa urbanística y en los expedientes de protección del patrimonio, con objeto de unificar terminología y criterios.

El Título II, como mejor fórmula para materializar esa vocación de investigación y conocimiento de toda actividad arqueológica, está destinado a los Proyectos Generales de Investigación, que ya se encontraban recogidos en el Reglamento de 1993 como el marco conceptual y metodológico de las actividades arqueológicas, si bien añadiendo expresamente, al procedimiento existente de autorizar los propuestos por equipos de investigación, el de promover de oficio aquellos Proyectos que la Consejería de Cultura entienda que son preferentes tanto para una mejor cohesión científica de las actividades arqueológicas preventivas, especialmente abundantes, por ejemplo, en las ciudades, como para el conocimiento en general de nuestro pasado o la valorización del mismo.

El Título III se dedica a los procedimientos administrativos de autorización de actividades, adecuándolos a la normativa vigente en esta materia; a las especificaciones que habrán de tenerse en cuenta durante el desarrollo de la actividad y a los informes, memorias y actas de depósito de materiales a entregar una vez finalizada la actividad arqueológica autorizada. Entre las novedades referidas al desarrollo de la actividad arqueológica, es destacable la regulación minuciosa de las inspecciones. Igualmente, también se han detallado los contenidos de las memorias preliminares, memorias anuales y memoria final a entregar, una vez concluida la actividad, por ser las piezas clave en el proceso de tutela y control de las actividades arqueológicas. En este mismo sentido, también se han adecuado los depósitos de los bienes recuperados en las actividades arqueológicas, fundamentalmente excavaciones, admitiendo la posibilidad de expurgo por parte de los equipos investigadores, sometido a previa autorización del órgano competente.

Finalmente, en aplicación de lo previsto en el artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con la finalidad de contribuir a una más correcta identificación de las conductas infractoras, se ha introducido un Título IV relativo al régimen sancionador, en el que se gradúan las posibles infracciones dentro del ámbito limitativo de la Ley 1/1991, citada.

Por todo ello, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de junio de 2003,

DISPONGO.

ARTÍCULO ÚNICO Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, en desarrollo de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, cuyo texto figura en el Anexo al presente Decreto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Ampliación de requisitos de las solicitudes

Mediante Orden del titular de la Consejería de Cultura se podrán añadir nuevos requisitos relativos a la documentación o contenido de las solicitudes a que se refieren los artículos 17 y 20 del Reglamento que a continuación se inserta.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Presentación en soporte informático

Mediante Orden del titular de la Consejería de Cultura podrán determinarse los requisitos para la presentación en soporte informático de la documentación relativa a los procedimientos contemplados en el Reglamento que a continuación se inserta.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Actividad arqueológica previa a las actividades contempladas en el artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre.

A la actividad arqueológica prevista en el artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, no le serán de aplicación los procedimientos de autorización contemplados en el Reglamento que se aprueba mediante el presente Decreto, y se sujetará a los siguientes trámites:

  1. La solicitud de autorización irá dirigida a la Delegación Provincial competente en materia de patrimonio histórico correspondiente al territorio donde vaya a llevarse a cabo la actividad y podrá presentarse preferentemente en esa Delegación Provincial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

    En caso de que afecte a más de una provincia la solicitud deberá ir dirigida a la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico y podrá presentarse preferentemente en esa Dirección General, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta Dirección General remitirá en el plazo de diez días copia de la solicitud a cada una de las Delegaciones Provinciales afectadas, que elevarán informe a la Dirección General en el plazo de veinte días.

    La solicitud deberá ser presentada por alguna de las personas o entidades a que se refiere el artículo 6 del Reglamento aprobado por el presente Decreto, y contendrá una descripción del proyecto que genera la actividad y la delimitación del área afectada, con una representación cartográfica adecuada. Asimismo, cuando sea precisa la ocupación de los terrenos para la realización de la actividad arqueológica a que se refiere el apartado c), se acompañará del documento legal que autorice para ello, con los requisitos y formalidades previstos en el artículo 7.4 del Reglamento aprobado por el presente Decreto.

  2. El procedimiento se resolverá con la notificación de la resolución o, a la vista del contenido de la solicitud, mediante la expedición de una certificación acreditativa de la innecesariedad de la actividad. En el caso de que la solicitud afecte a una sola provincia, la Delegación Provincial competente en materia de patrimonio histórico resolverá en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro. Cuando la solicitud afecte a más de una provincia, la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico resolverá en el plazo de dos meses, a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado la resolución, se entenderá que la solicitud ha sido estimada por silencio administrativo.

  3. En caso de ser necesaria, la actividad arqueológica consistirá en un estudio y documentación gráfica que identifique los yacimientos arqueológicos y demás elementos del patrimonio arqueológico que pudieran ser afectados por la actividad sometida a alguno de los instrumentos de prevención y control ambiental.

  4. Dicha actividad, cuya autorización tendrá un plazo de vigencia de doce meses, concluirá con un informe de resultados, en el que se evaluarán la afección y los efectos previsibles directos o indirectos sobre el patrimonio arqueológico, que se remitirá como máximo en el plazo de quince días, a contar desde la finalización del plazo de vigencia de la autorización, al órgano de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico que concedió la autorización, y que se incorporará, una vez que cuente con el informe favorable del citado órgano, al estudio o documentación de análisis ambiental a que se refiere el artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

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