Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia de Cantabria (Ley 7/1999, de 28 de abril)

Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales en los que España sea parte y los demás garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, sexo, raza, enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

Los padres o tutores tienen la obligación de ejercer responsablemente sus funciones inherentes a la patria potestad o tutela, sin perjuicio de la actuación subsidiaria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en los términos legalmente establecidos.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria velará por el respeto pleno de los derechos de la infancia y adolescencia reconocidos por la legislación vigente.

2. El Letrado Defensor del Menor llevará a cabo en nombre de la entidad pública cuantas actuaciones resulten necesarias para la adecuada defensa de los derechos de los niños y adolescentes. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a su nombramiento previa consulta al Consejo Regional de Acción Social.

3. La Ley del Parlamento de Cantabria que regule la figura del Defensor del Pueblo Cántabro establecerá un Adjunto para la defensa de los derechos referidos a la infancia y la adolescencia.

1. Se garantiza el pleno respeto al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los menores, y especialmente de aquellos sobre los que se ejercite o vaya a ejercitarse alguna actuación protectora, evitando todo tipo de intromisión ilegítima que los afecte.

2. Se considera intromisión ilegítima, cualquier utilización de la imagen o nombre de los menores en cualquier medio que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, incluso constando el consentimiento del menor o de sus representantes legales.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria dará inmediata cuenta al Ministerio Fiscal de cuantas actuaciones lesionen el honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen y adoptará las medidas necesarias ante los hechos.

1. Los menores tienen derecho a ser informados de su situación personal, de las medidas a adoptar, su duración y carácter, así como de cuantos derechos les asistan conforme a la legislación vigente.

2. Los padres o tutores y la Administración del Gobierno de Cantabria velarán porque la información que reciban los menores sea plural, veraz, respetuosa y adecuada a su desarrollo.

Se garantiza la libertad ideológica, de conciencia y religión a los menores.

Los menores tienen derecho a participar plenamente en su entorno, a asociarse y reunirse en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico.

Los menores tienen derecho a la libertad de expresión en los términos constitucionalmente previstos, teniendo su límite en la protección de la intimidad y la imagen del propio menor recogida en el artículo 10 de esta Ley.

1. Los menores tienen derecho a ser oídos en todos los ámbitos de convivencia, así como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en los que estén directamente implicados.

2. Las comparecencias se realizarán de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, debiendo preservarse siempre su derecho a la intimidad.

3. Se garantizará que ejercite su derecho por sí mismo, o a través de la persona que designe para su representación, o en todo caso de oficio. Se les otorgará audiencia siempre que lo soliciten.

Los menores tienen, desde su nacimiento, derecho a la educación, que recibirán en el seno de su familia y en los centros a que pudieran asistir, que deberán estar equipados para educarlos y asistirlos.

1. Los menores tienen derecho al descanso, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad como parte de la actividad cotidiana y también a participar libremente en la vida cultural y artística de su entorno social.

2. El juego debe entenderse como un elemento esencial del crecimiento y la maduración de los niños y niñas. Los juegos y juguetes deben adaptarse a sus necesidades y ayudar al desarrollo psicomotor de cada etapa evolutiva.

3. Los menores tienen derecho a practicar deporte y a participar en actividades físicas y recreativas en un ambiente de seguridad. Su participación en el deporte de competición debe ser voluntaria y los métodos y planes de entrenamiento deben respetar la condición física y las necesidades educativas de los menores.

4. Las Administraciones Públicas de Cantabria deben fomentar la actividad física y deportiva como hábito de vida saludable, así como la coeducación y la integración de los menores.

1. Todo menor tendrá derecho a desarrollarse en un medio ambiente no contaminado y a beneficiarse de un alojamiento salubre y de una alimentación sana.

2. Las Administraciones públicas fomentarán la toma en consideración de las necesidades de los menores en la concepción del espacio urbano, la disposición de ámbitos diferenciados en los espacios públicos para su uso, el acceso seguro a los centros escolares y demás centros que frecuentan, así como la eliminación de todo tipo de barreras, físicas o culturales, que limiten las posibilidades de participación de cualquier grupo.

1. Los menores tienen derecho a ser protegidos contra el desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación y desarrollo, incluida la mendicidad, así como contra el desarrollo de toda actividad laboral sin haber cumplido la edad legalmente establecida.

2. Los menores tienen derecho a ser protegidos contra la explotación y abusos sexuales, incluida la prostitución y su utilización en prácticas pornográficas.

Los menores tienen derecho a la protección integral de la salud, así como a recibir atención médica adecuada.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, actuando en el ámbito de sus competencias, o dando traslado en otro caso al órgano competente.

2. De la misma forma, pondrá en conocimiento de los representantes legales del menor y del Ministerio Fiscal los hechos causantes de la citada atención inmediata.

En materia de protección de la infancia y adolescencia tiene carácter prioritario la prevención de posibles situaciones de desprotección y carencias que menoscaben su adecuado desarrollo integral a través de los diferentes programas y recursos que se arbitren, con la dotación presupuestaria necesaria.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la Ley de Acción Social y de la normativa que la regula, elaborará programas de sensibilización y prevención en materia de protección de la infancia y adolescencia, coordinándose con las demás Administraciones que participen de la misma materia, y en particular con los Servicios Sociales Comunitarios (UBAS), los centros comarcales de servicios Sociales, instituciones educativas y sanitarias, ocupándose de crear los dispositivos y recursos necesarios para su ejecución.

2. Los Ayuntamientos colaborarán a través de los servicios sociales comunitarios en la ejecución y evaluación de los programas y actividades de prevención, que se coordinen a través de los centros comarcales de servicios sociales, desarrollando, entre otras, las siguientes funciones:

1. Informar sobre las cuestiones relativas a protección de la infancia y adolescencia y recursos existentes.

2. Promover y colaborar en programas de sensibilización sobre problemas que afecten a la infancia y adolescencia.

3. Crear programas orientados a la detección de situaciones de riesgo.

4. Colaborar en la elaboración, ejecución y evaluación de cuantos programas de prevención ejecute la Administración del Gobierno de Cantabria.

5. Cualesquiera otras que resulten necesarias y que se encuentren recogidas en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley de Acción Social de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Podrán colaborar en el desarrollo de las actuaciones preventivas, las instituciones colaboradoras a que se refiere el capítulo VI de la presente Ley, así como asociaciones o fundaciones sin animo de lucro, en los términos que reglamentariamente se determinen.

1. Se considera situación de riesgo aquella que perjudica el desarrollo personal o social de la infancia y adolescencia, aunque no requiera la asunción de tutela por ministerio de la ley.

2. La actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria se orientará a eliminar los factores de riesgo y dificultad social incidentes en la situación en que se encuentra la infancia y adolescencia, para ello tomará cuantas medidas sean pertinentes para reducirla o anularla.

Cuando se considere que un menor se encuentra en situación de riesgo la Consejería competente por razón de la materia adoptará las siguientes medidas:

1. Apoyo familiar, dirigido a satisfacer las necesidades básicas del menor, de las cuales carece, mejorando su medio familiar y manteniéndolo en el mismo.

2. Prestaciones económicas o en especie, en aquellas situaciones de insuficiencia de recursos del medio familiar.

3. Ayuda a domicilio, a través de los servicios o prestaciones materiales, formativos o psicosociales.

4. Intervención técnica dirigida a restablecer y facilitar el adecuado ejercicio de las funciones parentales, promoviendo el desarrollo y bienestar de los menores y la mejora de las relaciones socio-familiares.

1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria el establecimiento y ejercicio de cuantas actuaciones específicas resulten pertinentes para solventar y remediar las situaciones de riesgo que se planteen.

2. A los Ayuntamientos, en los términos señalados en la legislación básica de régimen local, les corresponde el desarrollo de los recursos de apoyo familiar en su ámbito territorial. A este fin, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria habilitará, a través de los centros comarcales de servicios sociales, los medios económicos, técnicos y humanos necesarios para coordinar y apoyar a los servicios sociales municipales en el cumplimiento de sus funciones.

La Comunidad Autónoma de Cantabria establecerá los cauces necesarios para llevar a cabo un permanente y correcto seguimiento de las medidas adoptadas con respecto a la infancia y adolescencia, coordinándose con las entidades e instituciones colaboradoras que les atienden.

1. Se considera situación de desamparo, a los efectos de la presente Ley, la producida de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 del Código Civil.

2. Se considera que existen factores de desamparo cuando en relación a un menor concurra o se presente alguno de los supuestos siguientes:

1. Abandono por parte de las personas a quienes corresponde por ley ejercer las funciones de guarda.

2. Negligencia en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, higiénicas, de salud o educativas.

3. Enfermedad mental de los padres, tutores o guardadores que repercute negativamente sobre el menor.

4. Drogodependencia de los padres, tutores o guardadores que afecte al menor de manera negativa.

5. Suministro de sustancias psicotrópicas o tóxicas.

6. Maltrato físico o psíquico, abuso sexual, explotación u otros maltratos de análoga naturaleza.

7. Incumplimiento de los deberes de protección o carencia de vínculos afectivos por parte de los padres, tutores o guardadores.

8. Inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución.

9. Desatención o imprudencia, atentando contra la integridad física o psíquica del menor.

10. Desescolarización reiterada o continuada.

11. Cualquier otro factor que dificulte el desarrollo integral del menor.

1. Cualquier persona o entidad pública o privada deberá poner en conocimiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria la posible existencia de alguna de las situaciones contempladas en el artículo anterior, sin perjuicio de denunciar los hechos ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de delito, debiendo paliar dicha situación de forma inmediata cuando exista peligro inminente para la integridad física del niño o adolescente.

2. En especial, deberán actuar de la forma antes mencionada, quienes por razón de su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor.

1. Corresponde a la Dirección General competente dependiente de la Consejería competente por razón de la materia, declarar la situación de desamparo de un menor, mediante resolución motivada, previa la instrucción de expediente en el que constarán los informes sociales, médicos, psicológicos, pedagógicos, policiales y de toda índole necesarios para valorar los hechos concurrentes.

2. En aquellos supuestos de urgencia debidamente justificada, que requieran la actuación inmediata de la Administración, se completará posteriormente la instrucción del expediente, conforme al procedimiento ordinario establecido.

3. En el procedimiento de declaración de desamparo podrá citarse a los padres o tutores de los menores para su comparecencia personal obligatoria en las dependencias de la Administración para la práctica de trámites de audiencia o de notificaciones.

1. La resolución por la que se declara la situación de desamparo se notificará en forma legal a los padres, tutores o guardadores del menor en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que fuere posible dicha notificación se practicará de forma presencial, y de modo claro y comprensible de las causas y motivos que dieron lugar a la intervención de la Administración.

2. De igual forma se dará cuenta de todo lo actuado al Ministerio Fiscal.

Contra las resoluciones que aprecien situación de desamparo y declaren la asunción de tutela por ministerio de la ley se podrá recurrir directamente ante la jurisdicción civil, sin necesidad de reclamación administrativa previa.

1. La declaración de desamparo de un menor regulada conforme a los artículos anteriores, conlleva por ministerio de la ley la asunción de la tutela establecida en el apartado 1 del artículo 172 del Código Civil por la Administración del Gobierno de Cantabria.

2. La asunción de la tutela 'ex-lege', tendrá los efectos que las leyes civiles determinen, implicando en todo caso la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.

Asumida la tutela de un menor por ministerio de la ley, la Dirección General competente efectuará inventario de los bienes y derechos conocidos del mismo, y adoptará las disposiciones necesarias para su conservación y administración. La adopción de tales medidas se notificará al Ministerio Fiscal, a los padres, tutores o guardadores del menor.

1. Los menores desamparados cuya tutela haya asumido la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria recibirán de inmediato una primera atención para su observación y diagnóstico, en aquellos centros o unidades de primera acogida dispuestos al efecto.

2. La estancia en los mismos no podrá superar los cuarenta y cinco días, analizándose durante la misma, la problemática, circunstancias y entorno socio-familiar del menor a fin de determinar la medida de protección mas adecuada.

3. En todo caso, el menor será objeto de atención inmediata mediante los necesarios y pertinentes reconocimientos médicos y psicológicos, procurándole cobertura sanitaria, escolarización y documentación acreditativa de su personalidad.

1. En tanto se mantenga la situación de tutela de un menor, y para asegurar la cobertura de sus necesidades psíquicas, físicas y materiales, se acordará su atención de alguna de las formas siguientes:

   1. Permanecer bajo la guarda de algún miembro de su propia familia, como medida para favorecer su reinserción socio-familiar, por lo que complementariamente podrá acordarse:

      1. Ayudas sociales al menor o su familia.

      2. Apoyo y seguimiento técnico profesional de la familia por los servicios competentes.

      3. Apoyo económico.

   2. Atención en centro terapéutico.

   3. Atención en centro residencial.

   4. Promoción del nombramiento judicial de tutor.

   5. Constitución del acogimiento familiar del menor en la modalidad que proceda.

   6. Propuesta de adopción del menor.

   7. Cualquier otra medida aconsejable de carácter asistencial, educativa o terapéutica, en atención a las circunstancias del niño, niña o adolescente.

2. Siempre que sea posible se procurará aplicar medidas que no comporten la separación de los menores de su hogar y de su entorno familiar. Si fuera necesaria la separación transitoria, ésta no impedirá los derechos de visita y comunicación con la familia natural, si conviene al interés del menor.

Las medidas de atención de los menores tutelados podrán ser revisadas y modificadas en cualquier momento en función de su evolución y al menor con periodicidad anual.

Cuando existan personas que por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela ordinaria sobre éste, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria promoverá ante la autoridad judicial el pertinente expediente conforme a las reglas contenidas en los artículos 234 y siguientes del Código Civil y procurarle una formación y atención integrales.

La guarda de un menor supone para quien la ejerce la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo educarlo y procurarlo una formación y atención integral.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria asumirá la guarda de un menor como medida de protección, en los siguientes supuestos:

1. Cuando asuma la tutela por ministerio de la ley.

2. Cuando los titulares de la patria potestad, tutores o guardadores, así lo soliciten a la entidad pública justificando no poder atenderlo por circunstancias graves.

3. Cuando así lo acuerde el Juez en los casos que legalmente proceda.

La guarda de menores tendrá carácter temporal, atendiendo en todo momento a la reintegración del menor en la propia familia de origen, siempre que ésta favorezca su superior interés, o en una familia acogedora mediante su acogimiento familiar simple.

Los padres o tutores de un menor cuya guarda sea asumida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria conservan los derechos de representación, administración de bienes y visitas sobre el menor, así como el derecho de reintegración a su medio familiar de origen, con excepción de los supuestos en que la guarda se derive de la asunción de tutela 'ex-lege', o por disposición judicial.

En el supuesto señalado en el párrafo b) del artículo 41, deberá recabarse la opinión del menor que tuviere doce años cumplidos, o que aun teniendo edad inferior fuere conveniente su audiencia.

El director del centro donde se encuentre el menor, o las personas que acojan al menor, ejercerán la guarda bajo el seguimiento de la Dirección General competente por razón de la materia, a la que deberán facilitar información periódica, trimestralmente como mínimo, sobre su situación y atención, salvo que la Administración determine otra periodicidad

1. La guarda asumida mediante solicitud de los padres, tutores o guardadores, cesará a petición de los mismos cuando estén en situación adecuada para hacerse responsables del menor.

2. La guarda asumida en el resto de supuestos cesará conforme a las causas recogidas en el artículo 66 de la presente Ley.

Sin perjuicio de los deberes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria señalados en el presente texto, corresponde al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la medida de guarda en los términos establecidos en el artículo 174 del Código Civil.

El acogimiento familiar es aquella medida de protección por la que se otorga la guarda de un menor a una persona o familia que asume las obligaciones contenidas en el artículo 173 del Código Civil, produciendo su plena participación en la vida del nuevo entorno familiar.

El acogimiento familiar tiene como finalidad procurar al menor un núcleo de convivencia familiar adecuado, bien para la reintegración a su familia de origen, bien como medida de carácter más estable, o bien como paso previo a su posible adopción.

La aplicación de esta medida por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria se regirá por los siguientes principios:

1. Procurar la permanencia del menor en su ambiente, mediante el acogimiento con familia extensa, salvo que no resulte aconsejable en atención al interés del menor.

2. Priorizar su utilización, evitando el internamiento de manera prolongada en centros.

3. Evitar en lo posible la separación de hermanos, procurando su acogimiento por una misma persona o familia. La separación de hermanos habrá de motivarse adecuadamente.

1. En la selección de familias o personas acogedoras, primará el interés superior del menor, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

   1. Aptitud educadora.

   2. Situación familiar.

   3. Relación con el menor, si existiese.

   4. Capacidad de relación.

   5. Edad.

   6. Cualquier otro factor que se estime necesario para la adecuada selección de acogedores.

2. Los acogimientos, que no tengan como finalidad la adopción del menor, darán preferencia a familiares o acogedores de hecho, siempre que demuestren suficiente capacidad para su atención y desarrollo.

El acogimiento se formalizará por escrito, debiendo constar el consentimiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de la parte acogedora, del menor si tuviese doce años cumplidos, y de los padres que no estuviesen privados de patria potestad o tutores, salvo que se trate de un acogimiento familiar provisional regulado en el apartado 3 del artículo 173 del Código Civil.

1. El documento de formalización del acogimiento familiar, incluirá los siguientes extremos:

   1. Los consentimientos necesarios.

   2. Modalidad y duración prevista.

   3. Periodicidad de visitas en favor de la familia del menor.

   4. La asunción de gastos de manutención, educación, ocio y atención sanitaria.

   5. Contenido del seguimiento a realizar por la entidad pública.

   6. Compromiso de colaboración de la parte acogedora.

   7. Remuneración, en su caso, del acogimiento.

   8. Informe de los servicios técnicos competentes en materia de menores.

   9. Especificación del carácter profesionalizado, si lo fuere, del acogimiento.

2. Dicho documento, junto con los informes y documentación pertinente, se remitirá al Ministerio Fiscal.

1. Solamente la autoridad judicial podrá acordar el acogimiento familiar en interés del menor, conforme a lo establecido en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando los padres o tutores del menor no compareciesen, o no consintiesen o se opusiesen a dicha medida, mientras no se encuentren privados de patria potestad.

2. La propuesta del acogimiento familiar judicial, en la modalidad que corresponda, será formulada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, conteniendo los mismos extremos del artículo anterior.

1. No obstante lo previsto en el artículo anterior, la entidad pública podrá resolver en el exclusivo interés del menor, y ante una situación de carácter urgente, un acogimiento familiar provisional hasta que se produzca resolución judicial.

2. A este efecto deberá presentarse la propuesta de acogimiento pertinente al Juez, en el plazo máximo de quince días.

Cuando así se estime oportuno, si las circunstancias del expediente lo requieren y especialmente si el acogimiento constituido tiene finalidad adoptiva, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá solicitar de la autoridad judicial la suspensión del derecho que asiste a la familia del menor a relacionarse con el mismo.

El acogimiento del menor cesará:

1. Por decisión judicial.

2. Por decisión motivada de la parte acogedora, previa comunicación a la Administración.

3. A petición del tutor o de los padres que tengan la patria potestad y reclamen la compañía del menor.

4. Por decisión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando tenga la tutela o guarda del menor, y lo considere necesario para salvaguardar el interés de éste, oídos los acogedores.

5. A iniciativa del menor y previa tramitación del oportuno expediente.

Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento familiar se practicarán garantizando el principio de reserva establecido en el Código Civil.

1. El acogimiento residencial, como medida de protección derivada de la asunción de tutela o de la guarda de un menor por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, consiste en alojarlo en un centro, residencia o institución pública o colaboradora adecuado a sus características con la finalidad de recibir la atención, educación y formación adecuadas.

2. No se considerará medida de acogimiento residencial la estancia del menor por tiempo inferior a cuarenta y cinco días, conforme a lo previsto en al artículo 36 de la presente Ley.

1. La adopción de la medida de acogimiento residencial corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o a la autoridad judicial en los casos en que legalmente proceda, durante el tiempo estrictamente necesario y cuando el resto de las medidas de protección devengan inviables, insuficientes o inadecuadas.

2. Todo acogimiento de un menor se comunicará, de forma inmediata por escrito a los padres, si no están privados de patria potestad, tutores, guardadores y al Ministerio Fiscal.

1. Corresponde al director del centro ejercer la guarda del menor acogido, con la garantía de sus derechos y mediante el correcto desempeño de las funciones inherentes a dicha guarda.

2. El objetivo del acogimiento residencial radica en favorecer el desarrollo personal y la integración social del menor, elaborándose un proyecto socioeducativo en el momento de su ingreso, que responda a las necesidades del mismo a corto, medio y largo plazo.

1. Los centros de acogimiento residencial de menores podrán ser propios o concertados. Son centros propios aquellos cuya dirección y gestión corresponde a la Dirección General competente por razón de la materia.

   Son centros concertados los que pertenecen a otras entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, y están acreditados como tales por el órgano administrativo competente en atención a los requisitos y condiciones reglamentariamente establecidos.

2. Dichos centros deberán ajustarse, en cuanto a tamaño, estructura, cualificación del personal y organización a las necesidades de atención personalizada que requieren los menores, de modo que favorezca su desarrollo social y afectivo.

Sin perjuicio de la vigilancia que el Ministerio Fiscal deba ejercer sobre todos los centros que acogen a menores, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria la autorización, inspección y supervisión de los centros de acogimiento residencial de la Comunidad Autónoma. La inspección y supervisión de dichos centros y servicios deberá realizarse semestralmente y siempre que así lo exijan las circunstancias.

1. El internamiento de menores se realizará en centros de régimen abierto, donde las únicas limitaciones de entrada y salida están marcadas por sus necesidades educativas y de protección, salvo excepciones previstas en la legislación vigente que requerirán autorización judicial.

2. Los centros deberán ofrecer un marco de convivencia con los medios adecuados, prestar una atención personalizada y fomentar relaciones que favorezcan el desarrollo de los menores.

3. El personal educativo de los centros llevará a cabo cuantas intervenciones y actuaciones resulten precisas para procurar la correcta ejecución del proyecto socioeducativo al que se refiere el apartado 2 del artículo 61.

Todos los centros de internamiento de menores dispondrán de un proyecto socioeducativo de carácter general, independiente del individualizado para cada menor, así como de un reglamento de régimen interior, cuyos contenidos serán objeto de desarrollo reglamentario.

1. Con carácter general, las medidas de protección establecidas en la presente Ley cesarán por los siguientes motivos:

   1. Por mayoría o habilitación de edad.

   2. Por adopción del menor.

   3. Por resolución judicial firme.

   4. Por acuerdo de la entidad pública, cuando hayan desaparecido las causas que motivaron la adopción de la medida, o el interés del menor lo aconseje.

   5. Cumplimiento del plazo de duración de la medida, previsto en la resolución, siempre que esté garantizado el superior interés del menor.

2. Excepcionalmente, podrán seguir siendo objeto de atención en centros propios o concertados, aquellos jóvenes que hubieran sido objeto de medidas de protección hasta su mayoría de edad, cuando se estime por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que la cesación de esta atención podría obstaculizar la integración social del joven y con su consentimiento escrito.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 158 del Código Civil, podrá solicitar de la autoridad judicial competente la adopción de las disposiciones oportunas, con objeto de apartar a la infancia y adolescencia de peligros o evitarles perjuicios.

Si los padres, tutores o guardadores del menor impidiesen la ejecución de la medida de protección acordada, o concurriese cualquier otra circunstancia que dificultase gravemente dicha ejecución, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria recabará de la autoridad judicial, el pertinente auxilio policial, o en su caso la adopción de medidas necesarias para hacerla efectiva.

Todo ello, sin perjuicio de las intervenciones inmediatas a que hubiese lugar si estuviese en peligro la vida o la integridad del menor o se produjese una demostrada conculcación de sus derechos.

Corresponde con carácter exclusivo a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria la gestión pública de todo procedimiento adoptivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria formulará propuesta de adopción relativa a un adoptante o adoptantes determinados, ante la autoridad judicial competente, conforme a las normas establecidas en la presente Ley, en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Con carácter previo, a la elevación de la correspondiente propuesta de adopción, se procurará que el menor haya permanecido en acogimiento familiar preadoptivo, por un período mínimo de tres meses, salvo que el interés superior del menor aconseje actuación de otra índole.

1. En la selección de adoptante o adoptantes, primará el interés superior del menor, teniéndose en cuenta los factores determinados en el artículo 51 de la presente Ley, las disposiciones vigentes en la legislación civil y el procedimiento que reglamentariamente se determine.

2. La gestión, que lleve a cabo la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se efectuará atendiendo a los siguientes criterios:

1. Idoneidad para la adopción mediante resolución dictada por el Consejero competente por razón de la materia a propuesta de la Comisión de Adopción de la Dirección General competente.

2. Solicitud formulada ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siendo registrada al efecto.

3. Selección de adoptante o adoptantes en función de circunstancias concretas y especiales del menor.

En relación al adoptando, la gestión que lleve a cabo la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, atenderá a los siguientes criterios:

1. Que todas las actuaciones, datos, informes y documentación obrante en su expediente, indiquen fehacientemente que la adopción servirá al interés primordial del menor.

2. Que se encuentre jurídicamente en situación de ser adoptado.

3. Que se haya acreditado su consentimiento, si hubiese cumplido doce años, valorándose su opinión si fuese menor de dicha edad pero tuviese suficiente juicio.

1. Todas las actuaciones, tanto administrativas como judiciales en la presente materia, se realizarán con la conveniente reserva y confidencialidad, evitando especialmente que la familia de origen del menor conozca a la adoptiva.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberá facilitar al adoptante o adoptantes la información disponible de la familia natural del menor, siempre que resultase precisa en interés de la salud y desarrollo del mismo.

1. Las familias o personas, con residencia habitual en Cantabria que deseen adoptar un menor extranjero, podrán efectuar sus solicitudes ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. Los solicitantes de adopción de menores, de origen extranjero, deberán ser seleccionados de acuerdo con el mismo procedimiento y en base los mismos criterios que para la adopción nacional.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria informará a los solicitantes, de aquellos países con los que se tengan relaciones y circuitos de tramitación internacional, y donde quede suficientemente garantizado el respeto a las normas y principios de adopción internacional.

Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria:

1. La recepción y tramitación de solicitudes, ya sea directamente o a través de aquellas entidades debidamente acreditadas.

2. La expedición de la declaración de idoneidad de los solicitantes.

3. El compromiso de seguimiento de la adopción, cuando así lo exija el país de origen del adoptando.

4. La acreditación, control, inspección y elaboración de las directrices de actuación de las entidades que realicen funciones de mediación en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Sólo se admitirá la tramitación de una solicitud de adopción internacional. Iniciados los trámites de una solicitud, será necesario finalizar o cancelar el proceso de adopción para poder iniciar una nueva tramitación en el mismo país o en otro.

No obstante, será factible presentar simultáneamente una solicitud de adopción nacional en Cantabria y otra internacional.

Si mediante la vía de la adopción nacional se asigna un menor a unos solicitantes, que también tienen abierto un expediente para una adopción internacional, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria comunicará oficialmente al país correspondiente dicha asignación.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, acreditará, conforme a la reglamentación establecida, a aquellas entidades sin ánimo de lucro que realicen funciones de mediación en materia de adopción internacional, tal y como señala el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

El Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia será central y único para toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, teniendo carácter reservado y estando confiada su custodia a la entidad pública a través de la Dirección General competente por razón de la materia a través del órgano administrativo indicado.

El Registro dispondrá de las siguientes secciones:

1. Sección primera: De menores sujetos a medida de tutela o guarda.

2. Sección segunda: De personas o familias acogedoras, inscribiéndose, además, los acogimientos propuestos y realizados.

3. Sección tercera: De personas o familias adoptantes, inscribiéndose, además, las adopciones propuestas y realizadas.

4. Sección cuarta: De personas o familias solicitantes de adopción internacional, inscribiéndose las tramitadas y realizadas.

5. Sección quinta: De menores internados en centros. A su vez, cada centro dispondrá de su propio registro en el que constarán los menores residentes.

La organización y funcionamiento del Registro de Protección de la infancia y adolescencia será objeto del pertinente desarrollo reglamentario, inspirándose en los siguientes principios:

1. Garantía del derecho a la intimidad y la obligación de reserva respecto de las inscripciones.

2. Libre acceso del Ministerio Fiscal en el cumplimiento de las funciones que legalmente tiene atribuidas.

El registro de instituciones colaboradoras en la Comunidad Autónoma de Cantabria será central, único y de carácter público, debiendo estar inscritas en el mismo todas aquellas asociaciones o fundaciones habilitadas al efecto.

1. En el Registro constarán: Denominación, domicilio social, composición de órganos directivos, documento constitutivo, estatutos, fecha y contenido de su habilitación, así como la ubicación de los diferentes centros que pudiera tener en la Comunidad Autónoma.

2. Las modificaciones producidas en los anteriores datos, serán objeto del asiento correspondiente.

1. Será objeto de regulación reglamentaria la organización y funcionamiento del registro de instituciones colaboradoras.

2. Las instituciones habilitadas tendrán la obligación de comunicar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria cualquier variación producida en los datos señalados en el artículo anterior, teniendo reflejo inmediato en el folio correspondiente del Registro.

1. Se consideran infracciones administrativas a los efectos de la presente Ley las acciones u omisiones de las personas responsables, tipificadas y sancionadas en este capítulo.

2. Son sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en esta Ley.

3. Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años, a contar en todo caso desde la fecha de la infracción.

Constituyen infracciones leves:

1. Incumplir las normas aplicables para la creación o funcionamiento de centros o servicios de atención a la infancia o adolescencia, por parte de los titulares de éstos, si de ello se derivan perjuicios relevantes.

2. Incumplir el deber de actualizar los datos que constan en el registro de instituciones colaboradoras que desarrollan actividades en el campo de la acción social y los servicios sociales, por parte de las mismas.

3. No facilitar, por parte de los titulares de los centros o servicios, el tratamiento y la atención que, acordes con la finalidad de los mismos, correspondan a las necesidades de los menores, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para éstos.

4. No gestionar plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria por los padres, tutores o guardadores.

5. No procurar, por los padres, tutores o guardadores, la asistencia al centro de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique.

Constituyen infracciones graves:

1. La reincidencia de infracciones leves.

2. Las acciones u omisiones previstas en el artículo anterior, siempre que el incumplimiento o los perjuicios fueran graves.

3. No poner en conocimiento de la autoridad competente la posible situación de desamparo en que pudiera encontrarse un niño, niña o adolescente.

4. Incumplir, de forma que se afecte de manera grave a la situación de los menores, las resoluciones administrativas que se dicten en materia de protección de los mismos.

5. El incumplimiento por el centro o personal sanitario, de la obligación de identificar al recién nacido, de acuerdo con la legislación estatal, así como de comprobar la identidad de sus padres, adoptando las correspondientes medidas de comprobación que permitan garantizar todo ello.

6. Proceder a la apertura o cierre de un centro o servicio, por parte de las entidades titulares de los mismos sin haber obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes.

7. Incumplir la obligación de inscripción en el Registro de Instituciones Colaboradoras de la Comunidad Autónoma, por parte de las mismas.

8. Incumplir la obligación, por parte de las entidades titulares, de la normativa específica establecida para cada tipo de centro o servicio.

9. Incumplir el deber de confidencialidad y sigilo respecto a los datos personales de los menores, por parte de los profesionales que intervengan en su protección.

10. Incumplir la prohibición de difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación, de acuerdo con el artículo 10 de la presente Ley.

11. No proporcionar por parte de los titulares de los centros o servicios, el tratamiento y la atención que, acordes con la finalidad de los mismos, corresponda a las necesidades de los menores.

12. Amparar o ejercer prácticas lucrativas en centros o servicios definidos sin ánimo de lucro, por parte de los titulares de los mismos.

13. Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo el ejercicio de las funciones de inspección y seguimiento del centro o servicio por parte de los titulares o personal de los mismos.

14. Recabar, por parte de los titulares de los centros o servicios, cantidades económicas de los menores, sus familiares, tutores o guardadores, no autorizadas por la Administración, cuando aquéllos estén concertados con ésta.

ñ) La falta de emisión por las instituciones colaboradoras en adopción internacional de los informes de seguimiento exigidos por los países de origen de los menores, así como la negativa o resistencia de los adoptantes, nacionales o internacionales, o personas a que se ha encomendado un menor por un país extranjero, a las actuaciones que permitan la emisión de informes de seguimiento de la adopción o de la figura de protección de que se trate.

Constituyen infracciones muy graves:

1. La reincidencia en las infracciones graves.

2. Las recogidas en el artículo anterior si de ellas se desprende daño de imposible o difícil reparación a los derechos de los niños, niñas o adolescentes.

Las infracciones establecidas en los artículos anteriores serán sancionadas de la forma siguiente:

1. Infracciones leves: Amonestación por escrito o multa de hasta 500.000 pesetas.

2. Infracciones graves: Multas desde 500.001 pesetas hasta 8.000.000 de pesetas.

3. Infracciones muy graves: Multas desde 8.000.001 pesetas hasta 40.000.000 pesetas.

Las sanciones graves y muy graves podrán conllevar como accesorias las siguientes:

1. Cuando resulten responsables de las infracciones centros o servicios de atención a menores:

   1. La proscripción para el otorgamiento de financiación pública de acuerdo con la normativa autonómica en la materia.

   2. El cierre temporal, total o parcial del centro o servicio por un tiempo máximo de un año.

   3. El cierre definitivo, total o parcial del centro o servicio.

2. Cuando resulte responsable de la infracción, algún medio de comunicación social, la difusión pública por el propio medio de la sanción impuesta en las condiciones que fije la autoridad sancionadora.

Calificadas las infracciones, las sanciones se graduarán en atención a la reiteración de las mismas, al grado de intencionalidad o negligencia, a la gravedad de los perjuicios causados atendidas las condiciones del niño, niña o adolescente, a la situación económica de la persona física responsable y a la relevancia o transcendencia social que hayan alcanzado.

Se produce reincidencia, cuando el responsable de la infracción haya sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza, en el plazo de un año si se trata de faltas leves, tres años para las graves y cinco años para las muy graves a contar desde la notificación de aquélla.