Ley de Medidas Tributarias y Administrativas. (Ley 13/2000, de 27 de diciembre)
| Publicado en | BOA |
| Ámbito Territorial | Normativa de Aragón |
| Rango | Ley |
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía
El Tribunal Constitucional ha precisado que las Leyes de Presupuestos deben tener un contenido mínimo, necesario e indisponible, que consiste en las previsiones de ingresos y la aprobación de los gastos y, también, pueden alcanzar a regular materias distintas de las que constituyen su núcleo esencial siempre que guarden relación directa con los gastos o ingresos o con los criterios de política económica general.
En la presente Ley se aprueban medidas fiscales y administrativas que, sin tener relación directa con los gastos e ingresos, son complementarias de las disposiciones presupuestarias y facilitan su mejor ejecución.
En materia fiscal, las disposiciones contenidas en esta Ley obedecen a tres tipos de circunstancias. En primer lugar, se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, regulando aquellos aspectos tributarios de las instituciones forales sobre los que la limitada capacidad autonómica tiene cabida. Y así, despejando las dudas que la nueva normativa civil pudiera haber provocado sobre la tributación de la fiducia, se reconoce la aplicación de cualquier tipo de beneficio fiscal en la liquidación provisional que procede en estos casos en el momento del fallecimiento del causante. Para coadyuvar a solventar el principal problema fiscal de la fiducia —hacer tributar a quien ni siquiera puede considerarse llamado a la sucesión— se arbitra la solución de posibilitar el pago de su deuda con cargo al caudal relicto pendiente de ejecución fiduciaria. Con ello, al no trasladar la carga tributaria al patrimonio del sujeto pasivo, se eliminan buena parte de los supuestos que la doctrina científica venía denunciando como injustificables.
Un segundo grupo de medidas responde al apoyo fiscal a determinadas políticas del Gobierno. Así, a la política de protección del tejido empresarial aragonés, y concebida al amparo del trato que nuestro Derecho Civil ha dispensado tradicionalmente a este fenómeno, responde la regulación del beneficio fiscal para la sucesión mortis causa en el ejercicio de una actividad empresarial, individual o societaria. Por su parte, a la protección de la familia contribuirán las reducciones que, sobre la vivienda habitual o sobre cualquier otro bien, se establecen en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a favor de los huérfanos menores de edad, así como los beneficios en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la familia numerosa. Para facilitar el acceso a la vivienda, y junto al referido beneficio a favor de las familias numerosas, se establece un tipo reducido en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para operaciones de compra de vivienda entregando a cambio la que ya se tenía ; el propósito es que la doble imposición, las dificultades de liquidez o la desconfianza ante el mercado inmobiliario no sean óbice para adquirir la vivienda deseada.
El tercer grupo de medidas responde a cuestiones de técnica tributaria y a asegurar que los beneficios fiscales incorporados no impidan la suficiencia financiera garante de la autonomía política. De este modo, se equipara la tributación de las concesiones demaniales sobre inmuebles a la de los derechos reales sobre este tipo de bienes, se incrementa el tipo del gravamen de los documentos notariales sobre determinadas operaciones inmobiliarias, permitiendo al contribuyente, con una medida complementaria sobre el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, el que la opción que la legislación del Impuesto sobre el Valor Añadido le da para escoger entre este impuesto y el autonómico lo sea en condiciones de verdadera igualdad, y, finalmente, se modifica la tributación de las máquinas recreativas en atención a lo que este gravamen y la experiencia gestora han revelado en los últimos años como conveniente.
En materia de Tasas, la presente Ley profundiza en la labor de recopilación, ordenación y sistematización emprendida mediante el Decreto Legislativo 3/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, y, con escrupuloso respeto al principio de reserva de Ley establecido por la doctrina constitucional para el establecimiento de tasas, aborda la creación de nuevas tasas por prestación de servicios o actividades de la Administración, hasta el momento no gravados por falta de cobertura normativa, y la revisión y reordenación de algunas de las ya existentes, desarrollando, ampliamente, el régimen jurídico tributario de las mismas, con una técnica normativa claramente evocadora y congruente con la utilizada en el citado Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Las medidas administrativas afectan, como viene siendo habitual, al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a la organización y a algunos regímenes sectoriales.
En concreto, se abordan modificaciones puntuales en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el que se adicionan y modifican determinadas disposiciones, con clara vocación de permanencia, con la finalidad de superar lagunas o mejorar la regulación actual en la materia. También, en este ámbito, se acomete la regulación de la provisión de los órganos de dirección de los centros, servicios y establecimientos sanitarios adscritos al Servicio Aragonés de Salud, de forma coherente con la solución adoptada por la legislación estatal para el personal directivo de la Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Las medidas administrativas relativas a la organización se dirigen a dotar al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales de competencias directas y mayor autonomía de gestión, principalmente en materia de recursos humanos. Por su parte, en el ámbito sectorial de la acción social, por razones de urgencia, se procede a sustituir, completamente, la regulación de las infracciones y sanciones en materia de acción social, con la finalidad de adecuarla al principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad.
Finalmente, se desarrollan aspectos singulares referidos a la concurrencia de subvenciones por exigencias de la política territorial, a la puesta en funcionamiento de las comarcas y a los encargos de gestión a las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Se modifican los siguientes artículos y disposiciones adicionales del Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Se añade un nuevo apartado al artículo 17 del Texto Refundido de la Ley con la redacción siguiente:
6. En relación con los centros sanitarios, con base en la autorización específica prevista en el artículo 2.2, previa negociación con las centrales sindicales representativas de los empleados, podrán aprobarse instrumentos de ordenación de su personal en los que se determine la dotación total de puestos singularizados y no singularizados y se establezcan sus características y requisitos de desempeño. El régimen de elaboración y aprobación de dichos instrumentos se determinará reglamentariamente.
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Se incorpora un segundo párrafo al artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley, con la redacción siguiente:
Los funcionarios de la Administración General del Estado que, hallándose destinados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, hubiesen pasado a situación de excedencia, produciéndose con posterioridad el traspaso a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios propios del ámbito sectorial al que se hallaban adscritos, podrán reingresar al servicio activo en la Administración de la Comunidad Autónoma a través de su participación en cualquiera de las convocatorias de concurso o de libre designación que se efectúen, cuando los puestos de trabajo convocados resulten adecuados a su correspondiente Cuerpo o Escala.
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Se añade un nuevo apartado al artículo 21 del Texto Refundido de la Ley, con la redacción siguiente:
4. El personal funcionario de otras Administraciones públicas que se incorpore, a través de cualquiera de las formas de provisión legalmente previstas, a los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para los que reúnan los requisitos de desempeño establecidos en las relaciones de puestos de trabajo, únicamente gozarán de movilidad respecto a puestos expresamente abiertos a personal de la Administración pública a que pertenezcan.
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Se da nueva redacción al tercer párrafo del artículo 23 del Texto Refundido de la Ley, en los términos siguientes:
No se podrán suprimir, amortizar o transformar las plazas incorporadas a la oferta, si bien cabrá acordar reingresos al servicio activo en puestos de trabajo incluidos en la misma con anterioridad a la publicación de las convocatorias del respectivo proceso selectivo, manteniéndose el número total de plazas de la oferta siempre que ello resulte posible.
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Se da nueva redacción al artículo 32 del Texto Refundido de la Ley, en los términos siguientes:
1. Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que sean nombrados alto cargo de la misma, entendiendo como tal cualquiera de los que relaciona el artículo 34.1 de la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 26 de octubre, de modificación de aquella, pasarán a la situación de servicios especiales con reserva del puesto que tengan asignado en destino definitivo en el momento del cambio de situación administrativa.
Si el funcionario, en el momento de su nombramiento se encontrase desempeñando un puesto en adscripción provisional, se procederá, con motivo de su reingreso, a asignarle bajo esa forma de adscripción un puesto análogo en el mismo Departamento y localidad, salvo que durante el tiempo que ostente la condición de alto cargo obtenga otro por concurso en destino definitivo como consecuencia de la regularización de su adscripción provisional, que le quedará reservado.
2. En todos los casos se hará constar, expresamente, en las relaciones de puestos de trabajo la referida reserva.
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Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable también a todos los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma que desempeñen cargos públicos o sean nombrados para puestos que den lugar a su pase a la situación administrativa de servicios especiales.
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Se añade un segundo párrafo al artículo 43.2 del Texto Refundido de la Ley, con la redacción siguiente:
Cuando en las relaciones de puestos de trabajo no existan puestos vacantes que cumplan los requisitos del párrafo anterior en cuanto al nivel y régimen de dedicación, se tramitará la oportuna modificación de la relación de puestos de trabajo para habilitar un puesto que cumpla los requisitos de nivel y régimen de dedicación establecidos. Dicha modificación se realizará en el plazo de un mes desde la fecha del cese o supresión del puesto.
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Se da nueva redacción a la disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley, en los siguientes términos:
1. El personal funcionario docente, investigador y sanitario local o asistencial, en general, podrá acceder a puestos de los respectivos servicios administrativos, de conformidad con lo previsto en las relaciones de puestos de trabajo, siempre que las funciones a realizar justifiquen suficientemente tales adscripciones.
Cuando dicho personal desempeñe puestos de trabajo en sus respectivas áreas administrativas mediante procedimiento de libre designación se reincorporará, al producirse su cese, a su puesto de origen, que le quedará reservado.
2. El personal funcionario docente podrá ocupar puestos de trabajo en la Administración educativa en virtud de comisión de servicios, cuya duración será de dos años, prorrogable por otros dos, reincorporándose al término de la comisión a su puesto de origen.
3. El período de permanencia de los funcionarios docentes en puestos no docentes de la Administración educativa se computará a todos los efectos como desempeño del puesto de origen que tengan reservado en el centro docente de destino.
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Se introduce una disposición adicional décima en el Texto Refundido de la Ley, con la siguiente redacción:
Cuando la generalidad de los puestos correspondientes a una categoría laboral hayan sido reservados a personal funcionario, en aplicación del artículo 8 de la presente Ley, cabrá acordar en los mismos el reingreso al servicio activo del personal laboral con derecho a ello, con los requisitos y efectos previstos en el Convenio colectivo.
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Se introduce una disposición adicional undécima en el Texto Refundido de la Ley, con la siguiente redacción:
Al objeto de poder retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo que conllevan especial actividad por razones de turnicidad, atención continuada, nocturnidad o prestación de servicio en domingos y festivos, el Gobierno de Aragón podrá establecer un componente variable del complemento específico de dichos puestos, circunstancia que deberá reflejarse en las relaciones de puestos de trabajo.
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Se introduce una disposición adicional duodécima en el Texto Refundido de la Ley, con la redacción siguiente:
Se crea, dentro del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma, la Escala de Economistas.
Se añade un tercer párrafo al artículo 8.4.4. de la Ley 4/1998 de 8 de abril, de Medidas Fiscales, Financieras, Administrativas y de Patrimonio, con la siguiente redacción:
No obstante, cuando se trate de funcionarios de Cuerpos, Escalas y Clase de Especialidad de Atención Primaria, que vinieran percibiendo únicamente retribuciones básicas por el desempeño de puestos propios de esa Clase de Especialidad y pasen a desempeñar puestos de las relaciones de puestos de trabajo con retribuciones complementarias, percibirán estas retribuciones desde el día siguiente al de su cese en su anterior puesto.
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La provisión de los órganos de dirección de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociales podrá efectuarse, también, conforme al régimen laboral especial de alta dirección, regulado en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.
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Se entienden por órganos de dirección, a los efectos previstos en el párrafo anterior, los Directores Gerentes, los Directores Médicos y de Enfermería y los Directores de Gestión y Servicios Generales.
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Las retribuciones del personal directivo contratado al amparo del R.D. 1382/1985, de 1 de agosto, serán equivalentes a las previstas en las relaciones de puestos de trabajo del Servicio Aragonés de Salud e Instituto Aragonés de Servicios Sociales para puestos similares desempeñados por funcionarios, personal laboral o estatutario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Los contratos formalizados al amparo de lo dispuesto en los apartados anteriores no podrán contemplar indemnizaciones por cese en el puesto distinto de la fijada con carácter general en el artículo 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.
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La provisión de los órganos de dirección de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociales se llevará a cabo mediante convocatoria pública, que deberá exigir la titulación correspondiente al grupo de clasificación profesional al que figure adscrito el puesto o, en su caso, la que se exija con carácter específico en la relación de puestos de trabajo.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley 11/1997, de 29 de noviembre, de medidas urgentes en materia de personal, la Administración de la Comunidad Autónoma creará los puestos de trabajo necesarios para la estabilidad del personal interino desplazado tras la realización de las correspondientes pruebas selectivas. La estabilidad en el empleo se plasmará en la forma de contratación que se acuerde entre Administración y Sindicatos, dentro de la última fase del plan de empleo previsto por la Ley 11/1997, y tendrá, en todo caso, carácter indefinido.
El personal interino afectado por el apartado 3.o del artículo 1 de la Ley 11/97, de 27 de noviembre, con excepción de los farmacéuticos titulares, gozará de preferencia para la provisión, como interinos, de las plazas vacantes que se vayan produciendo en las distintas clases de especialidad, y la mantendrá, siempre que concurran como aspirantes a las sucesivas convocatorias previstas en la citada Ley, hasta el final de las mismas.
El artículo 1.5 de la Ley 11/1997, de 26 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de personal quedará redactado de la siguiente manera: «Una vez celebradas las convocatorias específicas previstas en este artículo, el sistema de ingreso en los Cuerpos y Escalas correspondientes a personal sanitario será, en todo caso, el ordinario».
Se modifica el Título VIII, se añade un nuevo Título IX y una nueva disposición final en la Ley 4/1987, de 25 de marzo, de ordenación de la acción social.
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Se modifica la denominación del Título VIII, los artículos 45 y 46, y se añade un artículo 47 dentro del Título VIII, con la siguiente redacción:
TÍTULO VIII. De la función inspectora, de las infracciones y sanciones.
Artículo 45. La inspección en materia de acción social.
45.1. La función inspectora en materia de acción social se adecuará, en cuanto a sus funciones y facultades, a lo establecido en la presente Ley y en la normativa reguladora de las condiciones mínimas materiales y de funcionamiento de los servicios y establecimientos sociales.
45.2. Son funciones básicas de la inspección en materia de acción social:
a) Verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre condiciones funcionales y materiales de los centros y servicios sociales, practicando comprobaciones periódicas.
b) Velar por el respeto de los derechos de los usuarios reconocidos en la normativa vigente.
c) Asesorar a entidades y usuarios de los servicios sociales sobre sus respectivos derechos y deberes.
d) Proponer medidas cautelares tendentes a salvaguardar la salud y seguridad de los usuarios.
e) Informar sobre los planes de mejora en la calidad de los servicios.
45.3. La función inspectora se realizará por funcionarios con capacitación técnica adecuada y con denominación de inspector, los cuales tendrán la consideración de agentes de la autoridad.
Artículo 46. Las infracciones.
46.1. Constituirán infracciones administrativas, a los efectos previstos en el párrafo e) del artículo 23, las acciones y omisiones que contravengan las obligaciones concretas establecidas en la presente Ley y las normas que la desarrollen que perjudiquen a los usuarios o a la organización pública de los servicios.
46.2. Se tipifican como infracciones administrativas, atendiendo a su gravedad, los hechos que se enumeran en los siguientes apartados.
46.3. Son infracciones leves:
a) No tener a disposición de los usuarios hoja de reclamaciones en el modelo oficial correspondiente.
b) Carecer de libro de registro de usuarios.
c) Carecer de póliza vigente de seguros que cubra los riesgos de siniestro total del edificio e indemnizaciones por daños a los usuarios.
d) Carecer de reglamento de régimen interior sellado por el órgano competente.
e) Vulnerar las condiciones exigibles de concreción, claridad y sencillez en las cláusulas contractuales, o la remisión a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario.
f) La fijación de cláusulas que amparen al prestador del servicio para suprimir el servicio sin mediar causa objetiva que lo justifique.
g) La imposición de cláusulas de exención absoluta de responsabilidad frente a los usuarios, cualquiera que sea el objeto de las mismas.
h) La repercusión de costes de servicios que, en el momento de iniciarse la prestación, les fueron ofrecidos a los usuarios de forma gratuita.
i) La repercusión sobre el usuario de las consecuencias negativas derivadas de los fallos, defectos o errores que no les sean directamente imputables.
j) Realizar ofertas, promociones o publicidad de actividades o servicios que no se corresponden con exactitud a las condiciones reales de éstos.
k) No comunicar al órgano administrativo competente las tarifas de precios que se aplicarán cada anualidad.
l) No notificar al órgano administrativo competente las modificaciones que se produzcan en relación con los datos registrables considerados básicos por la norma reguladora del Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social.
m) La negativa, de forma injustificada y discriminatoria, a satisfacer las peticiones de los usuarios respecto a la prestación de actividades y servicios.
n) Cualquier transgresión ocasional de los derechos de los usuarios de servicios sociales reconocidos en la normativa vigente, que no constituya una infracción grave o muy grave.
o) No garantizar una correcta organización higiénico-sanitaria, cuando no suponga un riesgo o perjuicio grave para la salud de los usuarios.
p) No garantizar que cada usuario pueda recibir, por medios propios o ajenos, la atención médica necesaria, siempre que no se cause un perjuicio grave en la salud de los usuarios.
q) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias, en su estado o funcionamiento.
r) La prestación en un centro de servicios sociales de actividades no autorizadas, con carácter ocasional.
s) Incumplir el deber de remisión de la información solicitada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido por el órgano competente o por la Inspección de Centros Sociales.
t) La ampliación o disminución de la capacidad asistencial o de los servicios a prestar, el cambio de titularidad, el cierre, o cualquier otra alteración de las condiciones de un establecimiento o servicio de acción social sin haberlo comunicado, en los casos en que esta comunicación sea preceptiva.
u) Dificultar de cualquier modo el ejercicio de las competencias atribuidas a la Inspección en materia de Acción Social.
v) Cualquier incumplimiento de las condiciones materiales y de funcionamiento contenidas en el reglamento correspondiente, siempre que no repercuta directamente en la salud o seguridad de los usuarios o no esté tipificado como infracción grave o muy grave.
w) No identificar el centro o servicio en el inmueble en que se ubique.
46.4. Son infracciones graves:
a) La apertura de un establecimiento de acción social o la prestación de un nuevo servicio sin la oportuna autorización.
b) La ampliación o disminución de la capacidad asistencial en más de un 25 por 100 de la registrada siempre que afecte a un mínimo de 10 plazas y la ampliación de los servicios de un centro que implique incremento en la ocupación sin la obtención de las autorizaciones que sean preceptivas.
c) El cambio de titularidad o cierre de un servicio o establecimiento que haya recibido financiación pública para inversión en los últimos treinta años o para el mantenimiento del último ejercicio económico, o esté concertado con cualquier Administración pública, sin la preceptiva autorización.
d) Alterar cualquier condición del centro sin autorización, en los casos en que ésta sea preceptiva.
e) Alterar cualquier documento previamente aprobado por el órgano administrativo competente.
f) La falta de veracidad o alteración de los datos remitidos al órgano competente que fueran requeridos en el ejercicio de sus funciones.
g) Alterar o proporcionar con inexactitud los datos relevantes para la información registral, siempre que no impliquen una modificación en la calificación de la entidad.
h) Obstaculizar e impedir la participación de los usuarios o sus representantes legales en las actividades del centro y el incumplimiento del deber, cuando proceda, de informar con carácter periódico y de forma veraz a los mismos de la gestión del servicio o establecimiento.
i) Imponer a los usuarios cualquier forma de renuncia de sus legítimos derechos e intereses.
j) El establecimiento de condiciones abusivas por perjudicar de forma desproporcionada e inequitativa al usuario.
k) Presentar, de forma que induzca a engaño o enmascare su verdadera naturaleza, cualesquiera servicios o actividades cuya prestación no se corresponda con lo ofrecido.
l) La transgresión de los derechos de los usuarios reconocidos en la normativa vigente, salvo que la misma tenga un carácter meramente ocasional, produciendo un grave perjuicio a los usuarios.
m) Establecer obligaciones a los usuarios no manifiestas o disminuir la calidad de los servicios suministrados, precio de los servicios ofertados.
n) No contar con el personal suficiente, con la titulación exigida, de acuerdo con el tipo de actividad y el número de atendidos en el centro.
o) Incumplir las condiciones relativas a la seguridad de las instalaciones del centro.
p) No garantizar una correcta organización higiénico sanitaria o no velar porque los usuarios cuenten con la atención médica necesaria, produciendo un grave riesgo o un perjuicio a los mismos.
q) Alterar fraudulentamente los datos de los usuarios del centro o servicio con objeto de obtener o mantener una prestación económica.
r) Destinar el importe de la financiación publica obtenida en su caso a usos propios de la acción social, pero distintos de los que motivaron su concesión.
s) La obstrucción o resistencia a la Inspección en materia de acción social, impidiendo el ejercicio de sus competencias.
t) Incumplir los requerimientos de las autoridades administrativas que hayan sido formulados en aplicación de la normativa sobre condiciones mínimas de los establecimientos y servicios de acción social.
46.5. Son infracciones muy graves:
a) El ejercicio de actividades propias de los servicios y establecimientos de acción social en condiciones de clandestinidad. Se entenderá que existe clandestinidad, a los efectos de la presente Ley, cuando se trate de ocultar o enmascarar la verdadera naturaleza de las actividades que se desarrollan, con objeto de eludir la aplicación de la normativa vigente en materia de acción social.
b) El incumplimiento de las condiciones y atenciones exigibles de higiene, salud y seguridad y la prestación inadecuada de los servicios a los usuarios o la deficiente calidad de los mismos cuando produzca un perjuicio notorio a los afectados o haya puesto en un peligro grave o inminente su salud o seguridad.
c) La realización de actuaciones que impliquen la violación de los derechos fundamentales de los usuarios.
d) Obstaculizar o impedir el libre ejercicio de las acciones que correspondan a los usuarios para la defensa de sus derechos e intereses frente a la entidad prestadora del servicio o titular del establecimiento.
e) Alterar dolosamente los datos registrables con objeto de obtener una calificación diferente para la entidad.
f) La negativa o resistencia a la actuación inspectora siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
g) Alterar la contabilidad con objeto de ocultar el precio real de los servicios o para la obtención de financiación pública.
h) Alterar fraudulentamente las condiciones establecidas para la obtención o mantenimiento de una financiación publica, o destinar el importe de la misma a fines distintos, de carácter lucrativo o ajenos al ámbito de la acción social.
i) Modificar o proporcionar inexactamente los datos de la entidad con objeto de obtener los beneficios propios de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
j) Incumplir la orden de cierre de un centro o servicio, dictada en cumplimiento de la normativa vigente en materia de acción social.
Artículo 47. Las sanciones.
47.1. Las infracciones establecidas en el artículo anterior serán sancionadas en la forma siguiente:
A) Las infracciones leves serán sancionadas con la imposición de una o varias de las siguientes sanciones:
Amonestación por escrito.
Multa de hasta 500.000 pesetas.
No obstante, en atención a la escasa gravedad de la conducta tipificada y a las circunstancias modificativas de la responsabilidad que concurran, y con anterioridad a la adopción del acuerdo resolutorio, el órgano competente para la imposición de la sanción podrá requerir a la persona o entidad titular del establecimiento o servicio para que subsane las deficiencias o irregularidades detectadas.
Transcurrido el plazo señalado en el requerimiento sin haber procedido al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo, se impondrá la sanción que corresponda en su cuantía máxima.
B) Las infracciones graves serán sancionadas con multa desde 500.001 pesetas hasta 2.500.000 pesetas y, en su caso, la revocación de la declaración de interés social de la entidad titular del centro o prestadora del servicio.
C) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa desde 2.500.001 pesetas hasta 25.000.000 de pesetas y, en su caso, la revocación de la declaración de interés social de la entidad titular del centro o prestadora del servicio. La autoridad competente podrá optar, además, por la adopción de una de las siguientes medidas:
a) El cierre temporal del centro por un tiempo máximo de cinco años e inhabilitación por el mismo período de tiempo, del titular del establecimiento o de la prestación del servicio cuando la infracción sea imputable a su conducta dolosa o negligente.
b) La suspensión de la financiación pública por un período comprendido entre uno y cinco años.
Además de la sanción que corresponda imponer a la entidad titular, a los miembros de órganos, agentes y representantes de una persona jurídica que resulten responsables, se les impondrá una de las sanciones siguientes:
a) Multa por una cuantía entre el 25 y el 50 por 100 de la sanción impuesta a la entidad.
b) Inhabilitación para ejercer funciones, desempeñar cargos o ejercer representación de carácter similar en un período de cinco años.
47.2. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones leves, graves o muy graves se determinarán conforme a los siguientes criterios:
a) El grado de intencionalidad o negligencia.
b) La gravedad del riesgo o peligro para los usuarios.
c) Los perjuicios causados.
d) El beneficio económico obtenido.
e) El interés social del establecimiento o del servicio que se presta.
f) El mayor o menor conocimiento técnico de los pormenores de la actuación, de acuerdo con la profesión o actividad habitual del infractor.
g) La subsanación de las deficiencias que dieron lugar a la iniciación del procedimiento, a iniciativa del interesado, antes de recaer resolución definitiva.
h) La utilización de tácticas dilatorias en la cumplimentación de la documentación previamente requerida por el órgano competente, con el fin de obtener un beneficio.
i) La reiteración en la comisión de infracciones. Se produce reiteración cuando se ha sido sancionado en materia de acción social en los dos años anteriores a la comisión de la infracción.
j) El incumplimiento de advertencias y requerimientos previos.
Para determinar la sanción aplicable a los responsables descritos en el apartado 1.c) de este artículo, se tomarán en consideración las siguientes circunstancias:
a) El grado de responsabilidad que concurra en el interesado.
b) La conducta dolosa o negligente anterior, en la misma o en otra entidad, tomando al efecto las sanciones firmes impuestas durante los últimos cinco años.
c) El carácter de representación que el interesado ostente.
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Se añade el Título IX, denominado «De los usuarios: Derechos, Deberes, Distinciones y Régimen disciplinario», que consta de los artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, según la redacción dada por la presente Ley, en la Ley de Ordenación de la Acción Social.
TÍTULO IX. De los usuarios: Derechos, deberes, distinciones y régimen disciplinario
Artículo 48. Derechos de los usuarios.
Los usuarios de los Centros gozan de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico. De manera especial, en los términos fijados por esta Ley y en los respectivos Reglamentos de Régimen Interno de cada Centro, se observará el respeto de los siguientes derechos:
a) Disfrutar de los servicios que se presten en los Centros sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b) Participar en la gestión del Centro a través de los órganos representativos que reglamentariamente se establezcan.
c) Utilizar los servicios de otros Centros cuando las disponibilidades del mismo lo permitan y el correspondiente órgano directivo lo acuerde.
d) Al secreto profesional de los datos de su expediente personal, de su historia sanitaria y social.
e) A la máxima intimidad en función de las condiciones estructurales de los Centros.
f) Disfrutar del silencio necesario durante las horas de reposo y descanso.
g) Participar en la elaboración del proyecto de Reglamento de Régimen Interno del Centro para su posterior debate por el órgano representativo del mismo y aprobación por el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
h) Derecho de queja ejercido mediante hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.
Artículo 49. Deberes de los usuarios.
Son deberes de los usuarios de los Centros:
a) Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen Interno, así como los acuerdos e instrucciones emanados de los órganos directivos.
b) Respetar el buen uso de las instalaciones del Centro y colaborar en su mantenimiento.
c) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del Centro y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.
d) Poner en conocimiento de la Dirección del Centro las anomalías o irregularidades que se observen en el mismo.
e) Abonar puntualmente el importe de las liquidaciones de estancias y los precios de los servicios según la normativa vigente.
f) Declarar cualquier variación en sus ingresos y bienes que pueda repercutir en la determinación del precio público exigible.
g) Respetar la duración de permanencia autorizada en el Centro en el caso de estancias temporales.
Artículo 50. Distinciones.
El órgano de participación de cada Centro podrá proponer al Instituto Aragonés de Servicios Sociales la concesión de «mención honorífica» a favor de aquellos usuarios que, por su especial dedicación al mismo, considere merecedores de tal distinción.
Artículo 51. Faltas.
1. Se considerarán faltas leves:
a) Faltar a la consideración debida al Director, personal del Centro, resto de usuarios o visitantes.
b) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando situaciones de malestar en el Centro.
c) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del Centro o perturbar las actividades del mismo.
d) Promover o participar en discusiones alteradas o violentas de forma pública, en perjuicio de la convivencia.
e) No respetar el silencio necesario durante las horas de reposo y descanso.
2. Se considerarán faltas graves:
a) La reincidencia en las faltas leves.
b) Alterar las normas de convivencia de forma habitual creando situaciones de malestar en el Centro.
c) Pernoctar fuera del Centro residencial sin previa notificación.
d) Faltar gravemente a la consideración debida al Director, personal del Centro, resto de usuarios o visitantes.
e) Sustraer bienes del Centro, del personal, usuarios o visitantes.
f) La demora injustificada de un mes en el pago de las estancias.
g) Utilizar en las habitaciones de los Centros aparatos y herramientas no autorizados.
h) Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o servicio.
3. Se considerarán faltas muy graves:
a) La reincidencia en las faltas graves.
b) La agresión física o los malos tratos graves hacia el Director, el personal, los usuarios o los visitantes.
c) Ocasionar daños graves en los bienes del Centro o perjuicios notorios al desenvolvimiento de los servicios o a la convivencia en el Centro.
d) Falsear u ocultar datos relevantes para la determinación del precio público a abonar.
e) La sustracción de bienes del Centro, del personal, de los usuarios o de los visitantes, cuando este hecho sea constitutivo de delito.
f) La demora injustificada de dos meses en el pago de las estancias.
g) Ausentarse del Centro residencial por tiempo superior al permitido por su Director o por el Reglamento de Régimen Interno.
h) Permanecer en el Centro residencial por tiempo superior al autorizado.
Artículo 52. Sujetos responsables.
Serán sujetos responsables los usuarios que incurran en alguna de las faltas contenidas en el artículo anterior. El carácter disciplinario de las mismas no exonerará de las posibles responsabilidades civiles o penales.
Artículo 53. Sanciones.
Las sanciones que pueden imponerse a los usuarios que incurran en alguna de las faltas mencionadas anteriormente serán las siguientes:
1. Por faltas leves:
a) Amonestación verbal o escrita.
2. Por faltas graves:
a) Inhabilitación para formar parte de cualquier órgano de representación de los usuarios o para participar en asambleas o actos públicos de los mismos por un período no superior a un año.
b) Traslado temporal a otro Centro por un período de uno a seis meses.
c) Expulsión temporal del Centro por un período inferior al mes.
3. Por faltas muy graves:
a) Inhabilitación para formar parte de cualquier órgano de representación de los usuarios o para participar en asambleas o actos públicos de los mismos por un periodo de uno a cinco años.
b) Traslado temporal a otro Centro por un período superior a seis meses.
c) Expulsión temporal del Centro de uno a seis meses.
d) Expulsión definitiva del Centro.
e) Expulsión definitiva del Centro con inhabilitación para pertenecer a cualquier otro Centro similar.
Artículo 54. Centros de menores.
El régimen de las faltas y sanciones aplicables a los menores contará con regulación propia en atención a los fines pedagógicos de los Centros.
Artículo 55. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador de las faltas tipificadas se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la normativa que regule la materia.
2. La incoación del expediente sancionador corresponde a la Dirección del Centro. Esta lo elevará en el caso de faltas graves o muy graves, con la propuesta de sanción pertinente, al órgano competente para su resolución.
3. Las sanciones serán impuestas en los casos de:
a) Faltas leves, por el Director del Centro.
b) Faltas graves, por el Director Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
c) Faltas muy graves, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Artículo 56. Recursos.
Contra la sanción impuesta podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que la dictó, en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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La Disposición Final Segunda pasa a ser Disposición Final Tercera y se añade una nueva Disposición Final Segunda con la siguiente redacción:
Disposición final segunda. Se faculta al Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para aprobar los Reglamentos de Régimen Interno de los Centros Sociales.
Se modifican los artículos 17, 55 y 61 de la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud, en la redacción dada por la Ley 8/1999, de 9 de abril, que quedan redactados como sigue:
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Se añade un nuevo apartado al artículo 17.1, con la siguiente redacción:
m) La gestión de los edificios y servicios asistenciales adscritos al Organismo Autónomo, así como la propuesta de homologación de equipamientos y suministros en régimen centralizado para el organismo autónomo y la homologación de equipamientos y suministros clínicos, farmacéuticos y asistenciales.
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Se añaden dos nuevos apartados al artículo 55, con la siguiente redacción:
4. Corresponde al Servicio Aragonés de Salud la confección, tramitación, gestión y liquidación de las nóminas del personal adscrito al organismo autónomo.
5. Corresponde al Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud:
a) Proponer la elaboración y actualización de las relaciones de puestos de trabajo del organismo autónomo.
b) La convocatoria y resolución de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de dicho organismo autónomo, que correspondan a funcionarios de la Escala Sanitaria Superior, Escala Técnica Sanitaria, Escala de Ayudantes Facultativos (Clase de Especialidad Especialistas Sanitarios), Escala Auxiliar de Enfermería y Clases de Especialidad de Farmacéuticos de Administración sanitaria y Veterinarios de Administración sanitaria.
c) La convocatoria y gestión de las listas de espera de personal interino para la provisión de puestos de trabajo que correspondan a funcionarios de las Escalas y Clases de Especialidad señaladas en el apartado anterior, conjuntamente con el Departamento de Agricultura en el caso de Veterinarios de Administración sanitaria.
d) La redistribución de funcionarios con destino definitivo en puestos no singularizados del organismo autónomo en los términos establecidos reglamentariamente.
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Se modifica el artículo 61 de la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud, que pasa a tener la redacción siguiente:
1. El régimen jurídico de los actos emanados del Servicio Aragonés de Salud será el establecido en la presente Ley, así como el señalado en la normativa específica de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre el procedimiento común a todas las Administraciones públicas.
2. Contra los actos administrativos dictados por los órganos jerárquicamente inferiores del Servicio Aragonés de Salud, podrán interponer los interesados los recursos administrativos procedentes ante el Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, cuyas resoluciones al respecto pondrán fin a la vía administrativa.
3. Los actos administrativos dictados por el Director Gerente que no agoten la vía administrativa podrán impugnarse mediante los recursos administrativos procedentes, ante el Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las resoluciones del Consejero en el ejercicio de sus competencias agotan la vía administrativa.
Se modifican los artículos 15 y 17 de la Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que quedan redactados como sigue:
Se añade un nuevo apartado al artículo 15, con la siguiente redacción:
l) La gestión de los edificios y servicios asistenciales adscritos al organismo autónomo, así como la propuesta de homologación de equipamientos y suministros en régimen centralizado para el organismo autónomo y la homologación de equipamientos y suministros clínicos, farmacéuticos y asistenciales.
Se añaden dos nuevos apartados al artículo 17, con la siguiente redacción:
3. Corresponde al Instituto Aragonés de Servicios Sociales la confección, tramitación, gestión y liquidación de las nóminas del personal adscrito al organismo autónomo.
4. Corresponde al Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales:
a) Proponer la elaboración y actualización de las relaciones de puestos de trabajo del organismo autónomo.
b) La convocatoria y resolución de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de dicho organismo autónomo que correspondan a funcionarios de la Escala Sanitaria Superior, Escala Técnica Sanitaria, Escala Técnica Facultativa (Clase de Especialidad Asistentes Sociales), Escala de Ayudantes Facultativos (Clase de Especialidad Especialistas Sanitarios) y Escala Auxiliar de Enfermería.
c) La convocatoria y gestión de las listas de espera de personal interino para la provisión de puestos de trabajo que correspondan a funcionarios de las Escalas y Clases de Especialidad señaladas en el apartado anterior.
d) La redistribución de funcionarios con destino definitivo en puestos no singularizados del organismo autónomo en los términos establecidos reglamentariamente.
El párrafo segundo del artículo 18.4. de la Ley 4/1998, de 8 de abril, queda redactado en los siguientes términos:
Las actuaciones que obtengan subvención en procedimientos sujetos a convocatoria general no podrán disfrutar de subvención complementaria con base en el procedimiento de concesión de subvenciones no sujetas a convocatoria específica. Excepcionalmente, cuando los beneficiarios sean entidades locales aragonesas, podrá ampliarse la subvención concedida, por razones de interés público fundamentadas en necesidades derivadas de la ejecución del Programa de Política Territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo señalado en el artículo 261 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
(Derogado)
Durante el ejercicio económico de 2001, las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de sus estatutos y objeto social, podrán gestionar actuaciones de competencia de los Departamentos y organismos públicos de la Administración autonómica, que serán financiadas con cargo a los créditos establecidos en las distintas secciones presupuestarias del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o con cargo a las dotaciones de los respectivos presupuestos de los organismos públicos.
La gestión de estas actuaciones se someterá a las siguientes condiciones y trámites:
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Se formalizarán a través de encargos de ejecución por los titulares de los Departamentos y los presidentes o directores de los organismos públicos correspondientes en los que figurarán los compromisos y obligaciones que asumiere la empresa, así como las condiciones en que se realiza el encargo.
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La determinación del importe de la actuación se efectuará según valoración económica definida en el proyecto correspondiente o del presupuesto técnico de la actuación. En ningún caso podrá ser objeto de encargo de ejecución la contratación de suministros.
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El pago se efectuará con la periodicidad establecida en el encargo de ejecución y conforme a la actuación efectivamente realizada.
No obstante, podrá efectuarse un anticipo de hasta el 10 por 100 de la primera anualidad correspondiente a cada encargo de ejecución, de acuerdo con lo establecido en la letra b) de este apartado.
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Los gastos generales y corporativos de la empresa podrán ser imputados al coste de las actuaciones encargadas, hasta un máximo del 6 por 100 de dicho coste.
En las actuaciones financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea deberá asegurarse la elegibilidad de estos gastos, de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria.
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Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley ostenten la condición de alto cargo de la misma, serán declarados en la situación de servicios especiales con efectos de esa misma fecha y reserva del puesto que ocupaban en destino definitivo en el momento de su nombramiento como alto cargo, si ello es posible.
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Si dicho puesto hubiera sido provisto ya con otro funcionario en destino definitivo o suprimido de la relación de puestos de trabajo, se le reservará el primer puesto del mismo nivel y régimen de dedicación que quede vacante en la misma área funcional del Departamento y localidad donde se encontraba adscrito el puesto en que cesó.
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Si al ser cesado como alto cargo no tuviese reservado puesto alguno, se procederá con motivo de su reingreso al servicio activo a la creación, en un plazo máximo de 15 días, de un puesto análogo al que debería tener reservado.
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A los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que antes del 14 de enero de 1997 hubiesen ostentado la condición de alto cargo de la misma y hubiesen cesado antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se les adjudicará un puesto de trabajo análogo, en la misma localidad y Departamento, con las mismas características económicas y funcionales al que tenían reservado antes de la entrada en vigor de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley de ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, salvo que se les hubiera adjudicado otro puesto mediante su participación en una convocatoria pública y optasen por permanecer en el adjudicado.
El tiempo de desempeño del puesto asignado desde el cese se computará como desempeñado en el puesto que les sea adjudicado en su caso, en aplicación de la presente disposición.
Si no existiese puesto vacante de las características apropiadas, se creará uno de ellas en el plazo de 15 días.
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Lo dispuesto en el apartado precedente será aplicable a los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que se encuentren en la situación administrativa de servicios especiales en la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
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Quedan derogados los siguientes artículos:
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Artículo 3 de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas.
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Artículo 1 de la Ley 12/1998, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
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Artículo 1 de la Ley 15/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
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Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango a la presente Ley, en cuanto se opongan a lo establecido en la misma.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2001.
Zaragoza, 27 de diciembre de 2000.
MARCELINO IGLESIAS RICOU, Presidente
