Ley Foral de desarrollo Rural de Navarra (Ley Foral 17/2003, de 17 de marzo)
| Publicado en | BON |
| Ámbito Territorial | Normativa de Navarra |
| Rango | Ley Foral |
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de Desarrollo Rural de Navarra.
En los últimos años se observa una mejora significativa del crecimiento económico de la Unión Europea.
Sin embargo, este crecimiento no ha sido continuo ni uniforme en el espacio comunitario, sino que la actividad económica de la Unión Europea se encuentra fuertemente concentrada en las regiones más urbanizadas donde el PIB por habitante es superior en un 14 por 100 a la media.
Las zonas rurales de la Unión Europea, que representan el 80 por 100 de su territorio, donde vive el 25 por 100 de la población, están gravemente amenazadas por las transformaciones económicas y especialmente las reestructuraciones del sector agrario:
Los problemas de las zonas rurales son también el resultado de los actuales procesos económicos a escala mundial.
La actividad agraria sigue siendo un componente esencial de la economía rural, pero no basta por sí sola para garantizar la viabilidad y el desarrollo equilibrado de los espacios rurales.
Se prevé que, a largo plazo en Europa, se producirá una expansión del empleo en el sector de los servicios, asociada a un descenso significativo en la agricultura y la industria.
Consecuencia de esta presión sobre los ingresos de zonas con una débil infraestructura, la densidad de la población disminuye y hace difícil mantener una oferta de equipamientos suficientemente sobre los que basar el desarrollo económico de las mismas, generando un efecto espiral de carácter muy negativo.
El mundo rural se halla sometido a la presión que ejercen al menos dos tendencias enfrentadas: una que reconoce el carácter multifuncional de aquélla y que, en consecuencia, se muestra favorable hacia la reestructuración social de las funciones para las que no existe mercado, y otra que sólo contempla su carácter productivo y que presiona hacia la desregulación y la liberalización del comercio mundial agroalimentario. En este marco, el desarrollo rural constituye un aspecto cada vez más importante en el discurso de la intervención pública, obligando además a la reconsideración de las estrategias sectoriales tradicionales ante la importancia de la dimensión territorial en las políticas a favor del medio rural.
Dichas políticas, en nuestro contexto europeo, en mayor o menor grado, coinciden en la definición de tres objetivos concretos de mejora, que se resumen en uno, que es desarrollar la competitividad territorial de las zonas rurales, mediante una gestión racional que implique:
Competitividad económica, proporcionando alimentos saludables y de calidad y una mayor diversificación e intersectorialidad de la producción agraria, junto a una valorización de la producción en el medio rural en general.
Competitividad social, mejorando el acceso de la población rural a niveles de calidad de vida similares al resto de la sociedad.
Competitividad ambiental, fomentando la protección, mejora y enriquecimiento del patrimonio natural y cultural de las zonas rurales, proporcionando servicios basados en la puesta en valor de dicho patrimonio.
Competitividad en el contexto global, facilitando la cooperación y participación de los agentes locales y abriendo el territorio al exterior a partir del fortalecimiento de sus propias señas de identidad, diferenciabilidad como potencial de desarrollo.
El futuro del medio rural de Navarra constituye por tanto un reto de la sociedad en su conjunto. Por tanto, deberá ser éste un espacio que, impregnado en los principios de la multifuncionalidad, viva un nuevo modelo de desarrollo que discrimine favorablemente el apoyo público hacia la explotación familiar agraria, las zonas desfavorecidas, el medio ambiente y el patrimonio cultural.
Navarra disfruta de un espacio rural extraordinariamente rico en biodiversidad pero se enfrenta a los mismos retos de las otras zonas rurales de la Unión Europea, por lo que es necesario adecuar los equipamientos y servicios, como es el caso de la educación, sanidad o vivienda, factores que, junto a la falta de oportunidades de empleo y la escasez de rentas, derivadas de unas economías centradas en el sector agrario, suponen un obstáculo para la pervivencia del medio rural.
La mejora de la calidad de vida responde no sólo a la necesidad de atender las demandas básicas de la actual población, sino que es necesario establecer medidas y actuaciones que vayan orientadas a mejorar el atractivo residencial de dichas zonas.
El acceso a la educación se concibe como elemento clave para la fijación de la población en el territorio.
Aproximar la educación a las zonas rurales como instrumento fundamental de articulación territorial, ofertando una enseñanza de calidad, mediante la definición de una estructura educativa y unos diseños curriculares adaptados a las peculiaridades del medio rural navarro, así como mejorando su atractivo como destino laboral para los profesionales de la enseñanza.
La disponibilidad de una oferta de vivienda adecuada debe ser otra prioridad. La existencia de un número de viviendas y edificios abandonados exige una política agresiva que contribuya a su conservación, dé respuesta a la demanda de vivienda existente y ponga en valor una parte sustancial de nuestro patrimonio y de nuestra oferta a la vez.
El desarrollo de las zonas rurales exige también una discriminación positiva en la oferta sanitaria.
Las infraestructuras tienen un papel fundamental para mejorar el atractivo del espacio rural en la medida que inciden tanto sobre la instalación de las empresas como sobre la calidad de vida de la población. Debe afrentarse un Plan específico de infraestructuras en el medio rural que abarque el ámbito energético, de telecomunicaciones, abastecimiento y depuración de aguas, culturales, suelos industriales...
En este aspecto merece destacar la importancia de las infraestructuras de información y comunicación como factor de vertebración del espacio y como mejor manera de no perder el tren definitivo del desarrollo autonómico y equilibrado a nivel planetario.
La inversión de las tendencias de despoblamiento del espacio rural exige recuperar todos aquellos activos que caracterizan y sobre los que se asientan sus respectivas comunidades. Será preciso incidir preferentemente sobre los jóvenes y las mujeres en la medida en que ambos colectivos son los más afectados por el desempleo y son los principales protagonistas de los procesos de éxodo rural, desarrollando medidas que discriminen positivamente la creación de empleo para estos colectivos, potenciando el papel de la mujer en la actividad económica y local. Debemos ser capaces también de mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.
Asimismo, una política de desarrollo rural del siglo XXI debe contemplar en lo posible que los territorios rurales se vayan convirtiendo en receptores de población procedente de otros espacios, estableciendo incentivos y sistemas que faciliten la organización de la acogida de nuevas poblaciones en condiciones satisfactorias (vivienda, servicios...) como ya está sucediendo en otras regiones de nuestro entorno europeo más inmediato (por ejemplo el macizo central francés), fortaleciendo las dinámicas de adaptación y revitalización del medio rural navarro.
Por ello surge la necesidad de establecer una política de desarrollo rural participativa, concertada y estable.
Arbitrar un marco estable que posibilite la articulación de las políticas sectoriales y la participación de los agentes económicos y sociales del ámbito local. Es necesario actuar de forma planificada, articulando la integración de políticas sectoriales y el establecimiento de una estrategia específica dirigida al medio rural.
Los problemas de desarrollo del medio rural no deben considerarse como resultado de la oposición entre zonas rurales y zonas urbanas, sino como consecuencia de una problemática común de ordenación del territorio que atañe a una Comunidad compuesta por núcleos rurales y urbanos.
Es necesario buscar un nuevo equilibrio entre los valores de áreas urbanas y no urbanas, de forma que se tenga en cuenta la complementariedad con las políticas de ordenación territorial y otras de incidencia espacial en el medio rural navarro.
Una nueva política de desarrollo rural debe reflejar la interdependencia entre la ciudad y las zonas rurales, promover un nuevo equilibrio entre ellas y debe adoptar medidas para la financiación estructural de los objetivos que se consideren importantes para toda la población.
Cada comarca de Navarra tiene un perfil propio que debe servir de base para los planes de desarrollo de cada zona.
Se debe reforzar la responsabilidad propia de cada zona con arreglo al principio de subsidiariedad, para que la intervención de los fondos tenga mayor proximidad al ciudadano, eficacia y transparencia...
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