Ley de Disciplina Urbanística de Baleares (Ley 10/1990, de 23 de octubre)

Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciónes e Instalaciones deberán mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad.

Los ayuntamientos y en su casó los organismos competentes en materia de disciplina urbanística, de oficio o a instancia de cualquier persona, ordenarán la adopción de medidas necesarias para conservar dichas condiciones.

Antes de dictar una orden de ejecución, se deberá de dar audiencia al interesado. La orden de ejecución deberá de fijar detalladamente las obras a realizar.

A los efectos de lo que se dispone en el artículo anterior, el organismo que haya cursado la orden de ejecución concederá al propietario un plazo acomodado a la envergadura de las medidas a adoptar para que proceda al cumplimiento de lo ordenado. Transcurrido el cual, si no lo hubiera ejecutado podrá concederse un último e improrrogable plazo para la ejecución ordenada que, si no se cumple, se llevará a efecto por el organismo requirente, a costa de lo obligado a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1. El govern de la Comunidad Autónoma, los consells insulares o los ayuntamientos y en su casó los organismos competentes podrán también ordenar, por motivos de interés estético, de Conservacion del Patrimonio Histórico, artístico y arquitectónico, la ejecución de las obras de Conservacion y Reforma de fachadas o espacios visibles desde la via pública.

2. Las obras serán ejecutadas a cargo de los propietarios, si suponian un aumentó de valor para el inmueble hasta dónde esté alcance, y con cargo a los fondos de la entidad que lo ordene cuándo se sobrepasen estos límites por razones de interés general.

En casó de incumplimiento por parte de los propietarios, se estará a lo que se dispone en el artículo anterior.

1. La tramitación y la aprobación de los Proyectos de urbanización se han de ajustar a lo que dispone la legislación vigente.

2. En el casó de las urbanizaciones de iniciativa particular, los promotores de estás estarán obligados, previamente al inició de las obras, a comunicar al organismo actuante la identidad de la Empresa Constructora y de La Dirección facultativa de las obras. Además de las garantías exigidas por la aprobación definitiva del plan correspondiente, los promotores vendrán obligados a constituir, previamente al inició de las obras, ante dicho organismo, una garantía del 6 por 100 del importe total de las obras.

3. El incumplimiento por quién corresponda de las obligaciones contraídas en general y de la realización de la urbanización en particular, con sujeción al plan de etapas del plan correspondiente, facultará a la administración actuante, previa la tramitación del expediente ordinario, para adoptar alguna o algunas de las medidas siguientes:

   1. subrogación de la administración en su ejecución.

   2. expropiación de los terrenos comprendidios en el ámbito del plan incumplido.

4. La adopción de las medidas previstas en el apartado anterior corresponderá a la administración actuante, que, consecuentemente, acordará el cambio de Sistema de compensación por el de cooperación o de expropiación.

   En el expediente tramitado a estos efectos se incluirán una valoración del suelo, según la calificación urbanística inmediata anterior a la aprobación del plan general, y una valoración de la obra útil ya realizada según la legislación vigente.

   La administración actuante, por medio de los propios Actos, o bien a Traves de una Gerencia, procederá a la ejecución del plan correspondiente, con la finalidad de introducir en el Mercado inmobiliario los terrenos debidamente urbanizados y a supervisar las transmisiones para que las cantidades que hayan de recibir los promotores del plan correspondiente, responsables de la ejecución de las obras hasta esté momento, se correspondan exactamente con la valoración antes mencionada.

   En estos supuestos, la administración actuante exigirá el pago anticipado de las cantidades a cuenta de los Gastos de urbanización con cargo al promotor.

1. En los planes parciales que tienen por objeto urbanizaciones de iniciativa particular, los compromisos que contraigan los promotores han de expresar, además de las determinaciones legalmente establecidas, las siguientes:

   1. no se procederá a la parcelación urbanística, ni mediante un documento privado ni mediante un documento público, traslativo del dominio en el ámbito del plan parcial, hasta que no se haya obtenido la licencia de parcelación.

   2. una vez obtenida la licencia de parcelación, tanto en los documentos públicos cómo en los privados, traslativos del dominio

      De las parcelas resultantes, se hará constar la exigencia de la junta de compensación, o Conservacion, en su casó, a la adhesión del adquiridor a sus estatutos.

   3. el promotor deberá consignar en la documentación del plan, además de las determinaciones previstas en la legislación vigente, justificación de su potencial suficiencia en Relacion con la evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y de la Implantacion de servicios.

2. Los propietarios de suelo objeto de un plan parcial de Promocion privada están obligados, al menos, a las cesiones y las cargas de urbanización establecidas para el suelo urbanizable programado en la legislación urbanística vigente.

3. Previamente a la aprobación de estos planes de Promocion privada se formalizará el compromiso del promotor de ejecutar y, en su casó, de conservar la urbanización según el plan, asi cómo las garantías reales y obligaciones que aseguren el cumplimiento de esté, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación urbanística.

1. Las garantías para asegurar la obligación de urbanizar pueden constituirse:

   1. en metálico.

   2. mediante hipoteca de los terrenos susceptibles de edificación privada y comprendidos en el sector objeto de urbanización, a excepción del suelo objeto de cesión del 10 por 100 del aprovechamiento medio. Está hipoteca se ha de posponer automáticamente a cualquier otra que se constituya con la finalidad de garantizar créditos destinados a financiar las obras de urbanización.

   3. en Titulos de deuda pública del estado o de la Comunidad Autónoma de las islas baleares, o de cualquier otro ente local en cuyo territorio se lleve a Cabo la actuación urbanística particular.

   4. mediante aval, que ha de ser otorgado por un Banco Oficial o privado, inscrito en el Registro General de bancos y banqueros, o por una Caja de ahorros que pertenezca a las cajas confederadas, o por una entidad de seguro.

   5. mediante hipoteca de terrenos dentro del propio término municipal, susceptibles de edificación privada, situados fuera del sector objeto de urbanización, de un valor suficiente para cubrir el importe de la garantía.

2. La constitución de la garantía se ha de realizar en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente de la notificación del requerimiento que con está finalidad formule la administración actuante, una vez adoptado el acuerdo de aprobación definitiva del plan, y siempre será requisito previó a la ejecución de cualquier obra de urbanización y a la publicación del acuerdo de la aprobación definitiva.

3. En casó de subrogación de una Entidad Pública en lugar de la que inició el procedimiento, la subrogación tendrá, respecto a la garantía constituída, la facultad de Disposición que correspondería a la Primera.

4. La garantía se ha de constituir en la depositaría de fondo de la Entidad Pública correspondiente a Disposición del Alcalde o del Organo competente.

5. Las fianzas prestadas por personas o entidades diferentes del promotor de la urbanización están sujetas en todos los casos a las mismas responsabilidades que las constituidas por el mismo promotor. En esté supuesto, incluso cuándo la fianza se haga mediante aval, no se podrá utilizar el benefició de excusión al que se refiere el artículo 1.830 y concordantes del Codigo civil.

Se deberán establecer por Reglamento:

1. la forma de depositar los Titulos de deuda pública o los avales.

2. la formalización de las variaciones que experimenten las fianzas.

3. el Modelo de aval y los Requisitos de su autorización.

4. el procedimiento para actuar contra una garantía dejada mediante aval.

5. cualquier otra Norma complementaria de lo establecido en los artículos precedentes.

1. Las sanciones que se impongan en materia de ejecución de obras de urbanización y las indemnizaciones que corresponda satisfacer se efectuarán a Costa de la fianza. El promotor estará obligado a reponer dicha fianza.

2. Cuándo la fianza no sea suficiente para satisfacer las responsabilidades a las que se refiere el apartado anterior, la administración procederá a cobrar la diferencia mediante la ejecución sobre el patrimonio del promotor.

1. El promotor de un plan o proyecto de urbanización de iniciativa privada quedará liberado de la obligación de ejecución en el acta de entrega, de lo que corresponda a la entidad local otorgante.

2. El promotor se liberará de la obligación de Conservacion por la cesión al Ayuntamiento de las obras de urbanización, instalación y dotaciones, en el plazo establecido por el plan o por Disposición de carácter general o por constitución de la correspodiente entidad urbanística de Conservacion si asi lo prevé el plan o los compromisos entre el promotor y los futuros propietarios.

3. Las garantías constituidas por el promotor se cancelarán o se retornarán cuándo se acredite en el expediente la entrega de todos los terrenos que sean de cesión obligatoria o gratuita, según el plan, asi cómo la cesión de las obras de urbanización e Instalaciones y dotaciones, el proyecto de urbanización si es sustituido en sus obligaciones por una entidad urbanística colaboradora de compensación o de Conservacion, no se cancelarán ni se devolverán las garantías hasta que dicha entidad las haya constituido de manera conveniente.

1. Las licencias de parcelación no se pueden otorgar si antes no ha sido aprobado un plan general o, en su defecto, el plan especial que lo desarrolle, cuándo afecte a suelo urbano, o sin la previa aprobación del plan parcial del sector correspondiente en el casó de suelo urbanizable.

2. Cualquier licencia de parcelación se otorgará previa presentación del proyecto correspondiente, que ha de constar de los siguientes documentos:

   1. la Memoria justificativa de la procedencia sobre la basé del plan general previsto o plan parcial de las dimensiones de las parcelas o por lotes en cada zona.

   2. el plan parcelario a Escala adecuada que detalle tanto las parcelas divisibles cómo las indivisibles e indique la ubicación de zonas verdes, de espacios libres, de dotaciones de equipamientos, de servicios y de suelo correspondiente a la cesión de aprovechamiento medio del sector o, en su casó, de los polígonos de actuación del plan.

3. Cuándo alguno de los puntos Exigidos en los documentos a los que se refiere el número anterior conste en los instrumentos del planeamiento aprobados con carácter definitivo, la inclusión de estos puntos podrá ser sustituida por la certificación del Organo competente de la que resulten las indicaciones necesarias que con está finalidad acompañaran al proyecto de parcelación.

4. En el suelo rústico de les Illes Balears será de aplicación lo que dispone el artículo 259.3 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y por ello los notarios y los registradores de la propiedad exigirán, para autorizar e inscribir respectivamente, escrituras de división de terrenos que se acredite el otorgamiento de la licencia o la declaración municipal de la no necesidad, que los notarios deberán testimoniar en el documento público.

La Inspeccion urbanística es la actividad que los Organos administrativos competentes en materia de edificación y uso del suelo han de realizar con la finalidad de comprobar que una y otra se ajusten a las especificaciones del ordenamiento urbanístico.

A estos efectos, corresponde a la Inspeccion urbanística:

1. vigilar y controlar la actuación de todos los implicados en el Proceso constructivo y de utilización del suelo e informarlos y asesorarlos sobre los aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada.

2. constatar y denunciar Todas las anómalias que se observen.

3. informar sobre la adopción de medidas cautelares, correctivas y sancionadoras que se juzguen convenientes para el mantenimiento de la disciplina urbanística.

4. cualesquiera otras funciones asesoras, inspectoras y de control urbanístico que le sean encomendadas por la autoridad de la que dependa.

1. El control de la legalidad urbanística y la función inspectora será desarrollada por los siguientes organismos en el ámbito de sus respectivas competencias:

   -los Ayuntamientos;

   -los Consells Insulares.

2. Asimismo, el control de la legalidad urbanística y coadyuvar a la función inspectora podrá desarrollarse por entidades creadas por acuerdo entre las administraciones del ámbito local, insular o autonómico.

1. Los funcionarios en ejercicio de funciones inspectoras tendrán la consideración de agentes de la autoridad, y en el ejercicio de estos estarán facultados para requerir y examinar toda clase de documentos relativos al planeamiento, comprobar y adecuar los Actos de edificación y uso del suelo a la normativa urbanística aplicable y obtener la información necesaria para el desarrolló de estás funciones.

   A estos efectos, deberán ir provistos de documento Oficial que acredite su condición, con el que tendrán libre acceso a los edificios o locales dónde se realicen las obras o los usos que pretendan inspeccionar, de acuerdo con las Disposiciones legales que sean de Aplicación.

2. Las actas levantadas por los funcionarios relacionados en el apartado anterior, en el ejercicio de las competencias propias en materia de disciplina urbanística, darán fe en via Administrativa de los hechos que se reflejen en el mismo, excepto prueba en contrario. Estás actas deberán ser firmadas por el propietario, por el contratista, por los Tecnicos Directores de obras, por su representante legal o, si se encontrasen ausentes, por quién se encuentre al frente de las obras o, en último extremo, por cualquier dependiente. La negativa a firmar el acta no supondrá en ningún casó paralización o Archivo de las posibles actuaciones siguientes motivadas por el contenido de dicha acta. La firma del acta no implica aceptar su contenido.

Los hechos que figuran en las actas de Inspeccion darán lugar a la actuación de oficio del diferente Organo urbanístico competente.

1. Cada Ayuntamiento deberá establecer su propio Servicio de Inspeccion urbanística, a no ser que mediante Convenio con el consell insular acuerde que el Servicio de Inspeccion constituido a tal fin, con carácter exclusivo, se encargue del ejercicio de las funciones inspectoras en un determinado municipio.

2. Emitida el acta por el Servicio insular de Inspeccion, se Dara trasladó de la misma al Ayuntamiento respectivo. Esté, en el plazo de quince días desde que ha recibido la notificación, comunicará si ha incoado expediente sancionador por el mismo acto. Transcurrido dicho plazo sin que el Ayuntamiento correspondiente comunique la apertura del expediente sancionador, se incoará y tramitará hasta su resolución dicho expediente por el Organo competente del consell insular.

Dicho plazo será de Díez días en las presuntas infracciones tipificadas cómo muy graves por está ley.

Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren las Prescripciones contenidas en está ley, en La Ley del suelo y en los reglamentos de está, en los planes, en los Programas, en las normas y en las ordenanzas. Toda actuación que contradiga las normas o el planeamiento urbanístico en vigor Dara lugar a:

1. La adopción por parte de la administración competente de las medidas necesarias para que se proceda a la restauración del orden Juridico infringido y de la realidad Fisica alterada o transformada cómo consecuencia de la actuación de está. La obligación de resarcimiento de daños y perjuicios correrá a cargo de los que sean declarados responsables.

2. La Iniciacion de los Procedimientos de suspensión y anulación de Actos administrativos en los que presuntamente se pudiera amparar la actuación ilegal.

3. La adopción de las medidas complementarías previstas en está ley.

4. La imposición de sanciones a los responsables, previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de las posibles responsabilidades de orden penal en las que hubieran incurrido.

La administración actuante estará obligada a exigir de los propietarios la legalización de las obras o actuaciones efectuadas sin licencia u orden de ejecución, o sin ajustarse a estás y a incoar el correspondiente expediente sancionador y, si procede, a ordenar y hacer ejecutar la orden de demolición cuándo aquéllas no pudieran ser legalizadas.

Se consideran infracciones urbanísticas:

1. En materia de edificación y uso del suelo:

   1. la vulneración del ordenamiento urbanístico en el otorgamiento de una licencia u orden de ejecución.

   2. las actuaciones que, sujetas a licencias o a otra autorización Administrativa de carácter urbanístico, se realicen sin está, sean o no legalizables en atención a la conformidad o disconformidad con la normativa urbanística aplicable.

   3. las actuaciones que se realicen en contra de las determinaciones de la licencia, orden de ejecución o autorización Administrativa de carácter urbanístico.

   4. la falta de disponibilidad de copia autorizada de la licencia a pie de obra, asi cómo del cartel indicador en la manera prevista en el apartado 7 del artículo 6. De está ley.

   5. No someter el edificio a la inspección técnica cuando esté obligado por la normativa vigente.

2. En materia de Gestion urbanística y parcelación:

   1. el fraccionamiento simultáneo o sucesivo de terrenos, clasificados cómo no urbanizables, en régimen general, cuándo vaya destinado a la creación o Implantacion de usos edificatorios que contradigan las normas sobre posibilidad de formación de núcleo de población o vulneren las previsiones del planeamiento urbanístico en cuanto a Parcela mínima o destinación del suelo.

   2. los cierres de cualquier tipo de parcelas en suelo no urbanizable o urbanizable no programado sin programa de actuación urbanística aprobado cuándo la división o segregación se hubiera efectuado en contra de lo que disponga la legislación Agraria en materia de unidades mínimas de cultivó o del planeamiento urbanístico, asi cómo en cualquier tipo de construcción en aquéllas parcelas.

   3. el incumplimiento de los compromisos derivados del planeamiento y de la Gestion urbanística en general y de los planes parciales en particular.

   4. el fraccionamiento simultáneo o sucesivo de terrenos clasificados cómo no urbanizables de especial Proteccion, cuándo vaya destinado a la creación o Implantacion de usos edificatorios que contradigan las normas sobre posibilidad de formación de núcleos de población o vulneren las previsiones del planeamiento urbanístico en cuanto a Parcela mínima o destinación del suelo.

3. En materia de Medio Ambiente:

   1. las talas, las quemas y los abatimientos de árboles que infrinjan las Disposiciones de Aplicación en los terrenos que constituyan masa arbórea o que el plan de ordenación haya clasificado cómo espacio boscoso, bosque, forestal, arboleda, áreas de especial Proteccion o parqué que se ha de conservar y proteger o cerrar, estén o no sometidos al régimen forestal especial.

   2. la extracción de Aridos sin las correspondientes autorizaciones.

   3. la perforación y la extracción de água sin las correspondientes autorizaciones.

   4. los vertidos no autorizados de aguas residuales sin depurar o residuos sólidos, con excepción de los residuos orgánicos de la explotación Agricola y ganadera.

   5. actuaciones que afecten negativamente a los espacios protegidos por la legislación o planeamientos vigentes.

   6. la destrucción o deterioro de edificios o monumentos Historico-Artísticos o catalogados.

   7. la Implantacion de servicios úrbanos en suelo no urbanizable, sin la autorización previa.

   8. apertura de caminos que no respondan a las necesidades de la explotación Agraria, forestal o ganadera que supongan un cambio en el Destino o en la naturaleza de las fincas afectadas, excepto en el casó de declaración de utilidad pública o interés Social.

   9. La utilización de vehículos a motor, campo a través o fuera de pistas o caminos delimitados al efecto en las áreas de especial protección y en los espacios naturales protegidos incluidos en el ámbito de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

1. Las infracciones urbanísticas se clasifican en graves y leves.

2. Son infracciones graves las acciones u omisiones que, violando el ordenamiento urbanístico, afecten los bienes y los intereses protegidos por esté y les causen un daño directo y de importancia o creen un riesgo cierto e igualmente importante.

Tienen el carácter de graves las infracciones que constituyan incumplimiento de las normas sobre parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen y situación de las edificaciónes y ocupación permitida de la superficie de las parcelas, excepto que en el expediente sancionador se demuestre la escasa entidad del daño producido en los intereses generales, o del riesgo creado en Relacion con estos.

1. Cuándo, con ocasión de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción urbanística, se considere que de los documentos aportados o de la misma infracción se desprenden indicios del carácter de delito o falta de hecho, el Organo competente para imponer la sanción, por si mismo o a propuesta del instructor del expediente, lo pondrá en conocimiento de los Tribunales de justicia, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores.

2. Igualmente, cuándo se presuma que pueden resultar afectados bienes o competencias de otras administraciones u organismos públicos, se pondrán los hechos en conocimiento de estos, a los efectos previstos en el artículo 55 de La Ley de bases de régimen local.

1. En las actuaciones que se ejecuten sin licencia o con inobservancia de sus cláusulas serán sancionados:

   El propietario.

   El promotor.

   El Constructor.

   Los Tecnicos Directores de estás.

2. En las obras amparadas en una licencia, cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo de una infracción urbanística grave, serán igualmente sancionados: Los facultativos que hubieran informado favorablemente el proyecto y los miembros de la Corporacion que hubieran votado a favor del otorgamiento de la licencia sin el informe Tecnico previó o cuándo esté fuese desfavorable en razón de aquélla infracción.

3. Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones cometidas por sus Organos o agentes y asumirán el coste de las medidas de reparación de orden urbanístico vulnerado, sin perjuicio de las responsabilidades que aquéllas pudieran exigir a estos.

Las sanciones que se impongan a los diferentes sujetos para una misma infracción tendrán entre si carácter independiente.

En casó de que, en Aplicación de los preceptos de está ley, se instruyese expediente sancionador por dos o mas infracciones tipificadas entre las cuáles haya conexión de causa a efecto, se impondrá una solá sanción y será la correspondiente a la infracción mas grave en la cuantía Maxima, excepto en el supuesto de parcelaciones ilegales, en la que habrá tantas sanciones cómo infracciones cometidas.

1. En ningún casó la infracción urbanística no puede suponer un benefició económico para el infractor. Cuándo la Suma de la sanción impuesta y del coste de las actuaciones de reposición de los bienes y de las situaciones a su primitivo estado resultase una cifra inferior a esté benefició, se incrementará la cuantía de la multa hasta llegar al montante de está.

2. En los casos en que la restauración del orden urbanístico infringido no exigiese ninguna actuación material ni existieran terceros perjudicados, la sanción que se imponga al infractor no podrá ser inferior al benefició obtenido con la actividad ilegal.

1. Cuándo en el hecho concurra alguna circunstancia agravante, la sanción se impondrá siempre en el grado Maximo.

   Se considerarán circunstancias agravantes:

   1. reincidencia.

   2. haberse prevalido para cometerla de la titularidad de un oficio o cargo público, excepto que el hecho constitutivo de la infracción haya sido realizado, precisamente, en el ejercicio del deber funcional del cargo u oficio.

   3. la utilización de violencia, soborno o coacción sobre autoridad o cargo público.

   4. haberla cometido alterando los supuestos de hecho que presuntamente legitimaron la actuación o mediante falsificación de los documentos acreditativos del fundamentó legal de la actuación.

   5. no acatar las órdenes de suspensión de las obras e Instalaciones emanadas de cualquiera de los Organos competentes en la materia.

   6. el incumplimiento del artículo 73 de La Ley del suelo y ordenación urbana, la contaminación de aguas o la destrucción de obras o conjuntos catalogados o Historico-Artísticos. En estás circunstancias se aplicarán en el grado Maximo las sanciones previstas en el capítulo v de está ley.

   7. realizarla aprovechandose o explotando en benefició propio una grave necesidad pública o de los particulares que resultasen perjudicados.

   Igualmente se podrá duplicar la sanción al incumplirse las órdenes dadas por la administración y en casó de no ser los Actos infringidos legalizables.

2. Si concurre alguna circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en el grado mínimo, siempre que no existan circunstancias agravantes concurrentes. Será circunstancia atenuante haber procedido el culpable a subsanar o disminuir el daño causado, antes de la Iniciacion de las actuaciones sancionadoras.

3. Son circunstancias que, en cada casó, podrán agravar o atenuar la responsabilidad:

   1. mayor o menor conocimiento Tecnico del promotor de la actuación de acuerdo con la Profesion o actividad habitual del culpable.

   2. el mayor o menor benefició obtenido de la infracción o, si es el casó, haberla realizado sin ninguna consideración del posible benefició económico que se pudiera derivar de aquélla.

Son competentes para iniciar, tramitar e imponer sanciones, así como para ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada, los órganos de gobierno o administración municipales e insulares en el ámbito de sus respectivas competencias.

El pago de las multas impuestas por los diferentes organismos se realizará en metálico en las instancias de las respectivas administraciones, en el plazo Maximo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la notificación. Acabado el plazo sin que se efectúe el pago voluntario de la sanción, la administración procederá al cobro por la via de apremio.

2. El importe de las multas corresponderá al consell insular cuándo esté haya instruido el expediente sancionador, por subrogación en la competencia municipal.

1. Son competentes para imponer las multas:

   1. La autoridad municipal que corresponda de acuerdo con la normativa de régimen local.

   2. Los consejos insulares, cuando actúen por subrogación o delegación de competencias.

2. Lo dispuesto en el punto anterior se entiende sin perjuicio de que la competencia para imponer las multas se atribuya, cualquiera que sea su cuantía, a las entidades creadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 de esta Ley.

Será pública la Accion para exigir ante los Organos administrativos y los Tribunales contencioso-Administrativos la observancia de las Disposiciones de está ley en orden a la adopción de las medidas de defensa de la legalidad urbanística, restauración de la realidad Fisica alterada y sanción de las infracciones urbanísticas.

Los acuerdos de los ayuntamientos y de los consells insulares en las materias reguladas en la presente ley agotan la via Administrativa, procediendo contra estos recursos contencioso-Administrativos en la forma y los plazos previstos por La Ley reguladora de está jurisdicción.

1. Cuándo los Actos de edificación o uso del suelo se efectuasen sin licencia u orden de ejecución, se dispondrá la suspensión inmediata de estos Actos por la autoridad urbanística actuante.

2. Cuándo los Actos a los que alude el artículo 2. De está ley se desarrollen sin ajustarse a las condiciones de la licencia u orden de ejecución, El Alcalde se dirigirá al promotor, Constructor y Tecnico director y les señalara las anómalias observadas y les concederá un plazo improrrogable de cinco días para que justifiquen la concordancia de las obras con el contenido de la licencia u orden de ejecución, entendiéndose que la falta de respuesta en dicho plazo implica la aceptación de las irregularidades señaladas, y el acuerdo de forma inmediata de la paralización de las obras o la prohibición de los usos.

3. Si por los responsables se aduce la conformidad de la licencia u orden de ejecución con la actuación urbanística, se les convocará para que en los siguientes quince días se personen en la obra, para examinar los detalles conjuntamente con el inspector municipal y extendiéndose el acta correspondiente suscrita por todos los presentes a la vista de la cuál El Alcalde se pronunciará cómo corresponda, permitirá la continuación de la actividad o Dara un plazo para su adecuación a las condiciones de la licencia, vencido el cuál sin que está se haya producido, tendrá lugar la paralización.

4. También será causa de suspensión de las obras no disponer a pie de estás de copia autorizada de la licencia municipal y del cartel indicador de la manera prevista en el apartado 10 del artículo 7. De está ley.

5. El acuerdo de suspensión de la obra será inmediatamente ejecutivo y se notificará al promotor, al Constructor y, si procede, al Tecnico director.

   Si el promotor no para la actividad en el plazo de cuarenta y ocho horas se procederá por via de ejecución forzosa a la ejecución del acuerdo de suspensión. A tal fin la Inspeccion municipal, asistida por la fuerza pública, se personará en las obras, previa citación de los responables de las mismas, y despúes de la lectura del acuerdo, el cumplimiento del cuál se va a ejecutar, precintara las Instalaciones y elementos Auxiliares de la construcción, y podrá retirar la totalidad o parte del resto de Maquinaria y materiales y adoptar cualquier otra medida que sea conveniente en orden a la efectividad de la suspensión.

   La colaboración de la fuerza pública, si procede, se conseguirá a Traves de la autoridad de la que dependa.

6. Del acuerdo de suspensión, en casó de no haber sido adoptado por El Alcalde respectivo, asi cómo del expediente instruido al efecto, se Dara trasladó al Ayuntamiento en el territorio del cuál se ha efectuado la infracción urbanística, para que por esté se continúe su tramitación.

7. Asimismo, se Dara cuenta del acuerdo de suspensión a las empresas suministradoras de Energia eléctrica para que procedan a cortar el suministro a los contadores de obra respectivos en el plazo Maximo de cuarenta y ocho horas.

8. El incumplimiento por el infractor de la orden de suspensión Dara lugar al hecho de que, por el Organo actuante, se pase el tanto de culpa al juzgado de instrucción para la determinación de las responsabilidades penales a las que hubiesen dado lugar.

9. La alcaldía podrá recabar el Asesoramiento y la cooperación del consell insular para la ejecución del acuerdo de suspensión cuándo el Ayuntamiento no tenga servicios Tecnicos y jurídicos o los Medios materiales precisos para llevarlo adelante.

Sin perjuicio de las medidas contenidas en el artículo anterior, en los supuestos de desobediencia de la orden de suspensión de los Actos de edificación o uso del suelo dictada por la autoridad u Organo competente, se impondrán al promotor, al Constructor y a los Tecnicos Directores de las obras si estos no hubiesen ordenado la paralización, multas coercitivas en las siguientes cuantías y frecuencia:

1. multa inicial de 25.000 pesetas cuándo se trate del primer incumplimiento de la orden de suspensión.

2. en casó de reiterar aquél incumplimiento y hasta que no se produzca la total suspensión ordenada, quincenalmente se impondrán sanciones que dupliquen la cantidad de la multa impuesta en el período sancionador inmediato anterior.

Para hacer efectiva la orden de suspensión de los Actos de edificación o usos del suelo, la autoridad que haya dictado la resolución podrá ejecutarla mediante la compulsión directa sobre las personas, en la forma determinada en el artículo 108 de La Ley de Procedimiento Administrativo.

1. Cuándo los Actos de edificación o uso del suelo estén amparados en licencia u orden de ejecución que de forma grave o muy grave infrinjan la normativa urbanística en vigor en el momento de la concesión o adopción, se dispondrá por El Alcalde la suspensión inmediata de estos Actos y, simultáneamente, se iniciará el procedimiento de revisión del acto administrativo, se Dara trasladó a la Sala de lo contencioso-Administrativo competente, a los efectos del artículo 118 de La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Si los Organos urbanísticos competentes tienen conocimiento de una infracción u orden de ejecución que constituya una infracción urbanística grave, promoverán la Accion impugnatoria prevista en el artículo 65 de La Ley reguladora de las bases de régimen local.

1. En el plazo de dos meses a contar a partir de la notificación del acuerdo de suspensión, se deberá solicitar la oportuna licencia.

2. El mismo requerimiento se efectuará cuándo no hayan transcurrido mas de ocho años desde la total finalización de las obras, de acuerdo a lo que dispone el artículo 73.

3. Las infracciones urbanísticas que afecten zonas verdes y espacios libres públicos, sistemas generales, viales, equipamientos públicos, espacios naturales especialmente protegidos, áreas naturales de especial interés y suelos no urbanizables de especial Proteccion, monumentos Historico-Artísticos y edificios y conjuntos catalogados que no sean legalizables, no estarán sujetos al plazo de dos meses para que se formule su solicitud. El instructor ha de formular propuesta de demolición y la tramitación se ha de continuar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.

1. El Ayuntamiento, al dictar el acuerdo de suspensión y el escrito de requerimiento o, si procede, al tener conocimiento de la suspensión de una obra, efectuará el nombramiento del instructor y secretario del expediente instruido por la infracción urbanística cometida.

2. Transcurrido el plazo de dos meses, si el interesado no hubiese instado dicha licencia, o, en su casó, no hubiese ajustado las obras a las condiciones señaladas en está, o en la orden de ejecución, el instructor formulará propuesta de demolición o de reconstrucción de las obras a Costa del interesado, y propondrá lo procedente para impedir definitivamente los usos a los que hubiese dado lugar. De igual manera procederá si la licencia fuese denegada por ser el otorgamiento contrario a las Prescripciones de la normativa urbanística o de las ordenanzas.

3. La propuesta de resolución será notificada a los interesados para que en el improrrogable plazo de Díez días formulen Todas las alegaciones que estimen convenientes.

1. Transcurrido el plazo expresado sin presentar alegaciones, o desestimadas estás, el Ayuntamiento acordará la demolición o reconstrucción de las obras por el interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que hubiese dado lugar, concediendo al interesado un plazo al efecto adecuado a las circunstancias del casó, con la advertencia de que el Ayuntamiento lo ejecutará subsidiariamente en casó de incumplimiento.

2. De la anterior resolución se Dara cuenta al Organo urbanístico actuante, asi cómo a las partes interesadas que denunciaron la realización de los Actos de edificación o uso del suelo constitutivo de la infracción.

3. Si el Ayuntamiento no procediese a la ejecución del acuerdo adoptado en el plazo de un mes, contado desde la expiración del plazo al que se refiere el número 1 de esté artículo, sin mediar causa bastante que justifique la dilación, el Organo urbanístico dispondrá directamente está demolición a Costa del interesado.

Finalizado el plazo determinado por la administración para que el interesado lleve a Cabo las actuaciones de reposición de las cosas a su estado anterior a La Comisión de la infracción, si estás actuaciones no se habían llevado a Cabo, la administración actuante optará, en el plazo Maximo de un mes, entre la ejecución subsidiaria o el otorgamiento de un nuevo plazo para la realización de las actuaciones necesarias por parte del inculpado. El incumplimiento de esté nuevo plazo se sancionará con la multa que corresponda a la infracción originaria, impuesta en su grado Maximo, y a la apertura del período de un mes para que la administración opte para conceder nuevo plazo de ejecución para el interesado o para la ejecución subsidiaria.

Las actuaciones sucesivas de incumplimiento se resolverán de acuerdo con está misma Norma.

El Organo actuante podrá proceder a la suspensión de la ejecución de la demolición o reconstrucción de lo indebidamente demolido mientras no sea firme la oportuna resolución Administrativa o judicial.

Para proceder a la ejecución de la orden de demolición se deberá de haber obtenido previamente la autorización, con resolución motivada del juzgado de instrucción, para la entrada en el lugar dónde se tenga que verificar.

Cuándo el Ayuntamiento competente por razón del territorio tuviera conocimiento de una infracción urbanística, de oficio, en virtud de denuncias de particulares, o a Traves de cualquier organismo Oficial, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24, y no hubiera iniciado el oportuno expediente sancionador, y, si procede, el de demolición o reconstrucción de lo indebidamente demolido, en el plazo de un mes, a contar desde la denuncia, o tuviera paralizado el expediente por plazo superior a los tres meses, el consell insular competente por razón del territorio se subrogará en la competencia para atender el asunto.

En esté casó, las autoridades locales deberán remitir al Organo subrogante el expediente con el informe en el plazo Maximo de Díez días.

1. Independientemente de la resolución de demolición o de reconstrucción, las infracciones urbanísticas cometidas contra lo que dispone esta ley darán lugar a la imposición de sanciones pecuniarias.

   El órgano actuante adoptará las multas que correspondan a propuesta del instructor, con las formalidades previas que prevé la Ley de procedimiento administrativo y como continuación al expediente de demolición o reconstrucción instruido.

2. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 33, el hecho de que el infractor restituya la realidad física alterada a su estado anterior, dentro del plazo previsto en el apartado primero del artículo 67, dará lugar, a instancia de la persona interesada, a la condonación del 80% de la sanción impuesta.