Ley de Compilación del Derecho Civil de Aragón (Ley 15/1967, de 8 de abril)

Publicado en:BOE
Ámbito Territorial:Normativa de Aragón
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO
PREÁMBULO

Recientes las Compilaciones del Derecho Especial de Vizcaya, Baleares, Cataluña y Galicia, huelga recordar los antecedentes de esta labor legislativa que, arrancando de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, culmina en el Decreto de 23 de mayo de 1947, dictado como consecuencia de las conclusiones acordadas en el Congreso Nacional de Derecho Civil celebrado en Zaragoza el año anterior. Acaso no sea ocioso, sin embargo, llamar la atención sobre las circunstancias especiales con que tales antecedentes se han proyectado en el Derecho civil aragonés.

Ya en la Ley de Bases -y luego en el Código Civil- Aragón (junto con las islas Baleares) recibió trato diferente al de las otras regiones 'aforadas'; pues, no obstante la conservación en toda su integridad de su régimen jurídico escrito o consuetudinario, el Código comenzaría a regir, al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto no se opusiera a aquéllas de las disposiciones forales o consuetudinarias que estuvieran en vigor.

Pero la singularidad más descollante que se advierte en el Derecho civil aragonés, en relación con los demás Derechos forales, consiste en que en él, y sólo en él, se ha dado cumplimiento al precepto del artículo 6 de la Ley de Bases sobre presentación de proyectos de Apéndices del Código Civil. Y así, bien que sin haber pasado por las Cortes, aun cuando posteriormente recibió rango de Ley, en 7 de diciembre de 1925 se promulgaba el Cuaderno Foral de Aragón.

De este hecho, a su vez, han derivado algunas consecuencias dignas de notar. Es la primera que, al crearse las Comisiones compiladoras, en virtud del Decreto de 1947, aquel antiguo Reino contaba ya con un texto legal que había sustituido a los Fueros y Observancias. Es la segunda que, con sede en la capital aragonesa, se había constituido y funcionaba, una Comisión encargada de revisar el Apéndice de 1925. Y, por último, la vigencia de este ordenamiento civil, articulado de forma sistemática, proporcionaría un valioso elemento para la tarea que había que emprender.

A la hora de acomodar aquellos trabajos al mandato que se impartía en el Decreto de 1947, era menester atenerse a criterios que no estaban formulados con indudable seguridad. En el Apéndice de 1925, se recogían, con mayor o menor acierto, instituciones forales o consuetudinarias que debían ser objeto de compilación. Mas era preciso confrontar la aplicabilidad de aquellas instituciones 'en relación con las necesidades y exigencias del momento presente', según se prevenía en el artículo 3 del citado Decreto.

Las directrices fundamentales que se han seguido en la redacción de la compilación pueden resumirse así: se mantienen la tradicional vivencia y el peculiar entendimiento de la institución familiar aragonesa; se actualiza el ordenamiento, adaptándolo a las necesidades y exigencias económicas y sociales de nuestros días, teniendo en cuenta la importancia que hoy se atribuye a la riqueza mobiliaria y la promoción social de la mujer; se ha procurado una mayor precisión técnica al formular las reglas de Derecho; se han revisado los preceptos que recogía el Apéndice de 1925, y, finalmente, se ha tratado de aproximar este Derecho especial al Derecho general.

Antes de reseñar los más importantes extremos en que se pone de manifiesto esta remodelación del Ordenamiento, en contraste con el contenido del texto legal de 1925, interesa hacer alguna referencia al material documentado en que ha basado su labor la Comisión General de Codificación. Ha trabajado ésta a la vista de un anteproyecto redactado por la Comisión de Jurisconsultos aragoneses nombrada por el Ministerio de Justicia, de que más arriba se ha hecho mención. Este texto fue el resultado de una larga etapa de estudio. La Comisión, radicante en Zaragoza, había utilizado como ponencia un completo anteproyecto articulado, en que cristalizaba el encargo confiado a un Seminario que, al efecto, se organizó y funcionó durante muchos meses en el seno de la entidad Consejo de Estudios de Derecho Aragonés.

Un primer texto de anteproyecto fue sometido a información pública por la Comisión de Zaragoza; a ella concurrieron corporaciones y profesionales, aportando una estimable colaboración crítica que fue tenida en cuenta por la Comisión aragonesa al ultimar la redacción definitiva. Tal es el anteproyecto sobre el que la Comisión General de Codificación ha preparado la presente compilación ordenada en un Título preliminar dedicado a las normas en el Derecho civil especial de Aragón, y cuatro libros con las siguientes rúbricas 'Derecho de la persona y de la familia', 'Derecho de sucesión por causa de muerte', 'Derecho de bienes' y 'Derecho de obligaciones'. Se completa con una disposición derogatoria, una disposición adicional y 13 disposiciones transitorias.

En el Título Preliminar se determina el sistema de fuentes de este régimen especial, considerándolo integrado por las disposiciones de la compilación, completadas y suplidas por la costumbre y por los principios generales en los que tradicionalmente se inspira su ordenamiento jurídico. En defecto de tales normas, así observadas, se aplicará el Código Civil y las demás disposiciones del Derecho general español.

Independientemente de la norma general, que se inserta en el título preliminar, son varias las remisiones que se hacen a la costumbre al regular instituciones en que así era aconsejable.

En el artículo 3 se configura el principio 'standum est chartae', en acatamiento a la tradición jurídica del país sobre autonomía de la Voluntad y libertad civil, concretada en la Observancia 16 'De fide instrumentorum'.

En el 'Derecho de la persona y de la familia' merece mención especial una institución que, teniendo arraigo en parte del territorio y amparada por la costumbre y por el principio 'standum est chartae', con antecedentes en algún fuero (Fs. 'De liberationibus et absolutionibus' y 'De secundis nuptiis') y en el artículo 64 del Apéndice, se hallaba, sin embargo, falta de una ordenación escrita, que ahora se pretende instaurar: la Junta de Parientes, reunión de los que sean llamados a virtud de disposiciones de la compilación, de la costumbre o de acto jurídico, para intervenir en asuntos familiares o sucesorios.

La institucionalización de este órgano de la vida familiar aragonesa se propone sobre las siguientes bases: Su competencia se limita a asuntos familiares o sucesorios, en cuanto no estén sujetos a normas imperativas. Para que la Junta conozca de un asunto determinado es preciso que sea llamada a ello, bien por disposición expresa de la compilación, bien por costumbre, o ya por acto jurídico.

Se ha considerado conveniente, tanto para el caso de llamamiento legal como para el supuesto de intervención en virtud de costumbre o de autonomía de la voluntad, que se insertasen normas sobre composición, constitución, funcionamiento y eficacia de la Junta de Parientes, para reglamentarla y para que sirviese de derecho supletorio, pues la experiencia había demostrado la frecuencia de litigios originados por la carencia de preceptos relativos a esta institución. Y se ha estimado también procedente establecer una intervención de la autoridad judicial para aquellos casos en que la Junta de Parientes, llamada a conocer del asunto en primer término por precepto legal, tarde en reunirse o no logre acuerdo en plazo determinado.

La incorporación de la regulación de la Junta de Parientes al Ordenamiento positivo, además de lograr la conservación y regulación de un instituto consuetudinario que pervive en la actualidad, podrá tener alguna utilidad para la revisión del Derecho de familia en la elaboración del Código general.

El régimen económico conyugal en el Derecho aragonés se halla necesitado de actualización. El sistema normal de comunidad de muebles y ganancias, admitido en las Observancias 33 y 53 'De iure dotium' y en el artículo 48 del Apéndice, justificado en una época en que la importancia económica de los primeros era exigua y en que la identificación de los bienes casi sólo era posible tratándose de inmuebles, tiene difícil defensa en nuestros días; por ello, no se ha vacilado en proponer que, salvo pacto en contrario, sean excluidos del consorcio conyugal legal bienes a los que puede atribuirse una importancia económica no inferior a la de los inmuebles, porque en la hora presente se halla más que superado el brocardo 'res mobilis res vilis'. Ocurre esto con las explotaciones agrícolas, ganaderas, mercantiles e industriales, los vehículos y máquinas cuya titularidad deba constar en documentación intervenida por oficina pública, los valores mobiliarios, las participaciones sociales, los capitales colocados en negocios, los créditos consignados en documento público, los derechos de propiedad intelectual, así como el dinero cuya existencia conste por documento público, bancario o de institución de ahorro, siempre y cuando tales bienes hayan sido aportados al matrimonio o adquiridos, constante éste, por un cónyuge a título gratuito.

Como quiera que ya en el Derecho histórico (Observancia 43 'De iure dotium') y en el vigente (Apéndice, artículo 48 'in fine'), todos los bienes muebles pueden ser excluidos de la comunidad a virtud del pacto de aportación como 'sitios', ha parecido conveniente conservar la misma fórmula, pero a la inversa, es decir, que, salvo pacto en contrario, los bienes que se enumeran se considerarán aportados o adquiridos como 'sitios'. Mediante esta ficción legal se empalmará la nueva norma con la tradicional, sin menoscabo del propósito legislativo.

Atendiendo a la frecuencia actual de ejercicio de actividades económicas y profesionales por mujer casada se prevé la responsabilidad de los bienes comunes por gestión de la esposa cuando ejerza industria, comercio o profesión, o cuando legalmente administre.

A pesar de que la tradición jurídica aragonesa sea opuesta al manejo de parafernales por la mujer, en obediencia al principio de equiparación de los cónyuges se prevé que aquélla administre sus bienes privativos cuando así lo recabe.

Del mismo modo aun cuando, en el Derecho aragonés, el mecanismo del derecho expectante de la viudedad produce prácticamente el efecto de que en los actos de disposición de inmuebles hayan de concurrir ambos cónyuges, se ha creído conveniente traer al Anteproyecto de Compilación una norma similar a la del artículo 1413, reformado del Código Civil, de suerte que el cónyuge administrador, por sí solo, podrá enajenar los bienes comunes, salvo los inmuebles por naturaleza y los establecimientos mercantiles. Mas, de acuerdo con la 'ratio legis' de la reforma de dicho artículo, se limita expresamente a los actos de disposición voluntaria la exigencia del consentimiento del cónyuge no administrador.

En el Derecho aragonés histórico el fallecimiento de un cónyuge no determina necesariamente la disolución inmediata de la sociedad conyugal, y muy frecuentemente ésta se continuaba entre el viudo y los herederos. La institución de la comunidad conyugal continuada se hallaba, sin embargo, deficientemente regulada. Los preceptos sobre la materia del Apéndice de 1925, escasos y confusos, mantenían un estado de inseguridad jurídica. Era indispensable ordenar en normas más precisas los supuestos de continuación obligatoria y potestativa de la comunidad conyugal, los efectos y gestión de la misma, la separación de un partícipe y la disolución. El texto que se propone recoge toda esta problemática con cierta cautela, ya que se exige, para la continuación, que los principales ingresos de la sociedad conyugal provengan de explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales o mercantiles.

Se aprovecha así este incentivo para la permanencia de la organización económica, en beneficio de una ordenación que tiende a robustecer el principio de unidad y continuidad de la familia. Y conviene notar que, aun no teniendo gran extensión, este título dedicado a la comunidad conyugal continuada, puede significar una considerable mejora sobre las escasas normas del Apéndice en esta materia.

El Derecho de Viudedad, encuadrado en el libro primero por la preponderancia de su carácter familiar sobre el sucesorio, es objeto de cuidada atención, en consonancia con el importante lugar que ocupa en el Ordenamiento civil aragonés.

La viudedad, salvo pacto o disposición mancomunada en contrario, será universal, a diferencia del estado de Derecho vigente, en que la viudedad legal está restringida a sólo los inmuebles. Esta nueva regulación expansiva obedece, en primer término, a los mismos motivos que aconsejan, en la sociedad conyugal, la atribución del carácter de 'sitios' a un considerable número de bienes muebles por naturaleza. En segundo lugar porque la experiencia enseña que, en la inmensa mayoría de los matrimonios aragoneses, por voluntad de los cónyuges, el usufructo de viudedad recae sobre todos los bienes, de cualquier clase que sean; y aún existe la creencia, muy generalizada, de que así lo ordena la Ley.

Se deja a salvo lo que, en contra o menoscabo de esa universalidad, e incluso en contra del nacimiento mismo de este Derecho, se acuerde por ambos cónyuges. Mas por voluntad unilateral de uno de ellos sólo podrá reducirse a los inmuebles por naturaleza y a las explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales y mercantiles; y si unos y otros no representan la mitad del caudal hereditario habrá de completarse esa cuantía con el usufructo sobre otros bienes.

En cuanto a los inmuebles por naturaleza y a las explotaciones mencionadas, el Derecho expectante de viudedad no se extingue, aunque aquellos se enajenen, si no se renuncia expresamente, quedando a salvo la responsabilidad por deuda de gestión frente a tercero de buena fe.

Sólo habrá obligación de formar inventario y de prestar fianza en la viudedad, cuando así se hubiese establecido por el causante, cuando lo exijan los herederos (salvo disposición contraria del premoriente) o cuando lo pida el Ministerio Fiscal para salvaguardar la legítima. La omisión de este deber, en los casos en que proceda, lleva consigo la pérdida de los disfrutes de viudedad hasta la terminación del inventario.

Queda aclarado que aun siendo inalineable el Derecho de viudedad puede enajenarse la plena propiedad de bienes determinados sujetos a él, concurriendo el usufructuario con los nudopropietarios y quedando subrogados, salvo pacto en contrario, el precio o la cosa adquirida en lugar de lo enajenado.

En el 'Derecho de Sucesión por causa de muerte' la nueva normativa afecta, en primer término, a la revocación o modificación del testamento mancomunado. A virtud del rígido precepto del artículo diecinueve del Apéndice, muerto uno de los otorgantes y aceptados por el sobreviviente los beneficios que le provengan de las disposiciones del finado, se hacía irrevocable el testamento mancomunado. Se establece ahora que las limitaciones y requisitos para la revocación se apliquen tan sólo a las disposiciones correspectivas, entendiéndose por tales aquellas que, por voluntad declarada de ambos cónyuges, en el mismo testamento o en documento público estén recíprocamente condicionadas. Sólo en cuanto a esas disposiciones la muerte de un cónyuge produce la irrevocabilidad. En vida de ambos cotestadores la revocación o modificación unilateral habrá de hacerse en testamento abierto ante Notario, quien notificará al otro cónyuge este hecho, pero sin que la falta de notificación afecte a la eficacia de la revocación.

Con tal precepto se sirve simultáneamente a la justicia conmutativa aplicable en las disposiciones correspectivas al principio de revocabilidad del testamento y a la norma del deber de lealtad entre los cónyuges.

En la ordenación de la sucesión contractual se han abordado dos problemas principales. El primero relativo a si los pactos sucesorios, aunque siempre mediante escritura pública, pueden otorgarse sólo en capitulaciones matrimoniales o, además, fuera de ellas. La compilación acoge la segunda solución, pero subrayando en los pactos sucesorios su carácter exclusivamente familiar y consuetudinario, en previsión de que al amparo de los preceptos de la Compilación sobre esta materia no se celebren contratos ajenos al espíritu de una institución concebida en beneficio de la ordenación y mantenimiento de la casa. El segundo, referente a lo que pueda ser objeto de los contratos sucesorios, optándose por rechazar la validez de los pactos 'de hereditate tertii'.

Por lo que toca a las facultades de disposición del instituyente, se ha tenido cuidado de retirar la libertad de estipulación estatuyendo que, a falta de pacto sobre reserva de facultades del instituyente, éste no necesitará el consentimiento del instituido sino para enajenar bienes inmuebles y explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales o mercantiles, quedando a salvo las facultades de aquél para hacer donaciones y asignar dotes o legítimas.

La fiducia sucesoria es objeto de una ordenación general, según la cual cada cónyuge puede nombrar fiduciario al otro para que ordene la sucesión entre descendientes y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; y de una regulación especial, para ordenar la sucesión de la casa. En este segundo supuesto puede encomendarse la fiducia a dos o más parientes, pero sin que sea excluido el cónyuge viudo cuando no quedaren más hijos que los habidos con él.

La Compilación, por razones de orden práctico, incluye reglas de Derecho supletorio, en cuanto a determinación de los parientes llamados a la fiducia, funcionamiento de la Junta, plazo para cumplimiento del encargo y otros extremos. De este modo se prevé la solución de casos que con alguna frecuencia derivaban hacia el litigio.

En materia de legítimas se conserva la colectiva a favor del grupo de descendientes legítimos. Dentro de este grupo, los descendientes del causante, sin mediación de persona capaz para heredarle, son los únicos que tienen derecho a una legítima formal consistente en que si son preteridos o injustamente desheredados serán llamados a una porción en el caudal igual a la del menos favorecido por el testador; y si en la distribución de los bienes hereditarios quedaren en situación legal de pedir alimentos podrán reclamarlos de los sucesores del causante.

De este modo se resuelve expresa y afirmativamente la cuestión de si los nietos pueden ser instituidos herederos viviendo su padre. Este quedará amparado por los preceptos protectores de la legítima formal y por la acción de petición de alimentos.

En el Derecho actual la legítima aragonesa no alcanza a los hijos naturales, pero ha parecido inexcusable atribuirles un derecho a reclamar alimentos, aunque su cuantía no pueda exceder del tercio de los frutos del caudal, si concurre descendencia legítima.

En orden a la sucesión abintestato, independientemente de los recobros que, con alguna pequeña modificación, se regulan ahora como en el Apéndice, y aparte la recepción del derecho de representación en cuanto a la herencia de hermanos, la regulación sobre la sucesión troncal ofrece, en primer término, la novedad de que, a falta de hermanos, se llame al padre o madre de la línea de donde proceden los bienes.

Salvada la postergación de los padres son llamados después los más próximos colaterales entre aquellos que descienden de un ascendiente común que hubiera sido propietario de los bienes y, en su defecto, los que sean parientes de mejor grado de la persona de quien los hubo el causante a título gratuito.

Una última cuestión se suscitaba: el límite de grado en el llamamiento a la herencia troncal. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, con respecto al artículo 39 del Apéndice, ha sentado la doctrina de que no existe tal límite. En la Compilación se señala para el supuesto general el cuarto grado. Mas para los bienes de abolorio, que hubieran permanecido en la casa o familia durante dos o más generaciones, no existirá tal limitación.

La institución del Consorcio foral, amparada en los preceptos de los Fueros 1º. y 2º. 'De communi dividundo' y en la Observancia 'De consortibus eiusdem rei', que fue eliminada del Ordenamiento civil aragonés en el Apéndice de 1925, se restaura ahora por considerar que responde a la concepción del Derecho de familia en el antiguo Reino.

En materia de 'Derecho de Bienes', aparte algún extremo de menor importancia, como las reglas sobre inmisión de raíces y ramas (tomadas del Ordenamiento derogado), hay que hacer notar dos interesantes regulaciones: una referente a luces y vistas, la otra a la usucapión de servidumbres.

Mediante la norma expresa de que tanto en pared propia a cualquier distancia de predio ajeno como en pared medianera pueden abrirse huecos para luces y vistas, sin sujeción a dimensiones determinadas, se zanja una cuestión suscitada por la deficiente redacción del texto del párrafo 1º. del artículo 15 del Apéndice. Se vuelve así a la ortodoxa interpretación de la Observancia sexta 'De aqua pluviale arcenda'.

En cuanto a la usucapión de servidumbres, se prescinde de las discriminaciones clásicas de servidumbres positivas o negativas y continuas o discontinuas, para sentar unas reglas más precisas en base de la distinción entre servidumbres aparentes o no aparentes, conservando respecto de estas últimas, además, la presunción de prescripción adquisitiva por posesión inmemorial. El retracto de abolorio o derecho 'de la saca' se reduce a los inmuebles que han permanecido en la familia durante dos o más generaciones inmediatamente anteriores a la del disponente. Y se ha limitado la atribución de este derecho a los parientes colaterales hasta el cuarto grado.

Se ha incluido una norma de arbitrio judicial para moderar equitativamente el ejercicio de este derecho. Adoptará la forma de retracto si no ha habido previo ofrecimiento en venta según otra norma que se propone. Y ha parecido prudente fijar un plazo de caducidad de dos años a contar de la enajenación.

Examinadas en su conjunto las diferencias que pueden observarse entre el Ordenamiento civil aragonés del Apéndice de 1925 y la Compilación, se comprobará que el espíritu del Derecho de Aragón y los principios generales en que se inspira han permanecido invariables. Se ha procedido a una actualización de esos principios, a una redacción de las reglas del Ordenamiento con un mayor rigor técnico-jurídico, a la conveniente corrección de algunos preceptos que la requerían y, en suma, a lograr un avance en el camino, siempre laborioso, que se dirige a la consecución de los valores de justicia y de seguridad jurídica.

La Compilación cooperará así a la normal evolución de este venerable Derecho Foral, de tan honda raigambre y de tan fecunda proyección. Y cabe esperar que podrá contribuir también a la labor preparatoria del Código Civil general.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:

TÍTULO PRELIMINAR Las normas en el Derecho Civil de Aragón. Fuentes jurídicas Artículos 1 a 3
ARTÍCULO 1
ARTÍCULO 2 De la costumbre.
ARTÍCULO 3 Standum est chartae.
LIBRO I Derecho de la Persona y de la Familia Artículos 4 a 88
TÍTULO I De la capacidad y estado de las personas Artículos 4 a 8
CAPÍTULO I De la capacidad de las personas por razón de la edad Artículos 4 a 6
ARTÍCULO 4 Mayoría de edad.
ARTÍCULO 5
ARTÍCULO 6
CAPÍTULO II De la ausencia Artículos 7 y 8
ARTÍCULO 7 Ausencia de cónyuge.
ARTÍCULO 8
TÍTULO II De las relaciones entre ascendientes y descendientes Artículos 9 a 14
CAPÍTULO I De las relaciones personales Artículos 9 y 10
ARTÍCULO 9 Deber de crianza y autoridad familiar en los padres.
ARTÍCULO 10
CAPÍTULO II De los bienes de los menores Artículos 11 a 13
ARTÍCULO 11 Propiedad y usufructo.
ARTÍCULO 12
ARTÍCULO 13 Disposición.
CAPÍTULO III De la representación legal de los menores de catorce años Artículo 14
ARTÍCULO 14
TÍTULO III De las relaciones parentales y tutelares Artículos 15 a 22
CAPÍTULO I De la Tutela Artículos 15 a 18
ARTÍCULO 15 Delación.
ARTÍCULO 16
ARTÍCULO 17
ARTÍCULO 18
CAPÍTULO II De los hijos adoptivos Artículo 19
ARTÍCULO 19
CAPÍTULO III De la Junta de parientes Artículos 20 a 22
ARTÍCULO 20
ARTÍCULO 21
ARTÍCULO 22 La Junta de Parientes en funciones de fiducia sucesoria.
TÍTULO IV Del régimen económico conyugal Artículos 23 a 59
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 23 y 24
ARTÍCULO 23 Régimen paccionado y régimen legal.
ARTÍCULO 24 Contratación entre cónyuges.
CAPÍTULO II Del régimen matrimonial paccionado Artículos 25 a 35
ARTÍCULO 25 Capítulos, contenidos y forma.
ARTÍCULO 26 Tiempo.
ARTÍCULO 27
ARTÍCULO 28 Novación de capitulaciones.
ARTÍCULO 29 Muebles por sitios o viceversa.
ARTÍCULO 30
ARTÍCULO 31
ARTÍCULO 32
ARTÍCULO 33 Instituciones familiares consuetudinarias.
ARTÍCULO 34 Otras situaciones de comunidad.
ARTÍCULO 35 Casamiento en casa.
CAPÍTULO III Del régimen matrimonial legal Artículos 36 a 59
SECCIÓN 1ª Disposición general Artículo 36
ARTÍCULO 36 Fuentes.
SECCIÓN 2ª De los bienes comunes y privativos Artículos 37 a 40
ARTÍCULO 37 Bienes comunes.
ARTÍCULO 38 Bienes privativos.
ARTÍCULO 39 Presunción de muebles por sitios.
ARTÍCULO 40 Presunción de comunidad.
SECCIÓN 3ª Pasivo de la comunidad Artículos 41 a 47
ARTÍCULO 41
ARTÍCULO 42
ARTÍCULO 43 Responsabilidad personal por deudas comunes.
ARTÍCULO 44 Deudas por razón de sucesiones y donaciones.
ARTÍCULO 45 Deudas anteriores al matrimonio.
ARTÍCULO 46 Deudas posteriores privativas.
ARTÍCULO 47 Relaciones entre patrimonios.
SECCIÓN 4ª Gestión de la comunidad Artículos 48 a 51
ARTÍCULO 48 Administración y disposición.
ARTÍCULO 49 Desacuerdo en la gestión.
ARTÍCULO 50 Consentimiento supletorio.
ARTÍCULO 51 Gestión de los bienes privativos.
SECCIÓN 5ª Disolución de la Comunidad Artículos 52 a 54
ARTÍCULO 52
ARTÍCULO 53 Disolución por muerte.
ARTÍCULO 54
SECCIÓN 6ª Liquidación y división Artículos 55 a 59
ARTÍCULO 55
ARTÍCULO 56 Liquidación ordinaria.
ARTÍCULO 57 Aventajas.
ARTÍCULO 58 División y adjudicación.
ARTÍCULO 59
TÍTULO V De la Comunidad Conyugal Continuada Artículos 60 a 71
CAPÍTULO I Normas generales Artículos 60 y 61
ARTÍCULO 60
ARTÍCULO 61
CAPÍTULO II Contenido y gestión Artículos 62 a 67
ARTÍCULO 62 Patrimonio inicial.
ARTÍCULO 63 Bienes comunes.
ARTÍCULO 64
ARTÍCULO 65 Gestión de la comunidad.
ARTÍCULO 66 Deudas de gestión.
ARTÍCULO 67
CAPÍTULO III Disolución y división Artículos 68 a 71
ARTÍCULO 68
ARTÍCULO 69 Separación de un partícipe.
ARTÍCULO 70 Fallecimiento de partícipe descendiente.
ARTÍCULO 71 Liquidación y división.
TÍTULO VI De la viudedad Artículos 72 a 88
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 72 a 75
ARTÍCULO 72 Origen y extensión.
ARTÍCULO 73
ARTÍCULO 74 Renuncia y privación.
ARTÍCULO 75 Fuentes e interpretación.
CAPÍTULO II Del derecho expectante de viudedad Artículos 76 a 78
ARTÍCULO 76
ARTÍCULO 77 Bienes excluidos.
ARTÍCULO 78
CAPÍTULO III Del usufructo vidual Artículos 79 a 88
ARTÍCULO 79 Comienzo del usufructo.
ARTÍCULO 80 Inventario y fianza.
ARTÍCULO 81
ARTÍCULO 82 Sanción de la falta de inventario.
ARTÍCULO 83 Disponibilidad del derecho y de los bienes.
ARTÍCULO 84
ARTÍCULO 85
ARTÍCULO 86
ARTÍCULO 87 Transformación del usufructo.
ARTÍCULO 88 Posesión de los propietarios.
LIBRO II Derecho de sucesión por causa de muerte Artículos 89 a 142
TÍTULO I De los modos de delación hereditaria Artículo 89
ARTÍCULO 89 Modos de delación.
TÍTULO II De la sucesión testamentaria Artículos 90 a 98
CAPÍTULO I De los testamentos en general Artículo 90
ARTÍCULO 90 Testigos.
CAPÍTULO II Del testamento ante Capellán Artículos 91 a 93
ARTÍCULO 91 Otorgamiento.
ARTÍCULO 92
ARTÍCULO 93
CAPÍTULO III Del testamento mancomuniado Artículos 94 a 98
ARTÍCULO 94 Testadores

Forma.

ARTÍCULO 95
ARTÍCULO 96
ARTÍCULO 97
ARTÍCULO 98 Efectos de la nulidad, divorcio y separación.
TÍTULO III De la sucesión paccionada Artículos 99 a 109
ARTÍCULO 99 Validez

Forma.

ARTÍCULO 100
ARTÍCULO 101
ARTÍCULO 102
ARTÍCULO 103
ARTÍCULO 104
ARTÍCULO 105
ARTÍCULO 106
ARTÍCULO 107
ARTÍCULO 108
ARTÍCULO 109
TÍTULO IV De la fiducia sucesoria Artículos 110 a 118
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 110 a 113
ARTÍCULO 110
ARTÍCULO 111
ARTÍCULO 112
ARTÍCULO 113
CAPÍTULO II De la fiducia colectiva Artículos 114 a 118
ARTÍCULO 114
ARTÍCULO 115
ARTÍCULO 116
ARTÍCULO 117
ARTÍCULO 118
TÍTULO V De las legítimas Artículos 119 a 126
CAPÍTULO I Contenido de la legítima Artículos 119 a 121
ARTÍCULO 119 Legítima material colectiva.
ARTÍCULO 120
ARTÍCULO 121
CAPÍTULO II Protección a la legítima Artículos 122 a 126
ARTÍCULO 122 Preterición o desheredación total.
ARTÍCULO 123
ARTÍCULO 124
ARTÍCULO 125
ARTÍCULO 126
TÍTULO VI De la sucesión intestada Artículos 127 a 136.bis
ARTÍCULO 127 Procedencia.
ARTÍCULO 128 Sucesión a favor de los descendientes.
ARTÍCULO 129
ARTÍCULO 130
ARTÍCULO 131
ARTÍCULO 132
ARTÍCULO 133
ARTÍCULO 134
ARTÍCULO 135 Sucesión no troncal.
ARTÍCULO 136 Sucesión a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón.
ARTÍCULO 136 BIS Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia.
TÍTULO VII Normas comunes a las Diversas clases de sucesión Artículos 137 a 142
ARTÍCULO 137 Aceptación de la herencia.
ARTÍCULO 138
ARTÍCULO 139
ARTÍCULO 140
ARTÍCULO 141
ARTÍCULO 142
LIBRO III Derecho de Bienes Artículos 143 a 148
TÍTULO I De las relaciones de vecindad Artículos 143 y 144
ARTÍCULO 143 Inmisión de raíces y ramas.
ARTÍCULO 144 Régimen normal de luces y vistas.
TÍTULO II De las servidumbres Artículos 145 a 148
ARTÍCULO 145 Luces y vistas.
ARTÍCULO 146 Alera foral y 'ademprios'.
ARTÍCULO 147 Usucapión de las servidumbres aparentes.
ARTÍCULO 148 Usucapión de las no aparentes.
LIBRO IV Derecho de Obligaciones Artículos 149 a 153
TÍTULO I Del derecho de abolorio o de la saca Artículos 149 a 152
ARTÍCULO 149 Elementos constitutivos.
ARTÍCULO 150 Forma y plazo.
ARTÍCULO 151 Limitación de la facultad dispositiva.
ARTÍCULO 152 Concurso de derechos de adquisición.
TÍTULO II De los contratos sobre ganadería Artículo 153
ARTÍCULO 153 Normas supletorias.
DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el 'Apéndice al Código Civil correspondiente al Derecho Foral de Aragón', de 7 de diciembre de 1925.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
DISPOSICIÓN FINAL

Las remisiones que la Compilación del Derecho Civil hace el articulado del Código Civil se entenderán siempre en su redacción actual.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA

Las normas sobre bienes comunes y privativos del régimen matrimonial legal (artículos 37, 38 y 39 sólo se aplicarán en los matrimonios que se contraigan a partir de la entrada en vigor de la Compilación.

SEGUNDA

Los preceptos sobre administración de bienes de la mujer casada, privación de la administración y facultades dispositivas del administrador (artículos 48, 49, 50 y 51) serán aplicables cualquiera que fuere la fecha de celebración del matrimonio.

TERCERA

La comunidad conyugal continuada (artículos 60 a 61) se regulará conforme a las normas vigentes en el momento del fallecimiento del cónyuge causante.

CUARTA

A los matrimonios ya contraídos y subsistentes al tiempo de entrar en vigor esta Compilación les serán aplicables sus preceptos sobre extensión del derecho de viudedad (artículos 72 y 76), pero no se regirán por sus normas los usufructos viduales anteriormente causados.

QUINTA

En el supuesto de matrimonio ya contraído de viudo o viuda que tuviera descendencia de anteriores nupcias (artículo 73), no serán aplicables las normas de la Compilación sobre extensión del derecho del usufructo.

SEXTA

Las normas sobre renovación o modificación unilateral del testamento mancomunado (artículo 97) sólo serán aplicables a los que se otorguen bajo su vigencia.

SÉPTIMA

Mantendrán su validez las fiducias sucesorias ya concedidas o pactadas conforme al artículo 29 del Apéndice que se deroga, aun cuando la sucesión esté pendiente de apertura, sin que obste a ello lo establecido en el artículo 110 de esta Compilación.

OCTAVA

Las normas sobre fiducia sucesoria colectiva (artículos 114 a 118) regirán incluso en los casos en que aquélla se halle pendiente de cumplimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos.

NOVENA

Las disposiciones relativas a apertura de huecos en pared propia o medianera (artículo 144) serán también aplicables a las ya construidas al tiempo de entrar en vigor la Compilación.

DÉCIMA

En la aplicación de las modificaciones introducidas en el régimen de usucapión de servidumbres (artículos 147 y 148) el término se contará a partir del día de su entrada en vigor.

UNDÉCIMA

El plazo de dos años de caducidad del derecho de retracto de abolorio (artículo 153) comenzará a contarse al entrar en vigor esta Compilación para las enajenaciones anteriores.

DUODÉCIMA

Las demás cuestiones de carácter intertemporal que puedan suscitarse se resolverán aplicando el criterio que informa las disposiciones transitorias del Código Civil.