Ley de Carreteras de Aragón (Ley 8/1998, de 17 de diciembre)

La presente Ley tiene como objeto regular la planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, explotación y uso de las carreteras que discurran íntegramente por el territorio de Aragón y no sean de titularidad del Estado.

La Diputación General de Aragón, las Diputaciones Provinciales, los municipios y, en su caso, las comarcas de Aragón aplicarán esta Ley a las carreteras de su respectiva titularidad.

1. Se considerarán carreteras las vías de dominio y uso público, proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles.

2. Por sus características, las carreteras se clasifican en autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales.

3. Son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como tales para la exclusiva circulación de automóviles y reúnen las siguientes características:

   1. No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.

   2. No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser cruzada a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.

   3. Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios.

4. Son autovías las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la circulación y limitación de accesos a las propiedades colindantes.

5. Son vías rápidas las carreteras de una sola calzada y con limitación total de accesos a las propiedades colindantes.

6. Son carreteras convencionales las que no reúnen las características propias de las autopistas, autovías y vías rápidas.

Para la interpretación y aplicación de esta Ley, las definiciones de 'áreas de servicio', 'arcén', 'arista exterior de la calzada', 'arista exterior de la explanación', 'calzada', 'elemento funcional', 'explanación', 'plataforma' y 'variante de población' serán las contenidas en la legislación de carreteras del Estado.

Reglamentariamente se establecerán las limitaciones a la circulación en las carreteras de los diferentes tipos de vehículos.

1. A los efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de carreteras ni se incluirán, por lo tanto, en las redes a que se refiere el artículo siguiente:

   1. Las vías que tengan la consideración de caminos municipales, así como todas aquellas que, sirviendo a la finalidad de la circulación y siendo de titularidad de alguna Administración pública, no sean susceptibles de ser incluidas en el concepto de carreteras establecido en el artículo 3 de la presente Ley.

   2. Los caminos de servicio o acceso --incluidas las pistas forestales--, cualquiera que sea su titularidad, construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades específicas a las que sirven, sin perjuicio de que, cuando existan razones de interés general y las circunstancias de dichos caminos lo permitan, pueda acordarse su apertura al uso público de forma temporal o definitiva. En estos supuestos se aplicarán las normas de uso y seguridad de las carreteras con las indemnizaciones que procedan, de conformidad con la Ley de Expropiación Forzosa.

2. A efectos de lo establecido en el epígrafe a) del apartado anterior, tendrán la consideración de caminos las vías de comunicación que, de modo prioritario, cubran las necesidades de tráfico generado en las áreas rurales, dando servicio a los predios agrarios.

3. La apertura al uso público de los caminos de servicio o acceso a los que se refiere el epígrafe b) del apartado anterior no determinará la consideración de los mismos como carretera de titularidad autonómica.

   La titularidad y gestión de dichos caminos, estén o no abiertos permanentemente al uso público, corresponderá a la Administración Pública o al órgano administrativo que ejerza competencias en relación con la actividad específica a la que sirvan, sin perjuicio de que dicha gestión pueda ser objeto de encomienda al órgano competente en materia de carreteras de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, previa transferencia y aportación material de las dotaciones presupuestarias necesarias para garantizar dicha gestión.

4. Los caminos a los que se refiere el epígrafe a) del apartado anterior, estén o no abiertos permanentemente al uso público, serán de competencia de la correspondiente entidad local aragonesa, a quien corresponderá la gestión de los mismos, siendo únicamente de competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón cuando su titularidad fuese de fecha anterior a la de la entrada en vigor de la presente ley y sin perjuicio de los caminos cuya titularidad corresponda a otra Administración distinta de las citadas. En el caso de que la titularidad de dichos caminos correspondiese a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, será competente para su gestión el órgano administrativo que ejerza competencias en relación con la actividad específica a la que sirvan.

Las carreteras comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley se integran en una de las siguientes redes:

1. Red autonómica aragonesa:

   1. La Red Básica, compuesta por las carreteras incluidas en los itinerarios que vertebran el territorio aragonés y conecta con la red viaria de titularidad estatal, con la de las Comunidades Autónomas limítrofes o con Francia.

   2. La Red Comarcal, integrada por las carreteras que vertebran una o varias comarcas y por aquellas que unen núcleos de importancia comarcal con la Red Básica o con sus zonas de influencia.

   3. La Red Local, que comprende el resto de las carreteras autonómicas que son accesorias a los anteriores itinerarios y las de acceso a áreas naturales o de interés turístico, además de otras que puedan ser alternativas de la Red Comarcal.

   Todas las carreteras integradas en estas redes son de la titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. Las Redes provinciales, integradas por las carreteras sometidas a la titularidad de las respectivas diputaciones provinciales de Aragón.

3. Las Redes municipales, integradas por las carreteras sometidas a la titularidad de los municipios de Aragón.

1. El proyecto de cualquier nueva infraestructura viaria contemplará todos los requisitos necesarios en materia de seguridad.

2. El mantenimiento de la red viaria objeto de la presente Ley dará prioridad a todas aquellas obras y actuaciones que incidan en la mejora de la seguridad viaria.

3. El Gobierno de Aragón elaborará y aprobará anualmente un Plan de mejora de los tramos con mayor índice de siniestralidad, que contemple, además, la supresión de las travesías y puntos negros de las carreteras aragonesas.

La Comunidad Autónoma de Aragón coordinará sus actuaciones en materia de carreteras con la Administración del Estado, con otras Comunidades Autónomas o con entidades locales pertenecientes a estas últimas, a efectos de proyectar o ejecutar accesos intercomunitarios u otras obras de interés conjunto.

Asimismo, y con arreglo a lo que establezcan los tratados internacionales firmados por España, la Comunidad Autónoma coordinará sus actuaciones en materia de carreteras con entidades territoriales francesas que tengan por objeto la mejora de las infraestructuras transfronterizas.

Corresponde al Gobierno de Aragón:

1. Aprobar, mediante Decreto, el Plan General de Carreteras de Aragón, así como las revisiones periódicas y modificaciones sustanciales del mismo.

2. Aprobar, mediante Decreto, el Catálogo de Carreteras de su competencia, así como las modificaciones del mismo.

3. Aprobar, mediante Decreto, y de acuerdo con las corporaciones locales correspondientes, el cambio de titularidad de las carreteras de la Red Local y de las provinciales y municipales.

4. Aprobar la incorporación a las diferentes redes de los caminos de servicio o acceso, cuando sean abiertos al uso público con carácter permanente.

5. Otorgar, mediante Decreto, las concesiones de explotación de las carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón y la de sus elementos funcionales susceptibles de explotación separada de dichas carreteras a las que pertenezcan.

6. Aprobar, si procede, ayudas y fórmulas de participación en la planificación, elaboración de estudios y proyectos, y, en su caso, en la construcción, conservación y explotación de carreteras, con independencia de su titularidad.

7. Cuantas otras competencias sobre la materia le sean atribuidas por las disposiciones vigentes.

1. Corresponde al Departamento responsable de carreteras:

   1. La elaboración técnica del avance y del proyecto del Plan General de Carreteras de Aragón y de sus modificaciones, así como del catálogo de la Red autonómica aragonesa y de sus modificaciones, de acuerdo con las directrices de ordenación territorial y con las prioridades que deban deducirse de los planes económicos de la Comunidad Autónoma.

   2. Elevar al Gobierno de Aragón los expedientes que deban serle sometidos conforme al artículo anterior.

   3. Aprobar los estudios, anteproyectos y proyectos de las carreteras de titularidad autonómica, así como ejercer las facultades necesarias para la construcción, explotación y conservación de dichas carreteras.

   4. Dictar las normas técnicas en materia de planificación, proyección, construcción, conservación y explotación relativas a las carreteras sometidas al ámbito de esta Ley, dejando a salvo las competencias reservadas a la Administración General del Estado.

   5. Velar por el cumplimiento del Plan General de Carreteras de Aragón, tanto de las previsiones cuya ejecución corresponda a la Administración autonómica como de las que sean responsabilidad de otras administraciones.

   6. Cuantas otras competencias le sean atribuidas por las disposiciones vigentes.

2. El Departamento responsable de carreteras, para el ejercicio de sus competencias, podrá recabar de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos la información que precise sobre antecedentes técnicos, proyectos, ejecución y conservación de obras relacionadas con carreteras de la titularidad de aquellas corporaciones locales, que vendrán obligadas a facilitar la información requerida o a explicar, en su caso, motivadamente, la imposibilidad de hacerlo.

1. Se crea la Comisión del Plan General de Carreteras de Aragón como órgano administrativo colegiado, integrado en el Departamento responsable de carreteras.

2. La Comisión del Plan General de Carreteras de Aragón estará integrada por:

   1. El Director general responsable de carreteras, que la presidirá.

   2. Los Jefes de carreteras de las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, en tanto no sean transferidas las carreteras de su titularidad.

   3. Los tres Directores de los Servicios Provinciales responsables de carreteras de Huesca, Teruel y Zaragoza, y los tres Subdirectores provinciales de Carreteras, o quienes en el futuro puedan asumir legalmente sus funciones.

   4. Un representante de los municipios por cada uno de los ámbitos territoriales de Huesca, Teruel y Zaragoza, a propuesta de las federaciones y asociaciones de municipios de Aragón.

   5. Un representante del Departamento responsable de medio ambiente.

3. La Comisión designará, de entre sus miembros, un secretario.

4. Compete a la Comisión del Plan General de Carreteras de Aragón:

   1. Proponer los criterios para la elaboración del Plan General de Carreteras, sin perjuicio de las facultades del Departamento competente.

   2. Informar del avance del Plan General de Carreteras y sus modificaciones, así como del Catálogo de Carreteras de Aragón y sus modificaciones.

   3. Informar, en el plazo de dos meses, de la revisión y las modificaciones del Plan General de Carreteras, así como del Catálogo de Carreteras.

   4. Proponer las medidas más adecuadas para coordinar la nomenclatura de los itinerarios comprendidos en las redes de carreteras de Aragón.

   5. Asesorar y emitir los informes que le sean solicitados en asuntos de su competencia.

   6. Proponer a las diversas entidades locales titulares de carreteras las medidas precisas para el eficaz cumplimiento y seguimiento del Plan General de Carreteras, en la parte en que éste les afecta.

   7. Las demás funciones que pudieran serle encomendadas por el ordenamiento jurídico.

5. La Comisión del Plan General de Carreteras elaborará y aprobará su reglamento de funcionamiento.

1. El Plan General de Carreteras es el instrumento de planificación de las carreteras de Aragón, a las que se aplica esta Ley, en el marco de la planificación general de la economía y de la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma.

2. El Plan deberá contener las previsiones, objetivos y prioridades de actuación en las vías que integran la Red autonómica, las Redes provinciales y las Redes municipales, las infraestructuras complementarias, en su caso, y los criterios para su revisión.

3. La aprobación y revisión del Plan General de Carreteras se hará mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero responsable de carreteras.

Entre los objetivos del Plan General de Carreteras deberán fijarse los siguientes:

1. Vertebrar y equilibrar el territorio aragonés, garantizando la accesibilidad adecuada a todos los puntos de la Comunidad Autónoma y actuando en los itinerarios precisos para fomentar el dinamismo de las zonas.

2. Satisfacer la demanda de transporte, mejorando la funcionalidad de la red viaria aragonesa.

3. Mejorar la seguridad vial.

4. Limitar el impacto sobre el medio físico, en especial sobre las áreas naturales protegidas, y minorar el negativo impacto del tráfico sobre los núcleos de población. A tal efecto, los proyectos de autopistas, autovías y nuevas carreteras deberán cumplir la normativa sobre impacto ambiental y ser informados preceptivamente por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Las modificaciones del trazado de las carreteras existentes incluirán desde la fase de estudio previo un análisis y evaluación de los impactos ambientales previsibles.

5. Asegurar las inversiones del Plan en las diferentes leyes de presupuestos, así como las necesidades de mantenimiento de las diversas carreteras, incrementando el valor patrimonial de la red viaria y gestionando eficazmente los recursos disponibles.

6. Garantizar que se invierta el equivalente al 2 por 100 del valor patrimonial de las carreteras aragonesas en el mantenimiento y conservación de la propia red.

El Plan General de Carreteras incluirá las siguientes determinaciones:

1. Fijación de los objetivos y establecimiento de prioridades entre ellos.

2. Definición de los criterios aplicables a la programación, proyectos y construcción de los elementos que componen el sistema viario.

3. Descripción y análisis de la situación del Catálogo de las Carreteras en relación con el sistema general de transportes, con especial incidencia entre los medios intermodales del transporte, el modelo territorial y las principales variables socioeconómicas.

4. Criterios para la reserva de carriles o plataformas para uso exclusivo o preferente por el transporte público y para carril-bici.

5. Análisis de las relaciones entre la planificación viaria y el planeamiento territorial y urbanístico, así como la propuesta de medidas que aseguren la coordinación entre ambos planeamientos.

6. Adscripción de los tramos de las vías a las distintas clases de carreteras definidas en esta Ley.

1. El Plan General de Carreteras se elaborará, en su caso, con sujeción a las siguientes previsiones mínimas de garantía y procedimiento:

   1. Elaboración, por el Departamento responsable de carreteras, de un avance de Plan, en el que se recojan las previsiones, objetivos y prioridades a acometer, así como las causas que justifiquen su elaboración. Este avance será aprobado, mediante Decreto, por el Gobierno de Aragón.

   2. Emisión de un informe por la Comisión del Plan General de Carreteras en el plazo de un mes, a contar desde el día en que se haya publicado el Decreto citado en el apartado anterior.

   3. Información pública por el tiempo de dos meses, acordada por orden de dicho Departamento, que se publicará en el 'Boletín Oficial de Aragón', con expresión de los lugares y horas de consulta de la documentación constitutiva del avance del Plan.

   4. Audiencia simultánea a los Ayuntamientos y demás Administraciones públicas afectadas, para la formulación de alegaciones, durante un plazo de dos meses.

   5. Estudio de las alegaciones por el Departamento y redacción definitiva de la propuesta del Plan General, que se elevará a la aprobación del Gobierno de Aragón.

   6. Aprobación del Plan por el Gobierno de Aragón.

2. La aprobación del Plan General de Carreteras llevará implícita la declaración de utilidad pública.

1. El Plan General de Carreteras será objeto de revisión cada cinco años. Asimismo, se podrán introducir modificaciones de detalle cuando lo requieran las circunstancias.

2. Las revisiones periódicas y las modificaciones substanciales del Plan se ajustarán a las mismas garantías y procedimiento establecidos en el artículo 16, como necesarios para su aprobación.

3. Las modificaciones de detalle serán aprobadas mediante Orden del Departamento responsable de carreteras.

El Plan General de Carreteras deberá coordinarse con la ordenación territorial, en los términos que resulten exigibles por la legislación que regula dicha ordenación.

El Consejo de Gobierno podrá, excepcionalmente, acordar, a propuesta del Consejero responsable de carreteras, la ejecución de actuaciones o de obras no previstas en el Plan General de Carreteras en casos de reconocida urgencia o excepcional interés público debidamente fundados, sin que, en ningún caso, puedan modificar o afectar a las características y principios básicos recogidos en el Plan.

1. Las Diputaciones Provinciales, en tanto mantengan la titularidad sobre sus actuales carreteras, y los municipios elaborarán sus planes de carreteras en desarrollo del Plan General de Carreteras de Aragón y en coordinación con el mismo.

2. Los planes de carreteras provinciales y municipales deberán ser sometidos, previamente a su aprobación, a informe vinculante del Departamento responsable de carreteras, que, de no emitirse en el plazo de dos meses, se entenderá favorable.

3. El informe al que se refiere el apartado anterior podrá versar sobre todos los aspectos a que alcance el contenido del Plan; en el caso de no ser favorable a su totalidad, indicará aquellos extremos que deban ser objeto de corrección o ampliación.

La explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio público, de servidumbre y afección, así como las de restauración y protección medioambiental necesarias, y conservación del medio natural y del paisaje.

1. La explotación de las carreteras podrá llevarse a cabo en la forma prevista en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. La explotación directa será la norma general, sin que la misma exija formalidad alguna. En cambio, la explotación indirecta requerirá, siempre que las carreteras pertenezcan a la Red autonómica aragonesa, la aprobación o autorización del Gobierno de Aragón, y cuando fueren de las redes provinciales o de las redes municipales, además de los requisitos previstos en la legislación del régimen local, la aprobación del Departamento responsable de carreteras del Gobierno de Aragón.

La explotación directa de las carreteras de la red autonómica se realizará a través de la Dirección General y de los Servicios Provinciales responsables de carreteras.

Como regla general, la utilización de dichas carreteras será gratuita para el usuario, aunque, excepcionalmente, podrá establecerse el pago de peaje, cuyas tarifas aprobará el Gobierno de Aragón.

1. Se consideran tramos urbanos de las carreteras aquellos que discurran por suelo calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.

2. Se considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas, al menos, en las dos terceras partes de su longitud, y un entramado de calles en, al menos, una de sus márgenes.

La aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a esta Ley deberá ir precedida del correspondiente informe del titular de la vía, que tendrá carácter vinculante.

1. El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas directamente por el titular de la vía en la zona de dominio público de los tramos urbanos corresponde a los Ayuntamientos respectivos, previo informe viculante al respecto del titular de la vía.

2. En las zonas de servidumbre y afección de los tramos urbanos de las carreteras, las autorizaciones de usos y obras serán otorgadas por los Ayuntamientos.

Cuando no exista instrumento de planeamiento urbanístico aprobado definitivamente, los Ayuntamientos deberán recabar, con carácter previo, informe del titular de la vía.

1. La conservación y explotación de los tramos urbanos de carreteras corresponderá al titular de las mismas.

2. En los tramos urbanos, la instalación, conservación y reparación de los servicios públicos en el área de la carretera corresponderán a los titulares de dichos servicios, previa solicitud de autorización para su ejecución y con sujeción a las condiciones técnicas que fije en cada caso el titular de la vía.

3. Los tramos urbanos de carretera que adquieran la condición de 'vías exclusivamente urbanas' se entregarán obligatoriamente, a todos los efectos, a los Ayuntamientos respectivos. Para dicha entrega, se observará el procedimiento que reglamentariamente se determine.

Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan cualquiera de las infracciones tipificadas en los apartados siguientes de este artículo:

1. Son infracciones leves:

   1. Realizar obras, instalaciones o actuaciones en las zonas de dominio público, de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de legalización posterior.

   2. Colocar, verter, arrojar o abandonar dentro de la zona de dominio público, excepto en la explanación, objetos o materiales de cualquier naturaleza.

   3. Realizar, en la explanación o en la zona de dominio público, plantaciones o cambios de uso no permitidos, sin la pertinente autorización o sin atenerse a las condiciones de la autorización otorgada.

2. Son infracciones graves:

   1. Realizar obras, instalaciones o actuaciones en las zonas de dominio público, servidumbre o afección de la carretera más allá de la línea de edificación, sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir algunas de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando no fuere posible su legalización posterior.

   2. Deteriorar cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación, o modificar intencionadamente sus características o situación.

   3. Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la carretera o de los elementos funcionales de la misma.

   4. Colocar o verter objetos o materiales de cualquier naturaleza que afecten a la explanación de la carretera.

   5. Realizar en la explanación o en la zona de dominio público cruces aéreos o subterráneos no permitidos, o sin la pertinente autorización, o sin atenerse a las condiciones de la autorización otorgada.

   6. Colocar carteles informativos en las zonas de dominio público, servidumbre y afección sin autorización del titular de la vía.

   7. Haber sido sancionado por resolución firme, en dos o más ocasiones, por la comisión de una infracción leve.

3. Son infracciones muy graves:

   1. Realizar obras, instalaciones o actuaciones entre la arista exterior de la explanación y la línea de edificación, llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones concedidas.

   2. Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación, o modificar intencionadamente sus características o situación, cuando se impida que el elemento de que se trate siga prestando su función.

   3. Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la carretera, o de los elementos funcionales de la misma, cuando las actuaciones afecten a la calzada o a los arcenes.

   4. Establecer en la zona de afección instalaciones de cualquier naturaleza o realizar alguna actividad que resultare peligrosa, incómoda o insalubre para los usuarios de la carretera, sin adoptar las medidas pertinentes para evitarlo.

   5. Haber sido sancionado por resolución firme, en dos o más ocasiones, por la comisión de una infracción grave.

   6. Establecer cualquier clase de publicidad visible desde la zona de dominio público de la carretera.

1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas, atendiendo a los daños y perjuicios producidos, al riesgo creado y a la intencionalidad del causante, con las siguientes multas, que no podrán exceder de 5.000.000:

   1. Infracciones leves: Multa de 10.000 a 100.000 pesetas.

   2. Infracciones graves: Multa de 100.001 a 500.000 pesetas.

   3. Infracciones muy graves: Multa de 500.001 a 5.000.000 de pesetas.

2. Si además de la imposición de las multas previstas en el apartado anterior, la resolución impusiera al sancionado una conducta consistente en hacer, deshacer algo o dejar de hacer algo, y no fuere cumplido en el plazo fijado en el requerimiento, una vez transcurrido dicho plazo, podrán imponérsele multas coercitivas, conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la normativa local, cuando, en su caso, las infracciones se hayan cometido en carreteras de las Redes provinciales o municipales.

   La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 50 por 100 de la multa fijada para la infracción cometida.

La competencia para la imposición de las multas por infracciones cometidas en las carreteras corresponde:

1. Las sanciones de multa hasta 2.000.000 de pesetas, al Director del Servicio Provincial responsable de carreteras, cuando las infracciones se hubieran cometido en carreteras de las que sea titular la Comunidad Autónoma de Aragón, y al correspondiente Presidente de Diputación Provincial o Alcalde, cuando dichas infracciones se hubieran cometido en carreteras de la Redes provinciales o municipales, respectivamente.

2. Las sanciones de multa desde 2.000.001 hasta 5.000.000 de pesetas, al Director general responsable de carreteras, cuando la infracción se hubiera cometido en carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma, y al pleno de la respectiva entidad local, cuando dichas infracciones se hubieran cometido en carreteras de las Redes provinciales o municipales.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiere cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

1. Los autores de daños ocasionados en las carreteras o en sus elementos funcionales responderán de los mismos en la cuantía resultante de la valoración efectuada por los servicios técnicos del titular de la vía.

2. Esta responsabilidad será exigible en todo caso, con independencia de la sanción que se imponga por comisión de infracción administrativa.

3. Para la exacción del importe de los daños causados, se seguirá, en su caso, el procedimiento legal de apremio.