Ley Audiovisual de las Illes Balears (Ley 5/2013, de 1 de octubre)

Esta ley tiene por objeto:

1. Regular la comunicación audiovisual en el ámbito competencial de la comunidad autónoma de las Illes Balears de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la normativa básica estatal.

2. Establecer las principales líneas de acción institucional encaminadas al fomento de la actividad audiovisual.

3. Regular la organización autonómica en materia audiovisual.

Esta ley será de aplicación en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y en concreto:

1. A los servicios de comunicación audiovisual cuando el ámbito de cobertura de los mismos no exceda al de la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como a su emisión por Internet, dispositivos móviles u otros similares.

2. A la actividad audiovisual desarrollada en el territorio de las Illes Balears en los términos definidos en el artículo 3.1 de esta ley.

1. Actividad audiovisual: toda actividad de creación, producción, promoción, exhibición, distribución y difusión llevada a cabo en el territorio de las Illes Balears por el sector audiovisual de las Illes Balears así como por personas físicas o jurídicas de fuera del territorio.

2. Servicio de comunicación audiovisual: son aquellos servicios cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador de servicio y cuya principal finalidad es proporcionar, a través de redes de comunicación electrónicas, programas y contenidos con el objeto de informar, entretener o educar al público en general, así como emitir comunicaciones comerciales.

3. Prestador del servicio de comunicación audiovisual: la persona física o jurídica que tiene el control efectivo, es decir, la dirección editorial, sobre la selección de los programas y contenidos y su organización en un canal o catálogo de programas. El arrendatario de una licencia de comunicación audiovisual tendrá la consideración de prestador de servicio.

4. Equipos técnicos y humanos de la comunidad autónoma de las Illes Balears: son aquellos equipos técnicos de empresas con sede en la comunidad autónoma de las Illes Balears y los recursos humanos son las personas físicas con residencia en esta comunidad autónoma.

5. Emprendedor en el sector audiovisual: tendrán esta consideración las personas físicas o jurídicas que están iniciando o ya han iniciado, en un tiempo no superior a dos años, una actividad económica relacionada con el sector audiovisual en el territorio de las Illes Balears, con domicilio en las Illes Balears, y siempre que no superen los parámetros de la condición de mediana empresa en los términos del Decreto Ley 5/2011, del 29 de agosto, de apoyo a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa de las Illes Balears.

6. Auditoría operativa: es el examen sistemático y objetivo de las operaciones y los procedimientos efectuados por la entidad con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a su corrección.

1. El servicio público de comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales y estatutarios, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de las Illes Balears, y difundir el conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual. Asimismo, se atenderán aquellos ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la programación mayoritaria.

2. Constituyen su objeto la producción, la difusión y la edición de un conjunto de canales de radio, televisión y servicios de información en línea con programaciones diversas, destinadas a satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad, con sujeción a los principios anteriores.

3. La financiación pública no podrá sostener actividades ni contenidos ajenos al cumplimiento de la función de servicio público.

4. Para la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres en otra comunidad autónoma con afinidades lingüísticas o culturales se requerirá un acuerdo mediante convenio y que exista reciprocidad entre ambas comunidades autónomas.

La actividad del servicio público de comunicación audiovisual se inspirará en los siguientes principios:

1. El respeto y la defensa de los principios que informan la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y de los derechos y las libertades que en ellos se reconocen y garantizan.

2. La promoción y la difusión de la cultura y las lenguas oficiales de la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como la defensa de nuestra identidad.

3. La garantía del acceso universal a la información, la cultura, la educación y el entretenimiento.

4. El fomento de la producción audiovisual propia y de emisiones que coadyuven a la proyección de las Illes Balears hacia el exterior.

5. El reflejo del pluralismo político, ideológico, cultural y social de las Illes Balears que tenga en cuenta el hecho diferencial derivado de su carácter insular y pluriinsular y la participación democrática.

6. El respeto a la dignidad humana, al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.

7. La promoción activa de la igualdad entre hombres y mujeres, que incluye la igualdad de trato y de oportunidades, el respeto a la diversidad y a la diferencia y el uso del lenguaje no sexista.

8. La protección de la juventud y de la infancia.

9. El respeto a la libertad de expresión y a la formación de una opinión política plural.

10. La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quien sustenta éstas últimas y su libre expresión dentro de los límites constitucionales y estatutarios.

11. La búsqueda del desarrollo del sector audiovisual desde el punto de vista de la mejora de su contribución a la economía de la comunidad autónoma.

12. La garantía de los derechos de los usuarios respecto a la programación, la publicidad y las otras modalidades de promoción comercial.

El Consejo de Gobierno decidirá, dentro de los múltiples digitales que se reserven a la comunidad autónoma de las Illes Balears, los canales digitales de ámbito autonómico que serán explotados por el servicio público de comunicación audiovisual televisiva y los que serán explotados por empresas privadas en régimen de licencia.

1. La gestión del servicio público de comunicación audiovisual podrá llevarse a cabo, entre otras modalidades: mediante la gestión directa a través de sus propios órganos, medios o entidades; mediante la atribución a un tercero de la gestión indirecta del servicio o de la producción y edición de los distintos programas audiovisuales; o mediante la prestación del mismo a través de diferentes instrumentos de colaboración público-privada, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato.

2. La comunidad autónoma podrá acordar transformar la gestión directa del servicio en gestión indirecta, mediante la enajenación de la titularidad de la entidad prestadora del servicio, que se realizará conforme a los principios mencionados en el párrafo anterior.

3. El órgano competente en materia de servicios de comunicación audiovisual podrá convocar los correspondientes concursos para la adjudicación de licencias audiovisuales en los términos establecidos en el artículo 20 de esta ley y en la normativa estatal básica.

4. La comunidad autónoma podrá transferir, una vez transformada en licencia audiovisual, la habilitación para prestar este servicio de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 22 de esta ley y en su desarrollo reglamentario.

5. Las personas físicas o jurídicas a quienes se le encomiende la gestión indirecta del servicio o la prestación del mismo a través de instrumentos de colaboración público-privados estarán sujetas al cumplimiento del artículo 24.1 de esta ley, así como a los artículos 40.1 y 41 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de comunicación audiovisual, y en todo caso deberán cumplir los requisitos y las limitaciones establecidos en la legislación para ser titular de una licencia individual.

6. El prestador del servicio público de la comunidad autónoma de las Illes Balears podrá establecer acuerdos con otros prestadores del servicio público de comunicación audiovisual para la producción, la edición y la emisión conjuntas de contenidos, la adquisición de derechos sobre contenidos o en otros ámbitos, para mejorar la eficiencia de su actividad.

1. El prestador de titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual de la comunidad autónoma, la administración pública, así como sus entidades dependientes o sociedades sobre las que cualquiera de las anteriores ejerza su control, no podrán participar en el capital social de prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual.

2. No obstante, en los casos en los que de acuerdo con esta ley se acuerde la prestación del servicio público de comunicación audiovisual mediante gestión indirecta u otros instrumentos de colaboración público-privada, la comunidad autónoma podrá participar en el capital social del prestador de su servicio público.

3. La comunidad autónoma no podrá participar, directa o indirectamente, en el capital social de los titulares de licencia del servicio de comunicación audiovisual.

Se establece la obligación del prestador de titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual de las Illes Balears de ajustar su actividad al marco de estabilidad presupuestaria y, para ello, se establecen las siguientes medidas de carácter financiero:

1. Se debe fijar mediante la ley de presupuestos anuales el límite máximo de gasto anual del servicio público.

2. La memoria y el informe de gestión anuales se referirán expresamente al cumplimiento del equilibrio y la sostenibilidad financieros y, en el caso excepcional de no encontrarse en equilibrio, el prestador de titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual presentará al órgano competente en materia de presupuestos una propuesta de reducción de los gastos para el siguiente ejercicio en una cantidad equivalente a la pérdida o al déficit generado.

   Las aportaciones patrimoniales, los contratos, los programas, las encomiendas, los convenios o cualquier entrega de la comunidad autónoma a favor directa o indirectamente de los prestadores de titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual requerirán la puesta en marcha de la reducción de gastos aprobada.

3. Se establece la obligación de presentar anualmente, antes del 1 de abril, ante el Parlamento un informe que ponga de manifiesto que la gestión del servicio público se adecua a los principios de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4. Los sistemas de control de la función de servicio público son los siguientes:

   1. Corresponde al Parlamento de las Illes Balears ejercer el control parlamentario y velar de manera especial por el cumplimiento de la función de servicio público.

   2. Corresponde a la consejería competente en materia audiovisual velar por el cumplimiento de los principios rectores del modelo audiovisual y, en general, la adecuación a la legislación audiovisual de la actuación del prestador del servicio público.

   3. Corresponde a la Sindicatura de Cuentas el control externo de la gestión económica y presupuestaria del prestador del servicio público, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Tribunal de Cuentas.

   4. Asimismo, se podrán establecer auditorias operativas que permitan la adecuada supervisión financiera del prestador de titularidad pública del servicio de comunicación audiovisual con especial atención al equilibrio y a la sostenibilidad presupuestaria.

La consejería competente en materia audiovisual de las Illes Balears ejercerá la supervisión, el control y la protección activa para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta ley y en la normativa estatal básica, así como la potestad sancionadora en relación con los servicios de comunicación audiovisual a los que sea de aplicación esta ley.

Son infracciones muy graves:

1. La emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

2. Las emisiones que vulneren la dignidad humana.

3. La difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en los términos del artículo 7.2 de esta ley.

4. La comisión dos veces en un día y en un mismo canal de comunicación audiovisual de la infracción grave prevista en el artículo 32.d) siguiente.

5. La prestación del servicio de comunicación audiovisual sin disponer de la correspondiente licencia o sin haber cumplido el deber de comunicación previa.

6. La prestación del servicio de comunicación audiovisual basado en una solicitud cuyo titular incurra en cualquiera de las limitaciones por razón de orden público audiovisual previstas en la legislación básica estatal.

7. La acumulación de cuatro infracciones graves en un mismo año natural.

Son infracciones graves:

1. El incumplimiento del deber de identificación plena previsto en el artículo 9.1 de esta ley.

2. La vulneración durante más de tres días en un periodo de diez días consecutivos del deber previsto en el artículo 9.2 de esta ley de dar a conocer la programación televisiva con la antelación prevista.

3. La vulneración de la prohibición y, en su caso, de las condiciones de emisión de contenidos perjudiciales para el menor previstas en el artículo 7.1 y 3 de esta ley.

4. El incumplimiento del límite de tiempo de emisión por hora de reloj dedicado a la publicidad y a la televenta, cuando exceda en un 20% de lo permitido.

5. El incumplimiento del resto de las condiciones establecidas en esta ley para la realización de las distintas formas de comunicación comercial previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley que no estén incluidas en la tipificación del apartado anterior.

   El incumplimiento en la misma comunicación comercial de dos o más condiciones de las previstas en estos artículos sólo da lugar a una sanción. Asimismo, el incumplimiento de una de las condiciones previstas en los artículos mencionados no puede dar lugar además a la sanción por comunicación comercial encubierta.

6. El incumplimiento de los códigos de autorregulación de conducta previstos en el artículo 12 de esta ley.

7. El incumplimiento del deber de permitir a los restantes prestadores la emisión de un breve resumen informativo, en los términos y con las condiciones establecidas por el artículo 16. 3 de esta ley.

8. La negativa, resistencia u obstrucción que impida, dificulte o retrase el ejercicio de facultades de inspección de la autoridad competente.

9. La acumulación de cuatro infracciones leves en un mismo año natural.

Son infracciones leves:

1. El incumplimiento del deber de atender un requerimiento de información dictado por la autoridad competente, así como retrasar injustificadamente su aportación cuando resulte exigible conforme a lo dispuesto en esta ley.

2. El incumplimiento del resto de deberes y obligaciones establecidos en esta ley, que no estén tipificados como infracciones graves o muy graves.

3. El incumplimiento de las condiciones no esenciales de la licencia.

1. Las infracciones muy graves serán sancionadas:

   1. En todo caso, con una multa de 500.001 a 1.000.000 de euros para los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 100.001 a 200.000 para los radiofónicos, para los prestadores del servicio de comunicación electrónica y para los prestadores de servicio de catálogo de programas.

   2. En el caso de la infracción prevista en el apartado e) del artículo 31, además de la multa se impondrá el cese de las emisiones, y se precintarán provisionalmente los equipos y las instalaciones utilizados para realizar la emisión.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con una multa de 100.001 a 500.000 euros para servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.001 a 100.000 para los radiofónicos, para los prestadores del servicio de comunicación electrónica y para los prestadores de servicio de catálogo de programas.

3. Las infracciones leves serán sancionadas con una multa de hasta 100.000 euros para los servicios de comunicación televisiva y hasta 50.000 para los radiofónicos, para los prestadores del servicio de comunicación electrónica y para los prestadores de servicio de catálogo de programas.

4. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, los siguientes criterios:

   1. La inclusión de la conducta sancionada en un código de autorregulación que obligue al infractor como conducta prohibida.

   2. Haber sido sancionado por resolución administrativa firme por el mismo tipo de infracción en el plazo de los tres años anteriores.

   3. La gravedad de las infracciones cometidas en el plazo anterior de tres años por el sujeto al que se sanciona.

   4. La repercusión social de las infracciones.

   5. El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracción.

5. Las cuantías señaladas en este artículo serán actualizadas periódicamente por el Consejo de Gobierno teniendo en cuenta la variación de los índices de precios de consumo.

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de la presente ley es exigible al prestador del servicio de comunicación audiovisual. También será aplicable, cuando proceda con arreglo a esta ley, a los prestadores del servicio radiofónico y a los prestadores de los servicios de comunicación electrónica y de catálogo de programas.

   A los efectos de la correcta dilucidación de la responsabilidad administrativa, los prestadores del servicio deberán archivar, durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de su primera emisión, todos los programas emitidos, incluida la comunicación comercial, y registrar los datos relativos a tales programas.

2. No incurrirán en responsabilidad administrativa el prestador del servicio de comunicación audiovisual, ni los prestadores de los servicios de comunicación electrónica y de servicio de catálogo de programas, cuando emitan comunicaciones comerciales elaboradas por personas ajenas al prestador y que supongan una infracción de acuerdo con la normativa vigente sobre publicidad.

   No obstante, el prestador del servicio deberá cesar en la emisión de tal comunicación comercial al primer requerimiento de la consejería competente en materia audiovisual de las Illes Balears.

3. La persona infractora tendrá que reponer la situación alterada a su estado originario y resarcir los daños y perjuicios causados, siempre que técnicamente sea posible. La autoridad competente para la resolución del expediente sancionador puede imponer multas coercitivas de hasta 30.000 euros diarios para el cumplimiento de estas obligaciones.

1. El Gobierno de las Illes Balears reconoce el carácter estratégico del sector audiovisual de las Illes por su importancia social y económica, y como instrumento para la promoción turística, además de medio para la promoción y la divulgación de la cultura, la historia y la lengua propias, así como para la transmisión de los valores superiores de nuestra Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía.

2. Los poderes públicos de la comunidad autónoma de las Illes Balears deberán:

   1. Establecer instrumentos adecuados de fomento orientados a la consolidación del sector audiovisual como un factor estratégico de la economía de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en el que deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

1. Favorecer la competencia y la presencia nacional e internacional de las empresas audiovisuales de las Illes Balears.

2. La innovación tecnológica, la investigación y el desarrollo sostenido del factor I+D+I.

3. La formación de los trabajadores y profesionales relacionados con el sector audiovisual.

4. El fomento de la contratación de técnicos residentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como la contratación, la colaboración y la coproducción con las empresas de las Illes Balears a través del Registro general de empresas audiovisuales de las Illes Balears.

5. La realización de iniciativas con componentes de creatividad e innovación.

6. La elaboración de planes de promoción, distribución y exhibición.

7. El fomento y la potenciación de la figura del emprendedor en el sector audiovisual

8. El adecuado tratamiento de las dos lenguas cooficiales de las Illes Balears, así como de la cultura propia dentro y fuera de las Illes Balears.

9. Apoyar a los autores y creadores del sector audiovisual de las Illes Balears y a su obra, reconociendo su trabajo como parte fundamental de la cultura de las Illes Balears.

10. Favorecer la producción audiovisual tanto nacional como internacional en el ámbito territorial de las Illes Balears así como la articulación de rutas turísticas cinematográficas con la finalidad de promover el sector turístico.

    2. Crear una ventanilla única para la actividad audiovisual en las Illes Balears, y llevar a cabo la eliminación y reducción progresiva de las cargas administrativas, así como reducir las trabas injustificadas o desproporcionadas para el acceso y el ejercicio de la actividad audiovisual.

    3. Proporcionar los instrumentos necesarios para la protección, la conservación y la salvaguarda del patrimonio audiovisual de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Para ello se creará una filmoteca de las Illes Balears.

    4. Coordinar las acciones del Gobierno de las Illes Balears en materia audiovisual con las que promuevan las administraciones locales de la comunidad autónoma, así como con las del resto de comunidades autónomas, el Estado y la Unión Europea.

    5. Colaborar con las entidades locales en la formación de sus técnicos en materia audiovisual.

    6. Suscribir convenios de colaboración con entidades públicas y privadas para la consecución de los objetivos de esta ley.

    7. En general, llevar a cabo todas aquellas líneas de actuación que fomenten la creación, la producción, la distribución y la exhibición de las obras audiovisuales elaboradas en las Illes Balears, así como la ampliación, la mejora y la internacionalización del sector audiovisual de las Illes Balears y de las empresas que lo integran.

3. Asimismo, los poderes públicos de la comunidad autónoma de las Illes Balears podrán destinar una parte de la inversión que deja la realización y la ejecución de una producción internacional y/o nacional en nuestro territorio, para incentivar las producciones propias realizadas por las productoras con domicilio social en las Illes Balears.

1. Corresponde al Gobierno de les Illes Balears, a través de la consejería correspondiente, el fomento de aquellas actividades relacionadas con el impulso a la creación, la producción, la difusión y la exhibición; la investigación; la formación; y la conservación de obras audiovisuales, sin perjuicio de las competencias que los consejos insulares tengan atribuidas en estas materias por el Estatuto de Autonomía.

2. Corresponde a la consejería que ejerza las competencias en materia audiovisual:

1. Proponer al Consejo de Gobierno la estrategia general de las políticas públicas en materia audiovisual.

2. Ejecutar programas y acciones para el desarrollo de la actividad audiovisual.

3. Elaborar los anteproyectos de reglamentos de desarrollo de la presente ley.

4. Elaborar el anteproyecto de presupuestos en materia audiovisual.

5. Proponer la concesión de las licencias en materia audiovisual, así como recibir las comunicaciones previas al inicio de la actividad.

6. Controlar el cumplimiento de la normativa general del audiovisual en el ámbito de la comunidad autónoma, y ejercer las correspondientes potestades inspectoras y sancionadoras.

7. Dirigir estratégicamente y coordinar todas las unidades y los centros directivos de la administración autonómica relacionados con las empresas y actividades audiovisuales.

8. Llevar el Registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual de las Illes Balears, el Registro general de empresas audiovisuales de las Illes Balears y la Filmoteca de las Illes Balears.

9. Adoptar las políticas necesarias para potenciar la producción audiovisual, los creadores, e incentivar la introducción de innovaciones tecnológicas y artísticas en el ámbito audiovisual.

10. Proponer medidas para impulsar la enseñanza de materias relacionadas con el mundo audiovisual en el sistema educativo, así como medidas de potenciación de la investigación e innovación en el sector audiovisual.

11. Aplicar medidas de protección y de fomento de la actividad audiovisual sin ánimo de lucro.

12. Apoyar a los jóvenes creadores, emprendedores y profesionales del sector audiovisual.

13. Impulsar medidas de protección, preservación y difusión del patrimonio audiovisual de las Illes Balears.

1. Se crea el Registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual de las Illes Balears, adscrito a la consejería competente en materia audiovisual, en el cual se tendrán que inscribir los prestadores de servicios de comunicación audiovisual sujetos a esta ley. Asimismo, se inscribirán las personas titulares de participaciones significativas en los prestadores del servicio de comunicación audiovisual con indicación del capital que corresponda.

   Se entiende por participación significativa a los efectos de esta ley, la que represente directa o indirectamente:

   1. El 5% del capital social.

   2. El 30% de los derechos de voto o porcentaje inferior, si sirviera para designar en los 24 meses siguientes a la adquisición un número de consejeros que representen más de la mitad de los miembros del órgano de administración de la sociedad.

2. Este registro tendrá carácter público y sus inscripciones tendrán efectos declarativos.

3. El acceso a los datos de este registro y la solicitud de certificaciones de los asientos por la ciudadanía se ejercerán en los términos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y, en su caso, sujetos a las previsiones contenidas en la normativa de protección de datos.

4. El Registro se configurará en soporte informático y se llevarán los libros auxiliares o archivos que sean convenientes para su buen funcionamiento.

5. Reglamentariamente se establecerá la organización, el contenido y el funcionamiento de dicho registro.

1. Se crea el Registro general de empresas audiovisuales de las Illes Balears, adscrito a la consejería competente en materia audiovisual, como instrumento de publicidad y transparencia.

2. Se podrán inscribir en el Registro general de empresas audiovisuales de las Illes Balears las empresas con sede o centro de trabajo en la comunidad autónoma, cualquiera que sea su forma jurídica, que realicen actividades de producción, distribución, laboratorios, estudios de rodaje y doblaje, material audiovisual y las demás conexas que se determinen reglamentariamente, así como las personas y entidades titulares de las salas de exhibición.

3. La inscripción de una empresa en el Registro general de empresas audiovisuales de las Illes Balears, conllevará la inscripción en el Registro del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, sin que la empresa tramite una segunda solicitud de inscripción. En el caso de empresas ya registradas en el ICAA será suficiente con una comunicación donde conste que ya están inscritas en el citado ICAA.

4. Los profesionales vinculados al sector audiovisual podrán comunicar al Registro el ejercicio de su actividad al objeto de que los organismos públicos y privados dispongan de una información amplia del capital humano del sector audiovisual de las Illes Balears.

5. Las empresas inscritas a las que se refiere el apartado segundo de este artículo, deberán suministrar al Registro una copia de las cuentas anuales que depositen en el Registro Mercantil cuando estén sujetas a esta obligación de depósito, así como información sobre su participación en producciones y rodajes en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente.

6. Este registro dispondrá de una sección específica en la que se inscribirán todas las empresas de las Illes Balears, del resto de España y extranjeras en caso de ser beneficiarias de alguno de los incentivos para el impulso de la actividad audiovisual regulados en los artículos 43 y siguientes de esta ley.

7. Asimismo, tendrá una sección donde se inscribirán las empresas audiovisuales y las conexas que se establezcan reglamentariamente, que sean eficientes en términos medioambientales en los términos que establece el artículo 50 de esta ley.

8. El Registro ha de mantener, durante un período mínimo de 5 años, una base de datos de los incentivos otorgados a las empresas, o solicitantes, a fin de:

- Verificar si se han cumplido los requisitos establecidos en esta ley y la normativa que la desarrolle.

- Facilitar a los organismos de control la información que se le requiera.

1. La Filmoteca de les Illes Balears, órgano adscrito a la consejería competente en materia audiovisual, se encargará de llevar a cabo la coordinación para la recuperación, la conservación, la documentación, la promoción y la difusión del patrimonio audiovisual de la comunidad autónoma de las llles Balears y de las artes de la imagen en general, sin perjuicio de las competencias propias de los consejos insulares. A estos efectos podrán establecerse los mecanismos de coordinación y cooperación necesarios con los consejos insulares para incorporar al patrimonio de la Filmoteca de las Illes Balears aquellos materiales audiovisuales ya preservados por los archivos propios o de entidades o empresas dependientes de los consejos insulares.

2. La Filmoteca de las Illes Balears velará por la preservación y la difusión del patrimonio audiovisual y de la cultura cinematográfica balear; además servirá de apoyo a la formación audiovisual mediante la puesta a disposición de las actividades formativas del material filmográfico y audiovisual custodiado por la Filmoteca.

3. Corresponderá a la consejería competente en materia audiovisual solicitar, de oficio o a instancia de parte, la declaración de aquellas obras audiovisuales o material fílmico de marcado interés artístico, histórico o cultural como bienes de interés cultural autonómico o nacional, en su caso.

1. La Illes Balears Film Commission tiene como objetivo principal facilitar a las productoras nacionales e internacionales toda la información que precisen para la realización de rodajes en cualquier lugar del territorio de la comunidad autónoma de les Illes Balears.

2. La Illes Balears Film Commission elaborará una guía de buenas prácticas ambientales que servirá de herramienta para los profesionales del sector.

3. La Illes Balears Film Commission se constituye como una oficina de servicios que podrá ejercer directamente la consejería competente en materia audiovisual o, en su caso, mediante un ente del sector público instrumental autonómico. Los consejos insulares, los ayuntamientos, las asociaciones profesionales y las entidades públicas o privadas relacionadas con la materia podrán colaborar en la toma de decisiones por medio de convenios de colaboración. En su caso, estas fórmulas podrán incluir las cesiones de las marcas “Film Commission”.

4. A través de la ventanilla única de actividades audiovisuales prevista en el artículo 36.2.b) de esta ley, que se integrará en la Illes Balears Film Commission, se facilitarán y agilizarán los procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo actividades audiovisuales en cualquiera de las islas del archipiélago.

   También se informará sobre los incentivos o beneficios fiscales en materia audiovisual a los que se pueda optar en el ámbito territorial de la comunidad autónoma.

   La ventanilla única permitirá el conocimiento y el contacto con las empresas relacionadas con el sector audiovisual que prestan sus servicios en las Illes Balears a través del Registro de empresas audiovisuales de la comunidad autónoma de las Illes Balears adscrito a la consejería competente en materia audiovisual.

   Se podrá acceder, electrónicamente, a través de la ventanilla única, tanto a la información sobre los procedimientos necesarios para el desarrollo de una actividad audiovisual, como a la realización de los trámites preceptivos para ello, incluyendo las declaraciones, notificaciones o solicitudes necesarias para obtener una autorización, un permiso o una licencia.

   La comunidad autónoma ha de adoptar las medidas necesarias para garantizar que, a través de la ventanilla única se pueda:

   1. Obtener toda la información y los formularios necesarios para el acceso a su actividad y su ejercicio.

   2. Presentar toda la documentación y las solicitudes necesarias.

   3. Acceder a la información que prevé este artículo en las lenguas cooficiales de las Illes Balears y en alguna otra lengua de trabajo comunitaria.

5. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías necesarias para garantizar la interoperabilidad de los distintos sistemas, en la medida en que la disponibilidad técnica y económica lo haga posible.

1. El Gobierno de las Illes Balears adoptará las medidas necesarias para reducir las cargas administrativas en el desarrollo de la actividad audiovisual en el ámbito territorial de las Illes Balears.

2. Para estudiar, diseñar y poner en marcha las actuaciones generales que tengan como objetivo agilizar tramitaciones administrativas mediante la utilización de las herramientas organizativas, de calidad, de administración electrónica y jurídicas para rediseñar y simplificar los procedimientos para la obtención de autorizaciones, permisos y licencias, como también las técnicas de gestión para reducir cargas administrativas, se ha de crear un grupo de trabajo en materia de reducción de cargas administrativas para el desarrollo de la actividad audiovisual en las Illes Balears.

3. El Gobierno de las Illes Balears ha de llevar a cabo las medidas de colaboración institucional y administrativa necesarias para la consecución del objeto de esta ley, tales como la homogenización de tasas y plazos para la obtención de permisos y licencias para rodajes en las diferentes islas y municipios de les Illes Balears, en el ámbito de sus competencias.

1. El Gobierno de las Illes Balears velará para que, en todo caso, las grabaciones que se lleven a cabo en el territorio de las Illes Balears sean respetuosas con el medio ambiente.

2. Se fomentarán aquellas producciones audiovisuales que, mediante el uso de medidas de eficiencia energética y las nuevas tecnologías, conlleven un menor gasto energético. Las empresas audiovisuales y conexas que hagan uso de estas medidas se podrán inscribir en la sección específica prevista en el Registro general de empresas audiovisuales de las Illes Balears, en los términos previstos en el artículo 39.7 de esta ley.