Real Decreto de Integración de las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales en las Delegaciones de Gobierno (Real Decreto 2725/1998, de 18 de diciembre)
| Publicado en | BOE |
| Ámbito Territorial | Normativa Estatal |
| Rango | Real Decreto |
La disposición final primera del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las Delegaciones del Gobierno estableció que en 1998 se integrarían en las citadas Delegaciones los servicios que se determinaran de las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, suprimiéndose, en consecuencia, dichas Direcciones Provinciales.
El presente Real Decreto da cumplimiento a esta previsión, lo que permitirá seguir avanzando en la implantación del nuevo modelo de Administración periférica establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Este Real Decreto aborda, consecuentemente, la integración de los servicios de las Direcciones Provinciales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en las Delegaciones del Gobierno. Se exceptúan de esta integración los servicios correspondientes en materia de Inspección de Trabajo, que se organizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y sus normas de desarrollo. Simultáneamente, este Real Decreto suprime las citadas Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.
Como consecuencia de la integración se crean en las Delegaciones del Gobierno las áreas funcionales de Trabajo y Asuntos Sociales, que, en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, se organizarán en dependencias provinciales, integradas en la correspondiente Subdelegación del Gobierno; asimismo, se establece el régimen competencial en materia de Trabajo y Asuntos Sociales.
Por otra parte, este Real Decreto se remite al Real Decreto 1330/1997, en cuanto al régimen jurídico de los servicios integrados, de manera que dicha norma es de aplicación a las áreas y dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales.
Por último, el Real Decreto prevé los mecanismos de incorporación al Ministerio de Administraciones Públicas de los recursos humanos y medios financieros y materiales precisos para llevar a cabo la integración de servicios dispuesta.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de diciembre de 1998,
DISPONGO:
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De conformidad con la disposición final primera del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las Delegaciones del Gobierno, se integrarán en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, en los términos de este Real Decreto, los servicios de las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, no afectando tal integración a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se organizará como servicio no integrado, de acuerdo con las previsiones de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, regulador del procedimiento para imposición de sanciones de orden social.
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Las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales quedarán suprimidas tras la integración de servicios en las Delegaciones del Gobierno.
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Los Delegados del Gobierno asumirán, en relación con los servicios integrados del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las competencias previstas en el apartado 1, del artículo 5 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las Delegaciones del Gobierno, y además las siguientes:
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Todas aquéllas competencias en materia de informes, resoluciones y sanciones no atribuidas expresamente a un determinado órgano en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 557/2011.
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La emisión de informes que se establezcan en la normativa sobre Ciudadanía Española en el Exterior y Retorno, en relación con la resolución de ayudas a favor de los emigrantes españoles.
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Instruir y emitir propuesta de resolución en las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido, de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido.
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Cualquiera otra competencia resolutoria cuya titularidad corresponda a los Directores de las Áreas de Trabajo e Inmigración, respecto de los servicios que se integran en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
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Los Delegados del Gobierno en las ciudades de Ceuta y Melilla asumirán las competencias resolutorias o de emisión de propuesta de resolución de los respectivos Directores de las Áreas de Trabajo e Inmigración de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
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Corresponderán a los Subdelegados del Gobierno y a los Directores insulares las competencias previstas en el artículo 7 del Real Decreto 1330/1997, respecto de los servicios de las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.
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Los Directores de las áreas de Trabajo y Asuntos Sociales y los Jefes de las dependencias provinciales de dichas áreas ejercerán las competencias previstas en el artículo 9 del Real Decreto 1330/1997, y las que, en su caso, se les deleguen.
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Los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales acordarán:
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El personal de las Direcciones Provinciales que se integra en las Delegaciones del Gobierno y pasa a depender del Ministerio de Administraciones Públicas, mediante resolución conjunta de los Subsecretarios de ambos Departamentos.
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Los bienes inmuebles, vehículos, maquinaria, equipos informáticos y de comunicaciones, equipamientos y bienes muebles, así como los restantes medios materiales que han de adscribirse al Ministerio de Administraciones Públicas, mediante la correspondiente acta, que suscribirán los representantes de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas.
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Los créditos presupuestarios necesarios para financiar el coste de los servicios integrados serán dados de baja en las correspondientes partidas presupuestarias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de alta en los conceptos equivalentes del Ministerio de Administraciones Públicas. Con esta finalidad el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales iniciará la tramitación de los oportunos expedientes de modificación presupuestaria.
Se aplicarán a los servicios integrados de Trabajo y Asuntos Sociales las previsiones del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, sobre dependencia funcional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, competencias sobre el personal y sobre planificación y gestión de los medios de los servicios integrados y aquellos otros preceptos de dicho Real Decreto y sus normas de desarrollo que les resulten de aplicación.
Las unidades administrativas periféricas del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) dependerán orgánica y funcionalmente de la Secretaría General del Organismo. Dichas unidades mentendrán con las áreas y dependencias provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales las relaciones funcionales que actualmente sostienen con las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.
Los titulares de dichas áreas y dependencias ejercerán la Presidencia de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial a que se refiere el artículo 9.4 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial.
Las dependencias provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales en las Subdelegaciones del Gobierno podrán crearse y suprimirse por Orden del Ministro de la Presidencia dictada a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas.
Los Directores de las áreas de Trabajo y Asuntos Sociales y los Jefes de las dependencias provinciales sustituirán a los Directores provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales en los órganos colegiados actualmente existentes, que éstos presidían o de los que formaban parte.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de Empleo, prestará, mientras resulte necesario, asistencia a las oficinas de información de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para el ejercicio de sus funciones de información en materia socio-laboral.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 de este Real Decreto, la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Asturias mantendrá las actuales competencias hasta tanto se produzcan las transferencias en materia socio-laboral a esta Comunidad Autónoma, en cuyo momento se producirá la integración de las unidades que correspondan en la Delegación del Gobierno.
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Los titulares de los órganos suprimidos en el apartado 2, del artículo 1, en las provincias sede de las Delegaciones del Gobierno ejercerán las competencias de los Directores del área funcional de Trabajo y Asuntos Sociales hasta que se nombre a los titulares de dichas áreas, momento en el que se producirá el cese de aquéllos.
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Los restantes titulares de los órganos suprimidos en el apartado 2, del artículo 1, ejercerán las competencias de los Jefes de dependencia hasta que se nombre a aquéllos, momento en el que se producirá su cese.
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Los demás órganos y puestos de trabajo dependientes de los anteriores órganos suprimidos continuarán subsistentes hasta que entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo.
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Los órganos y puestos de trabajo subsistentes, de acuerdo con esta disposición transitoria, se adscribirán provisionalmente por resolución del Subsecretario de Administraciones Públicas a los órganos regulados en este Real Decreto, en función de las atribuciones que éstos tengan asignadas hasta tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, previa consulta con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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La relación de puestos de trabajo determinará el nivel orgánico de los puestos y en ningún caso podrá suponer incremento del gasto público.
Las peculiaridades en materia de gestión de personal de los servicios integrados, reguladas en el artículo 13 del citado Real Decreto 1330/1997, se aplicarán hasta tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo al personal que ocupe los puestos de nivel de complemento de destino 14 o superior de contenido técnico especializado.
Queda derogado el apartado uno, del artículo 9, del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial.
Igualmente, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este Real Decreto.
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Por Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, se desarrollarán, en cuanto resulte preciso, las previsiones de este Real Decreto.
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Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, la integración de los servicios en las Delegaciones del Gobierno y la distribución de competencias establecidas en el presente Real Decreto tendrán efectividad a partir del 1 de marzo de 1999, si bien, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá seguir gestionando, a partir de dicha fecha, los créditos presupuestarios para atender los gastos de los servicios que se integran hasta que se suscriban las actas a las que se refiere el artículo 6.1.b).
Dado en Madrid a 18 de diciembre de 1998.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
MARIANO RAJOY BREY
