Ley para la ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La Mancha (Ley 8/2001, de 28 de junio)

El objeto de esta Ley es la regulación de las condiciones para el establecimiento y funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación, sus elementos y equipos, a fin de que su implantación no tenga efectos negativos sobre la salud de las personas y produzca el mínimo impacto sobre el medio ambiente desde el punto de vista espacial y visual.

1. Esta Ley se aplica a todas las instalaciones fijas de radiocomunicaciones con sistemas radiantes susceptibles de generar o recibir ondas radioeléctricas en un intervalo de frecuencia comprendido entre 10 kHz a 300 GHz que se instalen en Castilla-La Mancha.

2. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ley:

1. Los equipos y estaciones de Telecomunicación para la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y Protección Civil.

2. Las instalaciones catalogadas de aficionados, siempre que reúnan las dos circunstancias siguientes:

1. Sean de potencia media inferior a 250 W.

2. Transmitan de forma discontinua.

Esta Ley tiene por finalidades:

1. La protección de la salud de los ciudadanos ante las posibles consecuencias que las ondas electromagnéticas pueden ocasionar sobre la misma.

2. La armonización del despliegue de las redes de radiocomunicación con la finalidad de protección del medio ambiente.

3. La integración de las estaciones base de telefonía móvil y otras estaciones de radiocomunicaciones en el entorno urbanístico y territorial.

4. La ampliación de la cobertura de los servicios de radiocomunicación a todo el territorio de Castilla-La Mancha.

1. Las actividades objeto de esta Ley, y las instalaciones que estén vinculadas a ellas, han de ser proyectadas, instaladas, utilizadas, mantenidas y controladas ajustándose a las determinaciones de protección de la salud y seguridad, a los objetivos de calidad medioambiental y conforme a los criterios de planeamiento urbanístico que fija la legislación vigente y, específicamente, las establecidas por esta Ley.

2. Los titulares de las actividades las han de ejercer bajo los principios siguientes:

1. Evitar cualquier instalación que no garantice la protección de la salud.

2. Garantizar la cobertura de los servicios de radiocomunicación a la población de Castilla-La Mancha.

3. Prevenir las afecciones al paisaje.

4. Compartir infraestructuras siempre que sea técnicamente viable, suponga una reducción del impacto ambiental y paisajístico y cumplan los requisitos de protección de la salud que establece esta Ley.

Las instalaciones objeto de esta Ley han de cumplir los niveles máximos de exposición, las distancias de seguridad y protección establecidas en los anexos 1, 2y3.

Prohibiciones y limitaciones a las instalaciones.

Con carácter general y, sin perjuicio de la normativa específica, no podrán establecerse instalaciones de radiocomunicación en los bienes inmuebles de interés cultural declarados Monumentos por la Ley de Patrimonio Histórico y en los espacios naturales protegidos calificados por las categorías de Microreservas y Monumentos Naturales por la Ley de Conservación de la Naturaleza.

Se limitarán las instalaciones en los conjuntos histórico-artísticos, zonas arqueológicas y jardines declarados como bienes de interés cultural, así como en el resto de categorías de espacios naturales protegidos, obligándose a incorporar las medidas de mimetización o las soluciones específicas que minimicen el impacto visual.

Se limitarán igualmente las instalaciones de radiocomunicación en centros hospitalarios y geriátricos, residencias de ancianos, centros educativos, escuelas infantiles y en todos aquellos espacios que se definan reglamentariamente como de especial riesgo.

El órgano competente de la Junta de Comunidades, o los Ayuntamientos en su caso, por razones medioambientales o paisajísticas y urbanísticas, y previo trámite de audiencia a los interesados, podrá imponer acciones de mimetización y soluciones específicas destinadas a minimizar el impacto de las infraestructuras y armonizarlas con el entorno, e incluso prohibir determinadas tipologías de instalaciones de radiocomunicación.

Los operadores están obligados a mantener sus instalaciones en las debidas condiciones de seguridad, estabilidad y conservación, así como a minimizar el impacto ambiental y visual de acuerdo con los fines de esta Ley.

Los operadores tendrán que revisar las instalaciones anualmente, notificando en el plazo de dos meses a la Consejería competente la acreditación de dicha revisión.

Los titulares de las instalaciones estarán obligados a subsanar las deficiencias de conservación en un plazo máximo de quince días a partir de la notificación de la irregularidad. Cuando existan situaciones de peligro para las personas o bienes, las medidas deberán de adoptarse deforma inmediata.

En los supuestos de cese definitivo de la actividad o existencia de elementos de la instalación en desuso, el operador o, en su caso, el propietario de las instalaciones deberá realizar las actuaciones necesarias para desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos, y dejar el terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación, en el estado anterior al establecimiento de los mismos.

El emplazamiento de las instalaciones de radiocomunicación queda sujeto a las determinaciones fijadas en esta Ley y en su normativa de desarrollo y a las que resulten de la normativa medioambiental y urbanística.

Los operadores de radiocomunicación estarán obligados a presentar un Plan Territorial de Despliegue de Red que contemple las estaciones fijas ya existentes y las previsiones de implantación y desarrollo del conjunto de toda su red.

Dicho Plan proporcionará la información necesaria para la adecuada integración de estas instalaciones en la ordenación medioambiental y territorial y asegurar el cumplimiento de las limitaciones establecidas en esta Ley.

Los operadores deberán presentar, antes de la realización de la primera de sus instalaciones fijas de radiocomunicación en la Región, el Plan Territorial de Despliegue de Red.

Para la ordenación de los emplazamientos, los operadores de radiocomunicación han de facilitar a la Administración Autonómica información suficiente sobre la red existente y la previsión, para al menos un año, de las nuevas instalaciones que desarrollarán su red territorial, debiendo contener:

1) Con carácter general:

Esquema general de la red, indicando los principales nodos y localización de la cabecera, enlaces y posibles alternativas.

Descripción de los servicios prestados y tecnologías utilizadas.

Programa y calendario de ejecución de las nuevas instalaciones.

2) Para cada emplazamiento:

Disposición del terreno, accesos y suministros.

Calificación urbanística del suelo, afecciones medioambientales y al patrimonio histórico-artístico.

Posibilidad de uso compartido.

Justificación de la solución técnica propuesta.

Indicación expresa en planos de la cota altimétrica.

Altura del emplazamiento y altura de las antenas del sistema radiante.

Áreas de cobertura.

Margen de frecuencias y potencia de emisión.

Ganancia con respecto a una antena isotrópica.

Número y tipo de antenas.

Número de portadoras y canales máximos por sector.

Diagrama de radiación indicando la potencia isótropa radiada equivalente (W) en todas las direcciones.

Ángulo de elevación del sistema radiante. Abertura del haz.

3) La información gráfica ha de señalar los lugares de emplazamiento, con coordenadas UTM y sobre la cartografía siguiente:

1. A escala 1:25.000 para las instalaciones que se emplacen en la demarcación no urbana.

2. A escala 1:2.000 para las instalaciones que se emplacen en la demarcación urbana.

Los operadores indicarán de forma expresa aquella parte de la información suministrada que tiene carácter de confidencial, al amparo de la legislación vigente.

Se crea la Comisión de Redes de Radiocomunicación adscrita a la Consejería de Ciencia y Tecnología que ejercerá las competencias atribuidas por esta Ley.

Dicha Comisión estará compuesta por:

Presidente: El Consejero de Ciencia y Tecnología.

Vocales: El Director general de Salud Pública, el Director general de Medio Ambiente Natural y el Director general de Urbanismo y Vivienda.

Secretario: El Director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

1. La Comisión de Redes de Radiocomunicación aprobará las previsiones de nuevas instalaciones incluidas en los Planes Territoriales de Despliegue de Red en suelo rústico. Esta aprobación se resolverá en un plazo máximo de tres meses a contar desde la presentación del Plan o de sus modificaciones. En caso de falta de resolución expresa en este plazo se entenderá favorable al interesado.

   A los efectos previstos en el apanado anterior se entenderá que el Plan está presentando cuando contenga toda la documentación exigida en el artículo 10.

   La aprobación del Plan Territorial de Despliegue de Red por parte de la Administración de la Junta de Comunidades será condición indispensable para que los Municipios puedan otorgar las licencias pertinentes para el establecimiento de las instalaciones. La concesión de una licencia municipal sin la previa aprobación administrativa del Plan será nula de pleno derecho.

   El acto de aprobación de este Plan será publicado en el 'Diario Oficial de Castilla-La Mancha', sin perjuicio de su notificación al operador interesado.

2. Los emplazamientos y condiciones de las instalaciones en núcleos urbanos (suelo urbano y urbanizable) serán aprobados por los Ayuntamientos debiendo cumplir las normas técnicas y condiciones establecidas en esta Ley.

Los operadores deberán comunicar cualquier modificación al contenido del Plan presentado, solicitando, en su caso, a la Comisión de Redes de Radiocomunicación, su actualización y correspondiente aprobación para poder proceder a hacer efectivos dichos cambios.

La Administración Regional negociará con todos los operadores para propiciar acuerdos dirigidos a que éstos compartan las infraestructuras. La formalización de estos acuerdos entre la Administración de la Junta de Comunidades y los operadores supondrá la aprobación de los Planes Territoriales de Despliegue de Red. De no conseguirse los mencionados acuerdos, la Administración Autonómica determinará, en la aprobación de los Planes, los emplazamientos que deberán compartir los distintos operadores, atendiendo a principios de protección de la salud, ambiental y paisajística y, especialmente, cuando la cercanía de las instalaciones así lo aconsejen. Para facilitar la compartición, al menos las nuevas infraestructuras que formen parte del Plan Territorial de Despliegue de Red de un operador deberán permitir el alojamiento de antenas de como mínimo cuatro operadores.

Las condiciones de emplazamiento, incluidas las obras y funcionamiento de las instalaciones reguladas en la presente Ley, estarán sujetas al control e inspección de los Ayuntamientos. Sin perjuicio de lo anterior, se realizarán controles e inspecciones periódicas de las instalaciones por el órgano competente de la Junta de Comunidades, con el fin de comprobar su adecuación a las condiciones establecidas en la presente Ley.

Las acciones y omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ley sobre emplazamiento, instalación y funcionamiento de los equipos de radiocomunicación, constituyen infracciones que serán sancionadas de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes.

Las infracciones administrativas en la materia objeto de esta Ley, se clasifican en leves, graves y muy graves.

Se consideran infracciones leves la simple inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en la normativa respectiva de aplicación, que no estén tipificadas como infracción grave o muy grave, y en concreto:

1. La presentación incompleta de los Planes Territoriales de Despliegue.

2. La presentación fuera de plazo de los Planes Territoriales de Despliegue cuando dicho retraso no fuera superiora un mes.

Se consideran infracciones graves las siguientes:

1. El incumplimiento de la obligación de mantener las instalaciones en perfecto estado.

3. El incumplimiento de la obligación de revisar las instalaciones cada año.

4. El incumplimiento de la obligación de subsanar las deficiencias de conservación en el plazo de quince días desde su notificación.

5. El incumplimiento de la obligación de desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos, cuando se dé el supuesto de cese definitivo de la actividad o desuso de los elementos, así como de dejar el terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a la instalación en el estado anterior al establecimiento de los mismos.

6. No llevar a cabo las acciones de mimetización impuestas por el órgano competente de la Junta de Comunidades.

7. El incumplimiento de las normas de protección ambiental de las instalaciones recogidas en el artículo 6 de la presente Ley.

8. El incumplimiento de los plazos de adecuación de las instalaciones existentes establecidos en las disposiciones transitorias primera y segunda.

9. La presentación fuera de plazo de los Planes Territoriales de Despliegue cuando dicho retraso fuera superior a un mes.

10. El incumplimiento reiterado de los requerimientos de información formulados por la Administración.

Se consideran infracciones muy graves las siguientes:

1. La construcción de instalaciones que no estén incluidas en los Planes Territoriales de Despliegue aprobados.

2. El funcionamiento de la actividad superando los niveles máximos de emisión de radiaciones no ionizantes y distancias de seguridad legalmente vigentes.

1. Las infracciones administrativas podrán ser sancionadas:

   1. Las infracciones leves:

      1. Apercibimiento.

      2. Multa hasta 10.000.000 de pesetas.

      La sanción de multa en su grado mínimo será hasta 3.350.000 pesetas, en su grado medio de 3.350.001 a 7.000.000 de pesetas, y en su grado máximo de 7.000.001 pesetas, hasta 10.000.000 de pesetas.

   2. Las infracciones graves:

      1. Multa de 10.000.001 a 20.000.000 de pesetas.

         La sanción de multa en su grado mínimo será hasta 13.350.000 pesetas, en su grado medio de 13.350.001 a 17.000.000 de pesetas, y en su grado máximo de 17.000.001 pesetas, hasta 20.000.000 de pesetas.

      2. Suspensión hasta tres meses, prorrogables si fuera preciso para la subsanación de la infracción que la originó.

   3. Las infracciones muy graves:

      1. Multa de 20.000.001 pesetas, hasta 30.000.000 de pesetas.

         La sanción de multa en su grado mínimo será hasta 23.350.000 pesetas, en su grado medio de 23.350.001 a 27.000.000 de pesetas, y en su grado máximo de 27.000.001 pesetas, hasta 30.000.000 de pesetas.

      2. Suspensión hasta seis meses, prorrogables si fuera preciso para la subsanación de la infracción que la originó.

2. La sanción de multa será compatible con la de suspensión.

3. Los órganos competentes para la imposición de las sanciones podrán imponer multas coercitivas de un 10 por 100 más sobre la cuantía de la sanción por cada día transcurrido sin atender a la resolución de suspensión de la actividad.

Por razones de seguridad, la Administración podrá acordar, tanto durante la tramitación del procedimiento como previamente a su iniciación, como medida provisional, la suspensión del funcionamiento de la instalación.

Son órganos competentes para la imposición de las sanciones:

Para las leves el Director general competente por razón de la materia.

Para las graves el Consejero competente por razón de la materia.

Para las muy graves el Consejo de Gobierno.

Serán responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley los operadores, explotadores o propietarios de las instalaciones de forma solidaria.

Para la graduación de las sanciones a aplicar se considerarán los siguientes criterios:

1. Existencia o no de intencionalidad.

2. El resarcimiento de los posibles perjuicios ocasionados con anterioridad al acuerdo de inicio del expediente sancionador.

3. La subsanación de las deficiencias causantes de la infracción durante la tramitación del expediente sancionador.

4. La naturaleza de los perjuicios ocasionados.

5. La reincidencia, entendiendo por tal la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza, en el término de un año a contar desde la firmeza de la resolución de la primera.

En los supuestos en los que se dicte orden de retirada de las instalaciones reguladas en esta Ley si el operador responsable no las realizase en el plazo indicado en la misma, la Administración de la Junta de Comunidades podrá de oficio ejecutar subsidiariamente dicha orden.

Los plazos de prescripción de las infracciones serán los siguientes:

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años.

2. Las infracciones graves prescribirán a los dos años.

3. Las infracciones leves prescribirán al año.

Para lo no contemplado en esta Ley en materia de prescripción de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.