Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal de las Islas Canarias (Ley 3/1999, de 4 de febrero)

A los efectos de distribución del Fondo por esta variable se tendrán en cuenta los datos de población suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al 1 de enero del ejercicio anterior al de la distribución.

A efectos de esta Ley se considera insularidad periférica la pertenencia de los municipios a islas donde no radiquen las capitales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Entre tales municipios se distribuirá una cantidad igual en atención a esta variable.

La superficie de los municipios se obtendrá de los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Se considerará a efectos de esta variable la superficie en relación con la extensión total del término municipal declarada espacio natural protegido en cada municipio, según los datos suministrados por la consejería competente en materia de medio ambiente. La distribución por este criterio se efectuará en proporción directa a la superficie relativa, en base cien, declarada espacio natural protegido en cada municipio, conforme a la siguiente fórmula:

Y=[(ENPMx100 / ETM) / TENPC] [Y x 100 / SY]=X

Donde:

Y = Superficie relativa declarada espacio natural protegido de cada municipio.

ENPM = Superficie declarada espacio natural protegido en el municipio.

ETM = Extensión territorial del municipio.

TENPC = Total superficie declarada espacio natural protegido en Canarias.

GSY= Suma de las superficies relativas declaradas espacios naturales protegidos en cada municipio.

X = Porcentaje de espacio natural protegido que corresponde a cada municipio (aproximación 4 decimales).

El censo de camas alojativas turísticas tendrá carácter bianual. Inicialmente se tomarán en cuenta las existentes en cada municipio a 1 de enero del año 1999, obtenidas a partir de las autorizaciones de apertura otorgadas por los cabildos insulares y acreditadas mediante certificación expedida por el Registro General de Empresas, Establecimientos y Actividades Turísticas de la consejería competente en materia de turismo.

1. La distribución de la parte del Fondo correspondiente al criterio de dispersión territorial, se calculará atendiendo a la siguiente fórmula:

   Índice de dispersión = (P -- PC) × (N.o E -- 1) P

   Donde:

   P = Población del municipio.

   PC = Población de la capital del municipio.

   N.o E = Número de entidades de población del municipio.

2. Los datos serán obtenidos de la base estadística elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al 1 de enero del ejercicio anterior al de la distribución.

Se considerará a efectos de ésta el número de grupos de alumnos de los centros públicos de educación infantil, preescolar, primaria y primer ciclo de secundaria.

El número de grupos de alumnos de los centros en cada municipio se referirá al del curso académico que finalice durante el ejercicio presupuestario en que se realice el reparto, según resulte de los datos proporcionados por la Consejería competente en materia de educación.

Los indicadores de saneamiento económico-financiero, medidos sobre la liquidación del presupuesto de la propia entidad municipal correspondiente al ejercicio inmediato anterior al que se refiere la distribución del Fondo, son los siguientes:

1. Remanente de tesorería superior al 1 por 100 de la suma de los derechos reconocidos netos por los Capítulos I al V de ingresos en la liquidación del presupuesto, deducidos de dicha suma los derechos liquidados por contribuciones especiales y por la parte del Fondo destinada a libre disposición.

   El remanente de tesorería para gastos generales se cuantificará de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente que resulte de aplicación, deduciendo, como mínimo, en concepto de derechos pendientes de cobro de difícil o dudosa recaudación, el 95% de todos los derechos pendientes de cobro por impuestos, tasas y precios públicos con antigüedad de devengo igual o superior a cinco años, el 70% de los de antigüedad de cuatro años o inferior a cinco, y el 40% de los de tres años o inferior a cuatro, contados a partir del 31 de diciembre del ejercicio al que se refiere la liquidación.

   Asimismo siendo el remanente de tesorería para gastos generales una parte del total, a efecto de dicha cuantificación, es requisito necesario que en la liquidación del presupuesto se incluya el estado de seguimiento y control de los gastos con financiación afectada a fin de poder determinar las desviaciones, positivas o negativas, de financiación, conforme a la normativa vigente.

2. Ahorro neto superior al 10 por 100 de los derechos reconocidos netos por capítulos I al V de ingresos en la liquidación del presupuesto anual, deducidos los derechos liquidados por contribuciones especiales y por el Fondo por operaciones corrientes.

   Este indicador se obtendrá deduciendo de los derechos reconocidos netos con las deducciones expresadas, el volumen de las obligaciones reconocidas por capítulos I a IV de gastos en la liquidación y el de las amortizaciones correspondientes a las operaciones de crédito a largo plazo vigentes y dividiendo el importe resultante entre los indicados derechos reconocidos netos y deducciones.

3. Endeudamiento a largo plazo inferior al 70 por 100 de los derechos reconocidos netos por capítulos I al V de ingresos en la liquidación del presupuesto, deducidos los derechos liquidados por contribuciones especiales y por el Fondo por operaciones corrientes.

   Este indicador se obtendrá dividiendo el importe pendiente de devolución por operaciones de crédito a largo plazo vigentes a 31 de diciembre entre los indicados derechos reconocidos netos y deducciones.

Los condicionantes de la cuantía de libre disposición, medidos sobre la liquidación del presupuesto de la propia entidad municipal, correspondiente al ejercicio inmediato anterior al que se refiere la distribución del Fondo, son la gestión recaudatoria y el esfuerzo fiscal en los términos de los artículos siguientes.

Se tendrá en cuenta la gestión recaudatoria superior al tanto por ciento de los derechos reconocidos netos por Capítulos I a III de ingresos de la liquidación del indicado presupuesto, que a continuación se expresan:

- Para el año 1999, el 74 por 100.

- Para el año 2000, el 75 por 100.

- Para el año 2001, el 76 por 100.

- Para el año 2002, el 77 por 100.

- Para el año 2003, el 78 por 100.

- Para el año 2004 se tendrá en cuenta la gestión recaudatoria superior al 78 por 100

A los efectos del cálculo de este condicionante se tendrá en cuenta el porcentaje resultante de dividir la suma de la recaudación líquida obtenida durante el ejercicio por los Capítulos I al III de Ingresos, entre las sumas de los derechos reconocidos netos por dichos Capítulos. De las sumas de los derechos reconocidos netos y recaudación líquida se deducirán, en su caso, las correspondientes a contribuciones especiales.

1. Se considerará el esfuerzo fiscal del ayuntamiento superior al 80 por 100 de la media del de los ayuntamientos adheridos al Fondo que hubiesen remitido en plazo la documentación necesaria para la determinación de este condicionante.

   El esfuerzo fiscal se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

   Efm= (Rm/Dpm)/(R/DP)

   Donde:

   Efm = Esfuerzo fiscal del municipio.

   Rm = Derechos reconocidos netos del municipio por los Impuestos sobre Bienes Inmuebles; Actividades Económicas; Construcciones, Instalaciones y Obras; Vehículos de Tracción Mecánica e Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

   Dpm = Derechos potencialmente liquidables en el municipio por los impuestos mencionados.

   R = Derechos reconocidos netos en el conjunto de los municipios participantes en la distribución por los impuestos antes referidos.

   Dp = Derechos potencialmente liquidables en el conjunto de los municipios participantes en la distribución por dichos impuestos.

   Para proceder a la distribución del Fondo a que se refiere esta Ley por esta variable, la Consejería competente en materia de régimen local determinará la documentación necesaria y el plazo para remitirla por los ayuntamientos.

2. A efectos de calcular la potencialidad fiscal del municipio, se aplicarán los siguientes criterios:

   1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

      Los tipos máximos de gravamen para los bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica serán los que se señalen en cada momento por la legislación de aplicación.

      En el caso de que se hubiera producido una revisión catastral en el municipio, para calcular los derechos potencialmente liquidables en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se utilizará la base liquidable del impuesto que resulte de aplicar las reducciones que establece la Ley sobre la base imponible.

   2. Impuesto sobre Actividades Económicas:

      La cuota ponderada, calculada como el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del Impuesto el coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se incrementará mediante la aplicación sobre la misma de un coeficiente de situación medio del 2,10.

   3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

      A las tarifas del impuesto legalmente aprobadas para el ejercicio considerado se aplicarán los coeficientes de incremento máximo fijados por la normativa de aplicación.

   4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:

      Se aplicará el tipo de gravamen máximo que fije la normativa de aplicación y se dividirá el producto obtenido por el tipo de gravamen fijado en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

   5. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

      Se aplicará el producto de la media aritmética de los porcentajes anuales máximos de incremento de valor legalmente establecido, por el tipo máximo de gravamen correspondiente según la normativa de aplicación, y se dividirá el resultado entre el producto resultante de la media aritmética de porcentaje anual de incremento por el tipo de gravamen, fijados por el Ayuntamiento según la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Para la distribución del Fondo se seguirá el procedimiento siguiente:

1. Por la Consejería competente en materia de régimen local se procederá a comprobar la situación de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero y de los criterios condicionantes de la cuantía de libre disposición, sobre la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio inmediato anterior al de la distribución del Fondo, mediante auditorías de gestión, que deberán ser aprobadas por el Consejero competente en materia de régimen local, previa acreditación de haber sido tomadas en consideración por los plenos respectivos.

   Por la Consejería competente en materia de régimen local se determinará anualmente la documentación necesaria para proceder a dichas comprobaciones y el plazo en que deba ser remitida por los ayuntamientos.

2. El titular del Departamento citado solicitará los datos precisos para la aplicación de los criterios de distribución del Fondo a los organismos que conforme a esta Ley deban suministrarlos.

3. Recibida la documentación a que se refiere el número 2 anterior, el titular del citado Departamento elevará al Gobierno propuesta de distribución del Fondo, que comprenderá la aprobación del gasto correspondiente a la respectiva anualidad.

4. De la indicada propuesta se dará audiencia por un periodo de un mes a la Federación Canaria de Municipios.

5. Adoptado el acuerdo de distribución del Fondo por el Gobierno, la consejería competente en materia de régimen local procederá, dentro del primer cuatrimestre del ejercicio, al libramiento del 70 por ciento del importe del Fondo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 1.

   Aprobadas las auditorías de gestión y de acuerdo con las mismas, se procederá al libramiento de las cantidades correspondientes a cada ayuntamiento de la parte del Fondo prevista en la letra a) del apartado 1 del artículo 1.

   Con anterioridad a la finalización del ejercicio, se procederá a librar la cantidad que corresponda a cada ayuntamiento del 30 por ciento restante del importe del Fondo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 1, una vez deducidas las penalizaciones que correspondan de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.

Las corporaciones remitirán a la Consejería competente en materia de régimen local certificación acreditativa de incorporación de las cantidades recibidas a sus respectivos presupuestos con destino a las finalidades para las que fueron libradas, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de las correspondientes transferencias.

Sin perjuicio de las competencias de control atribuidas a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias por la normativa vigente, la Consejería competente en materia de régimen local exigirá certificación del Secretario acreditativa de que efectivamente se hayan aplicado los importes librados a los fines para los que están destinados, pudiendo exigir, además, cualquier otro documento que permita la comprobación de la aplicación del Fondo.

A los efectos de esta Ley se consideran incumplimientos:

1. No obtener los porcentajes de los indicadores de saneamiento económico-financiero previstos en el artículo 11.

2. No obtener los valores de los condicionantes de importe de libre disposición previstos en el artículo 12.

3. La no remisión en plazo de la documentación necesaria para la determinación del esfuerzo fiscal.

4. La no remisión de la documentación exigida para la realización de la auditoría de gestión con anterioridad a la finalización del ejercicio.

5. La no remisión, con anterioridad a la finalización del ejercicio, del acuerdo plenario por el que se toma en consideración la auditoría de gestión.

6. No destinar los recursos económicos del Fondo Canario de Financiación Municipal a las finalidades legalmente previstas.

1. En caso de incumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero, el Fondo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 mantendrá dicho destino.

2. En caso de incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición, el Fondo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 se reducirá en un 10 por 100 por cada condicionante incumplido.

3. En caso de no remitirse en plazo la documentación necesaria para la determinación del esfuerzo fiscal, el Fondo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 de esta Ley, se reducirá en un 20 por 100.

   La aplicación de la presente reducción por incumplimiento de plazo no se aplicará conjuntamente con la prevista en el apartado anterior por incumplimiento del indicador de esfuerzo fiscal, de tal modo que presentada la documentación fuera de plazo y detectándose incumplimiento del citado indicador, sólo se aplicará reducción por incumplimiento de plazo.

4. En caso de que la auditoría de gestión prevista en el artículo 15 detecte un incumplimiento de los previstos en el artículo 18, se dará audiencia a la corporación afectada. Por el Consejero competente en materia de régimen local se dictará resolución conteniendo el incumplimiento detectado y la consecuencia del mismo, informando al Parlamento.

5. Los ayuntamientos que no presenten la documentación exigida para la realización de las auditorías de gestión con anterioridad a la finalización del ejercicio, perderán el derecho a percibir las cantidades que le correspondan de la parte del fondo prevista en la letra a) del apartado 1 del artículo 1, y del 30 por ciento del importe del fondo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 1».

6. Los ayuntamientos que con anterioridad a la finalización del ejercicio no presenten el acuerdo plenario por el que se toma en consideración la auditoría de gestión, perderán el derecho a percibir la cantidad que integra la parte anticipada del fondo prevista en el primer párrafo del apartado 5 del artículo 15 y habrán de reintegrar la misma previa tramitación del oportuno expediente de reintegro con arreglo a las determinaciones previstas en la Ley General de Subvenciones.

7. En caso de no destinarse los recursos económicos del Fondo Canario de Financiación Municipal a las finalidades legalmente previstas, se habrá de reintegrar el importe no destinado a su correspondiente finalidad con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir.