Decreto 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores

Sección:I. Disposiciones generales
Emisor:CONSEJO DE GOBIERNO
Rango de Ley:Decreto
 
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El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, aprobado por la LeyOrgánica1/2007, de 28 de febrero, en los apartados 13, 15, 16 y 39 del artículo30 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de juventud, diseño y aplicación de políticas, planes y programas destinados a la juventud; acción y bienestar social, desarrollo comunitario e integración, políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social; protección social de la familia, conciliación de la vida familiar y laboral, y protección de menores. Todo esto se entiende sin perjuicio de la competencia propia que los consejos insulares tienen atribuida en el Estatuto de Autonomía, de acuerdo con su artículo 70.4, sobre políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social, de forma que cada consejo insular puede adoptar las medidas que considere adecuadas para este colectivo y desarrollar sus efectos en el ámbito territorial propio y en defensa de los respectivos intereses.

No obstante lo expuesto, el Gobierno de las Illes Balears es el órgano competente para dictar este reglamento. La potestad que lo habilita y faculta para su elaboración, tramitación y posterior aprobación le viene atribuida por el artículo 69 del Estatuto de Autonomía, el cual reserva a la Comunidad Autónoma aquellas competencias que, por su naturaleza, tienen un carácter suprainsular; las que inciden sobre la ordenación y la planificación de la actividad económica general en el ámbito autonómico, y aquellas cuyo ejercicio exige la obligación de velar por el equilibrio o la cohesión territorial entre las diferentes islas, como es el caso.

El Parlamento de las Illes Balears aprobó la Ley 7/2015, de 10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los procesos de autonomía personal de menores que han sido sometidos a una medida de protección o reforma. Esta ley tiene como objetivo básico la protección de aquellas personas menores de edad que han estado bajo la protección de las administraciones públicas y que, al alcanzar la mayoría de edad, se encuentran en una situación de vulnerabilidad social que les imposibilita vivir de manera autónoma o con las garantías suficientes para ello.

La exclusión social se entiende como aquella situación en la que se encuentran las personas que no pueden participar plenamente en la vida económica, social y civil, y que...

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