Ley de Comercio Minorista de Castilla-La Mancha (Ley 7/1998, de 15 de octubre)

1. El objeto de la presente Ley es establecer el régimen jurídico del comercio minorista en Castilla-La Mancha, en el ejercicio de las competencias que corresponden a la Junta de Comunidades.

2. Las prescripciones contenidas en la presente Ley no se aplicarán a la actividad comercial mayorista ni a la prestación de servicios, salvo previsión en contrario de esta Ley.

3. La actividad comercial mayorista no podrá ejercerse simultáneamente con la minorista en el mismo establecimiento, salvo que se mantengan debidamente diferenciadas y se respeten las normas específicas aplicables a cada una de estas modalidades de distribución.

1. Tendrán la consideración de establecimientos comerciales los locales y construcciones o instalaciones de carácter fijo y permanente, cubiertos o sin cubrir, que estén destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, de forma continuada o periódica, aunque no tengan escaparates o exposición al público.

2. Fuera de los casos legalmente previstos, no se podrá practicar la actividad comercial fuera de los establecimientos comerciales.

3. No tendrán la naturaleza de establecimientos comerciales los establecimientos en los que los profesionales presten servicios destinados al público y, en general, donde no se pongan a disposición de la clientela bienes muebles para su uso o consumo.

1. Tendrán la consideración de gran establecimiento comercial los establecimientos individuales dedicados al comercio minorista, polivalente o especializado, estén o no integrados en un establecimiento de carácter colectivo, que tengan una superficie útil para la venta y exposición de productos igual o superior a:

   –Los 2.000 m2en los municipios con población igual o superior a los 25.001 habitantes.

   –Los 1.000 m2en los municipios con población comprendida entre los 10.001 y 25.000 habitantes.

   –Los 750 m2en los municipios que tengan una población igual o inferior a los 10.000 habitantes.

2. Se entiende por superficie útil para la exposición y venta de artículos aquélla en que se expongan los productos, habitual u ocasionalmente, así como los espacios destinados al tránsito de personas y a la presentación, dispensación y cobro de los productos. No se computarán los aparcamientos ni los lugares exteriores en los que no se expongan productos para su venta.

3. Quedan excluidos del concepto de gran establecimiento:

   –Los mercados mayoristas.

   –Los centros comerciales en los que los distintos establecimientos estén previstos para su explotación en forma empresarialmente independiente, sin perjuicio de que los establecimientos comerciales radicados en ellos puedan merecer la calificación de gran establecimiento.

   –Los mercados municipales, con la misma condición expuesta en el párrafo anterior.

1. Están sujetos a la obtención de licencia comercial específica, en las condiciones establecidas en este capítulo, la apertura o traslado de un gran establecimiento comercial.

2. Esta licencia será otorgada por la Consejería competente en materia de comercio y será previa a la concesión del resto de las licencias municipales de construcción o apertura de establecimientos comerciales.

3. Estarán sujetas igualmente a licencia comercial específica:

   1. La ampliación de establecimientos comerciales cuando como consecuencia de la misma éstos lleguen a alcanzar una superficie útil para venta y exposición de productos igual o superior a:

      –Los 2.000 m2en los municipios con población igual o superior a los 25.001 habitantes.

      –Los 1.000 m2en los municipios con población comprendida entre los 10.001 y 25.000 habitantes.

      –Los 750 m2en los municipios que tengan una población igual o inferior a los 10.000 habitantes.

   2. La ampliación de un gran establecimiento ya existente, que supere el 10% de la superficie de exposición y venta inicial, y toda ampliación sucesiva, aunque no alcance el porcentaje referido.

   3. La modificación de la actividad o sector del comercio a que se dedique un gran establecimiento comercial autorizado.

   4. La reapertura de un gran establecimiento que haya permanecido cerrado por más de un año.

4. No se podrá ceder intervivos la licencia antes de la apertura del establecimiento sin autorización previa de la Consejería competente en materia de comercio, salvo que se trate de fusión o absorción de la empresa peticionaria por un tercero. En todo caso, el cesionario quedará subrogado en los compromisos contraídos por el cedente con la Administración Regional.

5. Cualquier cambio en la titularidad de un gran establecimiento deberá ser comunicado a las Administraciones Regional y Local.

1. La licencia comercial prevista en este capítulo tendrá carácter indefinido.

2. No obstante lo anterior, la licencia caducará si a los seis meses no se han iniciado las obras o a los dieciocho meses no ha comenzado la actividad comercial, contados a partir del día siguiente a la notificación de su concesión, salvo prórrogas otorgadas por la Consejería competente en materia de comercio, por causa justificada. Las sucesivas prórrogas no podrán superar un período máximo de dieciocho meses.

3. El inicio de las obras de edificación del gran establecimiento comercial y el comienzo de la actividad comercial deberán ser notificados a la Consejería competente en materia de comercio dentro de los plazos anteriormente establecidos. Para acreditar el inicio de las obras se requerirá certificación del director facultativo de aquélla y copia compulsada de la licencia municipal de obras recaída para la realización de los trabajos de edificación del citado establecimiento.

1. La solicitud de licencia comercial específica deberá dirigirse al Consejero competente en materia de comercio por cualquiera de los medios admitidos en la legislación general.

2. En la solicitud se harán constar los datos personales del solicitante, si se trata de una persona física, o los datos de la entidad y los personales de su representante legal, si se trata de una persona jurídica y, en ambos casos, se señalará domicilio a efectos de notificaciones.

3. A la solicitud se acompañará, por duplicado, la siguiente documentación:

   1. Documentación acreditativa de la identidad y representación del promotor.

      1. Si el solicitante es una persona física: fotocopia del Documento Nacional de Identidad y del Número de Identificación Fiscal o documentos análogos a éstos si se trata de persona extranjera y, en su caso, representación que se ostenta.

      2. Si el solicitante es una persona Jurídica: fotocopia del documento nacional de identidad del representante legal de la entidad, cuya representación podrá acreditarse mediante cualquiera de los medios admitidos en derecho.

         Se aportarán, igualmente:

         –Fotocopia legalizada de las escrituras de constitución de la sociedad, con las modificaciones que se hayan producido, inscritas en el registro correspondiente.

         –Fotocopia de las cuentas anuales del último ejercicio, depositadas en el Registro Mercantil.

         –Fotocopia del código de identificación fiscal de la sociedad

         –Certificación de estar al corriente en obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

      3. En todo caso, si el promotor es distinto de la empresa que explotará el establecimiento comercial aislado o integrado en un centro comercial, deberá identificar a este último, acreditando la representación de sus intereses y el poder suficiente para comprometerse en su nombre.

      4. Certificación registral u otro documento público que pruebe que el solicitante ostenta sobre el terreno en cuestión un derecho que le permita emprender la edificación del establecimiento.

   2. Documento acreditativo de la conformidad del proyecto con la ordenación urbanística vigente.

      Certificado emitido por el Secretario del Ayuntamiento, u otro funcionario municipal debidamente habilitado al efecto, que:

      1. Acredite la conformidad del Anteproyecto con la clasificación y calificación urbanísticas de los terrenos en los que pretende implantarse y

      2. Deje constancia expresa de que el gran establecimiento comercial puede ejecutarse sin necesidad de que con posterioridad al otorgamiento de la licencia comercial específica sea necesario:

      –La aprobación de planeamiento urbanístico,

      –La aprobación de instrumentos de ejecución de planeamiento urbanístico mediante actuaciones urbanizadoras, o

      –El otorgamiento de calificación urbanística para lalegitimación de obras, construcciones o instalaciones en suelo rústico.

   3. Caracteres del establecimiento comercial proyectado.

      1. Descripción del tipo de establecimiento que se desea implantar, haciendo constar la superficie edificada total, la superficie útil para la exposición y venta de productos, así como la destinada al tránsito de personas, almacén y otros usos.

      2. En el supuesto de tratarse de un establecimiento integrado en un centro comercial, se hará constar el número de locales de venta, su distribución y tamaño.

      3. Superficie destinada a aparcamiento y número de plazas. En todo caso, sin perjuicio de cualquier otra determinación urbanística que establezca una exigencia mayor, los establecimientos que requieran licencia comercial específica deberán disponer, para uso exclusivo de sus clientes y empleados, de una dotación mínima de aparcamiento, conforme a las siguientes reglas:

         –Hasta 1.000 m2de superficie útil para venta y exposición de productos: Una plaza por cada 16 m2.

         –Cuando la superficie útil para venta y exposición de productos del establecimiento exceda de 1.000 m2, se dotará de una plaza por cada 12 m2de dicho exceso. A esta dotación se le sumará la resultante de aplicar la regla establecida en el párrafo anterior.

         En las zonas que se creen para estacionamiento de vehículos ligeros, deberán reservarse plazas destinadas a vehículos que transporten a personas con movilidad reducida permanente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha.

      4. Anteproyecto técnico que recoja los planos de planta, alzado y secciones del establecimiento. Tal documento deberá ser idéntico al que haya servido de base para la emisión del Certificado exigido en el apartado 6.3.B), a cuyo efecto deberá contar con la diligencia que acredite esa identidad, debidamente suscrita por el funcionario emisor de aquel Certificado.

      5. Plano de localización geográfica en el término municipal en el que se pretende instalar, su distancia al centro urbano y viarios de acceso de su entorno inmediato.

      6. Presupuesto global del establecimiento proyectado, así como su desglose por capítulos.

   4. Oferta comercial.

      Descripción de los productos que se comercializarán en el nuevo establecimiento, las distintas secciones del mismo y servicios accesorios o secundarios ofrecidos a la clientela.

   5. Compromisos.

      1. Memoria descriptiva del empleo que se prevé generar, con indicación de la plantilla total del establecimiento y modalidades de contratación.

      2. Calendario previsto para la realización del proyecto.

      Los compromisos que el promotor adquiera podrán incorporarse, en su caso, como condiciones de la licencia, cuyo incumplimiento posibilitará su revocación.

   6. Informes.

      El solicitante deberá aportar los siguientes informes, suscritos por profesionales no vinculados laboralmente a la empresa:

      1. Informe de la viabilidad económica del proyecto, junto con un estudio de mercado con las previsiones de facturación.

      2. Informe sobre el impacto económico del proyecto, destacando los efectos que ha de producir sobre los precios, el nivel y calidad de la oferta, el flujo comercial y las cuotas de mercado en el sector de la distribución, que resultarían de su implantación.

      3. Informe de evaluación del impacto medioambiental del proyecto.

      4. Informe de la incidencia del proyecto sobre la red vial, el tráfico y los servicios urbanos.

      5. Informe de la incidencia del proyecto sobre el empleo en la zona.

   7. Tasas.

      El solicitante deberá acreditar haber abonado la tasa por la tramitación del expediente, en la forma que se determina en la Ley.

4. La Consejería competente en materia de comercio podrá exigir la presentación de documentos o datos complementarios cuando los suministrados resulten insuficientes.

1. La Dirección General competente en la materia será el órgano encargado de instruir el procedimiento.

2. Una vez completada la documentación exigida en el artículo 6, la Dirección General solicitará informe del Proyecto presentado al Ayuntamiento correspondiente. De igual manera, solicitará informe a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia, a la Confederación Regional de Empresarios y organizaciones empresariales más representativas, a organizaciones de consumidores y usuarios, a la Federación Regional de Municipios y Provincias y a los Sindicatos más representativos. Podrá pedir, además, cuantos informes considere convenientes. Los informes serán evacuados en el plazo de 15 días, transcurrido el cual sin haberse emitido se proseguirán las actuaciones.

   Igualmente solicitará informe al Tribunal de Defensa de la Competencia. Si este informe no ha sido emitido en el plazo de un mes se continuarán las actuaciones.

   Al objeto de la emisión de los citados informes, la Dirección General remitirá a las organizaciones citadas un extracto del expediente objeto de informe, sin perjuicio del examen de la documentación necesaria que pueda solicitarse.

3. Con el fin de valorar los expedientes se crea una Comisión Asesora formada por los Directores Generales competentes en materia de Comercio, Desarrollo Industrial, Consumo, Salud Pública, Urbanismo, Medio Ambiente y Administración Local. Actuará como secretario un funcionario de la Dirección General competente en materia de Comercio.

4. El Director General competente en materia de comercio remitirá el expediente a la Comisión Asesora que, previo estudio del mismo, elevará propuesta al Consejero competente en esa materia.

Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de Comercio la Resolución de los procedimientos seguidos para la obtención de licencia comercial específica. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución recaída será de 6 meses computados desde que haya tenido entrada la solicitud en el registro del órgano administrativo competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo.

Para conceder o denegar la licencia, se atenderá a los siguientes criterios:

1. La existencia o inexistencia de un equipamiento comercial adecuado a las necesidades de la población.

   En este aspecto se tendrá en cuenta:

   La correlación existente entre el establecimiento comercial proyectado, en cuanto a superficie y tipo de instalación, y el lugar en que se pretende su implantación, considerando su área de influencia.

   La existencia de flujos comerciales con otras Comunidades Autónomas.

2. Efectos del establecimiento proyectado sobre la estructura comercial de la zona.

   En este aspecto se valorará:

   El aumento de la competencia que pueda resultar de la implantación.

   La integración de las empresas comerciales del área de influencia en la gran superficie que se pretende implantar.

   Cualesquiera otras medidas de colaboración entre el gran establecimiento y las pequeñas empresas comerciales que contribuya a minorar la repercusión social y económica del proyecto.

   La influencia en los flujos comerciales con otras Comunidades Autónomas.

   Los efectos de la implantación en el equilibrio regional.

3. Efectos de la implantación sobre el nivel y volumen de empleo.

   En este aspecto se valorará: La creación de empleo que suponga la implantación del establecimiento, así como las características de los puestos de trabajo, en especial, su estabilidad y su contribución al mantenimiento, aumento o disminución del nivel de ocupación en el área de influencia.

4. Efectos de la implantación sobre la comercialización de productos regionales.

5. Impacto urbanístico y paisajístico sobre la zona.

   Se tendrán en cuenta especialmente:

   La indicencia en la red viaria, la accesibilidad al establecimiento comercial y la dotación de aparcamiento y otros servicios.

   Las características y la integración del establecimiento en el entorno urbano y su incidencia en el medio ambiente.

1. La licencia prevista en este capítulo es independiente de las licencias municipales y de apertura.

2. No podrá concederse licencia municipal en tanto no haya sido concedida la licencia comercial específica. Serán nulas las licencias municipales otorgadas en contravención a esta norma.

3. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en la Resolución de concesión de la licencia comercial específica, determinará, previa audiencia del interesado, la revocación de la licencia comercial concedida.

4. La Consejería competente por razón de la materia ordenará el cierre del establecimiento y cesación de la actividad de los grandes establecimientos que realicen actividad comercial sin la licencia comercial específica.

1. La solicitud de la licencia comercial específica devengará una tasa equivalente a multiplicar por 500 pesetas cada metro cuadrado de superficie útil de exposición y venta del establecimiento proyectado.

2. Esta tasa deberá ser abonada con la solicitud correspondiente. La falta de pago de la tasa determinará la no iniciación del procedimiento.

3. En todo lo demás se estará a lo dispuesto en la legislación de tasas de Castilla-La Mancha.

1. Tendrán la consideración de actividades de promoción de ventas, las ventas en rebaja, las ventas de saldos, las ventas en liquidación, las ventas con obsequio, las ofertas de venta directa y cualesquiera otras ventas de promoción o con descuento o prima.

2. En todo lo no regulado en el presente título será de aplicación lo establecido en el título II de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que tendrá carácter supletorio.

1. Para que pueda practicarse una promoción comercial es preciso que los artículos ofertados hubieren formado parte de las existencias previas del comerciante, sin que puedan ser adquiridos con el fin exclusivo de ser incluidos en aquellas promociones, salvo la promoción para lanzamiento de nuevos productos.

2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo específicamente establecido en el capítulo III de este título sobre establecimientos dedicados de forma exclusiva a la venta de saldos.

El comerciante que practique cualquier tipo de venta promocional tendrá la obligación de informar al consumidor sobre los medios de pago admisibles en la misma, advirtiéndolo claramente en forma visible desde el exterior del establecimiento.

1. Podrán concurrir en un mismo establecimiento la venta de saldos y la venta en rebajas, pero los artículos deberán estar debidamente separados, de forma que la diferencia de unos y otros sea fácilmente perceptible para el comprador.

2. No podrán practicarse simultáneamente en un mismo establecimiento rebajas y ventas en liquidación.

3. Está prohibida la realización de cualquier tipo de promoción comercial que, por las circunstancias en que se practica, genere confusión con otra modalidad de promoción distinta y sea susceptible, objetivamente, de provocar una elusión de las normas aplicables.

1. En toda promoción o publicidad de promoción de ventas, el comerciante deberá contar con las existencias suficientes para satisfacer la demanda previsible de los consumidores, salvo que se trate de una venta en liquidación.

2. En cualquier caso, se considerará que la promoción no satisface la demanda previsible si las existencias no son suficientes para atender la demanda originada durante un día completo de apertura comercial, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente sobre la duración de las rebajas.

3. En los envases de los productos en que se promocionen regalos deberá indicarse la duración de la promoción.

4. En el supuesto anterior, el fabricante o el comerciante, en su caso, estarán obligados a la entrega de la prima si el consumidor adquirió el derecho a ella mientras los productos han estado expuestos a la venta, aunque hubiera caducado la promoción.

5. Fuera de las reglas anteriores y de lo dispuesto especialmente para la venta en rebajas, no será preciso que en la promoción se indique la duración de la misma.

1. El comerciante no podrá limitar el número de unidades del producto o productos promocionados que pueda adquirir cada comprador.

2. Tampoco podrá aplicar precios mayores o menores descuentos a medida que sea mayor la cantidad adquirida.

3. Cuando la oferta no sea suficiente para satisfacer toda la demanda, no se podrán establecer criterios discriminatorios de preferencias entre los compradores.

4. Cuando las promociones no alcancen a la mitad del inventario no podrán anunciarse como una medida general.

5. Los artículos promocionados deberán estar claramente separados del resto de los artículos y del resto de las promociones que puedan concurrir en el establecimiento.

Toda forma de promoción o publicidad de ventas que transmita al consumidor un mensaje sugestivo sobre la diferencia de precio de determinados productos respecto de los precios ordinarios anteriormente practicados obligará al comerciante a hacer constar en cada producto, dentro del establecimiento, el precio anterior y el precio actual.

De oficio o por denuncia de parte interesada, la Administración podrá exigir en todo momento al comerciante que demuestre la veracidad del precio anterior o la de cualesquiera otros datos que acrediten la veracidad de su oferta.

1. No podrá presentarse una promoción de ventas como rebajas si no se ofrecen a precio reducido al menos la mitad de los artículos existentes.

2. Tampoco podrán ofrecerse en rebajas artículos obsoletos, sin perjuicio de que se ofrezcan en el mismo establecimiento como saldos.

3. Igualmente, no podrán ofrecerse en rebajas artículos que no hubieran formado parte de la oferta habitual de ventas del establecimiento durante el mes anterior al inicio de las mismas, ni aquellos otros que hubieran sido objeto de cualquier tipo de promoción durante dicho período.

1. La Administración Regional fijará las fechas anuales de rebajas dentro de los períodos que al efecto establezca la legislación estatal aplicable, después de oír al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, a la Confederación Regional de Empresarios y organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

2. Cada comerciante deberá exponer en el exterior de su establecimiento las fechas iniciales y finales de las rebajas. Deberán igualmente remitir a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de comercio una comunicación sobre las fechas elegidas para la práctica de las rebajas.

Sólo los establecimientos dedicados en forma exclusiva a la venta de saldos podrán saldar artículos ajenos y artículos adquiridos específicamente con la finalidad de ser vendidos como saldo.

1. Todo comerciante podrá ofrecer venta de saldos de sus propios artículos, con carácter permanente, siempre que estén debidamente separados del resto de los artículos y del resto de las promociones.

2. El comerciante podrá practicar la venta de saldos en un establecimiento distinto del habitual.

1. Los establecimientos dedicados a la práctica permanente y exclusiva de saldos deberán indicarlo claramente en el exterior.

2. Si se ofrecen como saldos artículos defectuosos o deteriorados, deberá constar expresamente esta circunstancia, de forma que tales extremos sean susceptibles de ser identificados por el comprador.

1. No se podrá anunciar una venta en liquidación con antelación superior a una semana de la fecha de inicio de la misma.

2. El comerciante deberá indicar en el exterior del establecimiento la fecha de inicio de la venta en liquidación y las causas de la misma.

3. El comerciante que practique una liquidación deberá comunicar este hecho a la Consejería competente en materia de comercio con una antelación de diez días a su inicio efectivo, expresando la causa de la liquidación, la duración prevista y las mercancías ofertadas. Una copia de esta notificación deberá estar expuesta al público.

4. Si se liquidan productos deteriorados, se deberá advertir claramente esta circunstancia.

1. La duración máxima de la venta en liquidación será de tres meses, salvo en el caso de cesación total de la actividad, que será de un año.

2. El comerciante podrá solicitar de la Consejería competente en materia de comercio una prórroga de un mes y siempre por causa justificada. Transcurridos quince días desde la entrada en Registro de la solicitud sin que haya recaído resolución expresa, la petición se entenderá concedida.

1. Cuando se promocione un producto o servicio determinado, éstos no podrán ser de calidad distinta a los que posteriormente serán objeto de la venta ordinaria.

2. No podrán ofertarse como promociones de productos aquellos que estén deteriorados.

3. Lo dispuesto en este precepto no afectará a la regulación específica de las rebajas, saldos y liquidaciones.

Los bienes o servicios en que consistan los obsequios e incentivos promocionales deberán entregarse a los compradores en el plazo máximo de tres meses desde que el comprador reúna los requisitos exigidos.

1. Todo sorteo, apuesta o concurso en que se exija al participante un desembolso inicial estará sujeto a la legislación del juego, salvo que el sorteo o concurso se ofrezca como prima con la compra de productos.

2. La comunicación a una o más personas de que han sido agraciadas con un premio o la promesa de entrega de un obsequio no condicionada a la adquisición de un producto o servicio, impedirá que el comerciante pueda exigir la adquisición de un producto o servicio como condición para la entrega del obsequio.

3. Las bases de los sorteos o concursos deberán ponerse en conocimiento de los compradores o anunciarse que están depositadas notarialmente y no podrán ser modificadas durante el período de vigencia de la oferta.

1. Se consideran ventas especiales a efectos de la presente Ley las ventas a distancia, las ventas fuera del establecimiento mercantil reguladas en la Ley Estatal 26/1991, de 21 de noviembre, las ventas ambulantes, las ventas automáticas y las ventas en pública subasta.

2. Estas ventas estarán sometidas a autorización previa, que deberá ser otorgada por la Consejería competente en materia de comercio, salvo que esta Ley o la legislación estatal aplicable atribuyan esta competencia a otra Administración.

3. En todo lo no regulado en el presente título, se estará a lo dispuesto en el título III de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que tendrá carácter supletorio.

1. Están sujetos a autorización de la Administración de la Comunidad Autónoma:

   –Las ventas a distancia en las que las Empresas vendedoras tengan el domicilio social en Castilla-La Mancha, con independencia de que las propuestas de contratación se difundan por el territorio de otras Comunidades Autónomas.

   –Las ventas fuera de establecimiento comercial permanente a las que se refiere la Ley 26/1991, siempre que la oferta al consumidor o la contratación del viaje organizado por el vendedor o un tercero, con ocasión del cual se realice la venta, tengan lugar en Castilla-La Mancha.

   –Las ventas automáticas.

   –Las ventas en pública subasta.

2. Las empresas que pretendan practicar cualquiera de las modalidades de venta enumeradas en el párrafo anterior, deberán dirigir una solicitud a la Consejería competente en materia de comercio, en la que deberán acreditar:

   –Identificación del empresario, con la inscripción, en su caso, en el Registro Mercantil y la identificación fiscal.

   –Memoria explicativa de la actividad a realizar, relación de productos o servicios que configura su oferta, ámbito de actuación, establecimientos en Castilla-La Mancha y un domicilio en la Región en el que se reciban y atiendan las reclamaciones.

   –Certificación de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

   –Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y al corriente de pago.

   –El cumplimiento de los requisitos reglamentariamente exigidos para cada producto o servicio o las autorizaciones adicionales exigidas para la práctica de cada tipo de venta.

   –La relación de vendedores y su identificación, en el caso de ventas sometidas a la Ley 26/1991.

   –Las condiciones generales que la empresa subastadora imponga en sus relaciones con propietarios y licitadores, en el caso de venta en pública subasta.

3. La autorización se entenderá concedida si no se ha dictado resolución expresa en el plazo de un mes a contar desde la entrada de la solicitud en el Registro o desde que se completó la documentación requerida.

4. Sólo podrá denegarse la autorización requerida si no se acredita alguno de los requisitos anteriormente expuestos.

5. Los comerciantes deberán tener una copia de la autorización a disposición de los consumidores y exhibirla si la venta se efectúa con presencia simultánea de ambas partes.

1. La Consejería podrá exigir a las empresas que practiquen estas ventas la prestación de una fianza, en la forma que reglamentariamente se determine.

2. Esta fianza servirá para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad civil o del deber de restituir el importe a los consumidores, cuando por la modalidad de comercio que se practique exista riesgo de que las reclamaciones de aquéllos puedan resultar fácilmente desatendidas.

1. Estarán sujetas a esta Ley las ventas automáticas conforme las define la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

2. Se exceptúan las ventas automáticas cuando las máquinas expendedoras se hallen instaladas en el establecimiento mercantil del vendedor.

1. Además de los requisitos generales exigibles para autorizar esta modalidad de venta, el vendedor deberá acreditar que la máquina ha sido debidamente homologada.

2. Deberá acreditarse que en las máquinas figuran las advertencias a que obliga la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista.

1. En todas las máquinas deberá figurar la indicación de si devuelve cambio de moneda. También se indicará el tipo de moneda fraccionaria con la que funciona.

2. No se podrán comercializar productos alimenticios que no estén envasados y etiquetados conforme a la normativa aplicable y cuyas condiciones de conservación no sean las allí indicadas.

3. La autorización a que se refiere esta Ley será condición para el otorgamiento de las licencias municipales de instalación en la vía pública.

La concesión de licencia para el ejercicio de la venta ambulante corresponderá a los Ayuntamientos, que podrán autorizarla en las siguientes modalidades:

El comercio en mercadillos fijos, ocasionales o periódicos, situados en perímetros delimitados del casco urbano.

El comercio callejero, en lugares de la vía pública, sólo para productos estacionales, flores y plantas.

El comercio esporádico en recintos o espacios reservados para las ferias populares y con ocasión de las mismas, en espacios reservados con ocasión de acontecimientos deportivos, musicales o análogos y referida a productos relacionados con el espectáculo en cuestión y en mercados de ocasión, para productos de segunda mano, siempre que no se trate de alimentos.

El comercio itinerante en cualquier clase de vehículos, que podrá comprender artículos varios, en zonas o pueblos con escasos equipamientos comerciales o tradición en esta modalidad.

Las Ordenanzas municipales de venta ambulante deberán determinar, como mínimo:

Los lugares y períodos en los que puede desarrollarse la venta ambulante.

Las modalidades de venta ambulante admitidas, teniendo en cuenta las características de cada municipio.

Número total de puestos o licencias.

Productos que podrán ser ofrecidos a la venta.

Tasa a pagar por la concesión de la licencia.

Régimen interno de funcionamiento del mercadillo, en su caso.

Previsión del régimen sancionador.

1. Para la concesión de licencia, se exigirá que el peticionario acredite:

   Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y en el régimen de Seguridad Social que corresponda, estando al corriente en el pago de sus obligaciones.

   Cumplir los requisitos de las reglamentaciones de cada tipo de productos.

   Estar en posesión del carné de manipulador de alimentos, en su caso.

   Satisfacer las tasas y tributos fijados en la Ordenanza.

   Disponer de los permisos de residencia y trabajo que en cada caso sean exigidos, si se trata de extranjeros.

2. Las licencias se concederán en condiciones no discriminatorias, pero deberá preferirse a aquellos comerciantes que tengan concertado un seguro de responsabilidad civil por los daños que puedan causar con sus productos. Si la Ordenanza prevé una reserva de puestos, deberá utilizar para ello criterios objetivos.

3. Las licencias tendrán una duración máxima de un año, prorrogable, y podrán ser revocadas por incumplimiento de las condiciones a las que se encuentren sometidas.

4. Las licencias serán personales e intransferibles, pero podrá desarrollarse la venta por los familiares del titular de la misma o por sus dependientes dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

5. En la licencia deberá especificarse el ámbito territorial de validez, los productos autorizados y las fechas en que se podrá llevar a cabo la actividad comercial.

6. Los Ayuntamientos remitirán cada seis meses a la Consejería competente en materia de comercio una relación actualizada de los comerciantes a los que se les haya otorgado la licencia correspondiente.

1. No podrá autorizarse la venta ambulante en instalaciones fijas no desmontables, ni en calles peatonales comerciales, ni en aquellos lugares en que cause perjuicio al comercio establecido. En particular, no podrá autorizarse la venta ambulante en el acceso a los establecimientos comerciales, junto a sus escaparates o en accesos a edificios públicos.

2. La delimitación por los Ayuntamientos de los perímetros de los mercadillos requerirá audiencia previa de la Cámara de Comercio de la Provincia, de la Confederación Regional de Empresarios y organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Región.

1. Sólo podrá autorizarse la venta de productos alimenticios cuando se cumplan las condiciones sanitarias e higiénicas que establece la legislación sectorial sobre la materia para cada tipo de producto.

2. No se podrán vender alimentos por quien carezca del carné de manipulador de alimentos.

1. Quienes ejerzan el comercio ambulante deberán tener expuestos en forma fácilmente visible para el público sus datos personales y el documento en que conste la correspondiente autorización municipal, así como una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones.

2. La identificación del comerciante deberá igualmente figurar en el comprobante de la venta, si lo hubiera.

1. Corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la potestad sancionadora por las infracciones tipificadas en la presente Ley. Se determinará por Decreto los órganos autonómicos competentes.

2. La potestad inspectora y sancionadora en materia de venta ambulante, en ausencia de ordenanza o normativa local propia, será ejercida por los órganos competentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3. No se iniciará expediente sancionador respecto de infracciones consistentes en la falta u omisión del deber de inscribirse en un Registro estatal o de obtener una autorización para cuya concesión fuere competente la Administración del Estado. No se aplicará esta regla cuando sea la propia norma estatal la que otorgue a la Comunidad Autónoma esta competencia.

4. Las competencias sancionadoras de la Junta se ejercerán de acuerdo a lo previsto en la presente Ley, en la normativa general, en la regulación del régimen sancionador en Castilla-La Mancha y en la regulación estatal del procedimiento administrativo común.

5. Dejarán de tener vigencia en Castilla-La Mancha las infracciones tipificadas en la normativa estatal de defensa de los consumidores que coincidan con las conductas sancionadas en la presente Ley.

1. En los casos en que las infracciones a que se refiere la presente Ley pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración Regional lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. De igual forma, cuando la Administración Regional estime que las conductas puedan ser constitutivas de prácticas competenciales prohibidas, conforme a la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, lo comunicará al Tribunal de Defensa de la Competencia.

2. En ambos casos, la Administración Regional suspenderá la tramitación del expediente administrativo hasta tanto se proceda al archivo o recaiga resolución firme en aquellas instancias, interrumpiéndose el plazo de prescripción de la infracción administrativa o, de existir ya resolución sancionadora, de la sanción acordada.

3. En el supuesto de que se tuviera conocimiento por la Administración Regional de instrucción de causa penal o de procedimiento ante el Tribunal de Defensa de la Competencia se procederá a la suspensión del procedimiento administrativo sancionador o de la resolución firme, si la hubiere, sólo si existiera identidad de sujeto, hechos y fundamento. En cualquier caso, se mantendrán las medidas de aseguramiento ya tomadas, en tando no sean sustituidas por las que resuelva la autoridad competente.

1. Incurrirá en las sanciones previstas en esta Ley el titular de la empresa que hubiese cometido las infracciones tipificadas en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

2. Cuando el supuesto legal de la infracción así lo exija, podrán ser sancionados los fabricantes o mayoristas que no hayan puesto los bienes a disposición directa del destinatario final.

Constituyen infracciones leves, salvo que los artículos siguientes las califiquen de graves o muy graves:

1. Infracciones de deberes jurídico-privados:

   1. La imposición al consumidor de prohibiciones o limitaciones en el ejercicio del derecho de desistimiento.

   2. El incumplimiento de la obligación de documentación exigida en los pagos aplazados entre comerciantes y proveedores o entre comerciantes y consumidores.

   3. El incumplimiento del plazo de entrega de obsequios y regalos o la limitación de los derechos del consumidor en este tipo de promociones.

   4. Las ofertas de ventas a domicilio y a distancia sin la inclusión o suministro de los datos legalmente exigidos.

   5. El envío de productos no solicitados.

   6. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la ejecución y pago en los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial.

2. Infracciones de los principios de ordenación económica:

   1. La realización de actividades o prácticas comerciales prohibidas, o fuera de los casos permitidos por la Ley o que estuvieran reservadas a sujetos distintos de quienes las practican.

   2. Incumplimiento de la obligación de vender o la imposición de limitaciones o gravámenes cuantitativos a la venta en contra de lo dispuesto en la legislación aplicable.

   3. Infracción de las reglamentaciones de precios máximos que afecten al comercio.

   4. Realización de actividades promocionales sin ajustarse a las prescripciones legales o calificándolas indebidamente o incumpliendo las condiciones de su licitud.

   5. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley en la realización de promociones y ventas especiales.

3. Incumplimiento de los deberes legales de información o publicidad frente a los adquirentes, así como del deber de exhibir la información, comunicación o autorización exigidas.

4. La realización de actividades comerciales sin la autorización exigida o con incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.

5. La realización de actividades comerciales sin la inscripción previa en los Registros administrativos que fueren exigidos.

6. Las ofertas comerciales engañosas.

7. La conducta obstruccionista a la práctica de comprobaciones e inspecciones de las Administraciones Públicas.

8. La realización de actividades comerciales en horario o períodos no autorizados o con extralimitación de los autorizados o que se refieran a productos distintos de los autorizados.

1. Se consideran graves las infracciones tipificadas en el artículo anterior, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

   1. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción comprobadora e inspectora cuando sean reiteradas o se ejerzan con violencia física.

   2. La reincidencia en la comisión de faltas leves.

   3. Las infracciones que causen grave daño a los intereses de los consumidores en general o las que se aprovechen indebidamente del poder de demanda de los menores.

   4. Las infracciones precedidas de publicidad en los medios de comunicación.

   5. Las infracciones que concurran con infracciones sanitarias.

   6. Las infracciones cometidas explotando la situación de inferioridad o de debilidad de terceros.

2. En todo caso, son infracciones graves:

   1. El incumplimiento de una orden de cese o suspensión de actividad infractora.

   2. La apertura de un gran establecimiento comercial sin contar con la autorización exigible o con incumplimiento de las condiciones establecidas en ella.

   3. La apertura de los establecimientos comerciales en domingos o festivos no autorizados.

Son infracciones muy graves:

1. Aquellas que serían calificadas como graves en las que se ha realizado una facturación de un volumen superior a los 100.000.000 de pesetas.

2. La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

1. Por la comisión de infracciones se impondrán las sanciones siguientes:

   1. Infracciones leves: Amonestación por escrito o multa hasta 500.000 pesetas.

   2. Infracciones graves: Multa de hasta 2.500.000 pesetas.

   3. Infracciones muy graves: Multa de hasta 100.000.000 de pesetas.

2. En caso de infracciones muy graves se podrá imponer como sanción accesoria el cierre del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años, sin perjuicio, en todo caso, del pago a los trabajadores del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.

3. Corresponderá al Gobierno Regional la revisión y actualización de las cuantías previstas para las sanciones pecuniarias, para lo que se tendrá en cuenta la variación de los índices de precios para el consumo.

4. La autoridad a la que corresponda resolver el expediente podrá acordar, como sanción accesoria, el decomiso de la mercancía falsificada, fraudulenta o no identificada, o comercializada con incumplimiento de los requisitos exigidos, siendo de cuenta del infractor los gastos que originen las operaciones de intervención, depósito, comiso y destrucción de la mercancía.

5. La sanción económica no podrá ser en ningún caso inferior al beneficio económico que el infractor hubiere obtenido con la infracción.

6. Como sanción accesoria se podrá revocar la autorización cuyo incumplimiento haya constituido la infracción.

1. Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta el volumen de facturación a la que afecte, cuantía del beneficio obtenido, intencionalidad de la conducta, plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción, reiteración de la infracción, concurrencia con otra infracción, situación de dominio del infractor en el mercado, transcendencia social de la misma y naturaleza y perjuicios que se hubieren ocasionado.

2. No podrán tenerse en cuenta para cuantificar la sanción los mismos criterios que ya se hubieran tenido en cuenta para calificarlas como graves o muy graves.

3. No se podrá tener en cuenta para agravar una sanción la concurrencia con otra infracción, siempre que ésta pudiese ser sancionada independientemente o la concurrencia de infracciones haya servido para calificarlas de graves o muy graves.

4. Se podrá reducir la cuantía de la sanción cuando el infractor haya procedido, o garantice hacerlo, a reparar los perjuicios infligidos a los particulares o a devolver la contraprestación indebidamente percibida o retenida.

Para garantizar las medidas de suspensión o cesación de la actividad infractora, la Administración Regional impondrá multas coercitivas diarias de hasta el 10 por 100 de la sanción que finalmente corresponda, por cada día en que el infractor omitiera el cese o suspensión, una vez apercibido por la Administración.

1. No tendrán carácter de sanción la intervención e incautación de la mercancía indebidamente comercializada, como asimismo la suspensión de actividad o funcionamiento ilegal. Tampoco tendrá carácter de sanción la clausura del establecimiento que realice actividades comerciales sin la autorización que fuere necesaria o contra los términos de la misma.

2. Estas medidas podrán tomarse con carácter cautelar por la autoridad competente para imponer la sanción. Podrán ser también tomadas al margen del procedimiento sancionador que, en su caso, se incoe. Estas medidas se mantendrán en vigor mientras dure la situación ilegal.

3. Estas medidas se tomarán mediante resolución motivada y audiencia previa del infractor y deberán serle notificadas. Si la defensa del interés público no permitiese la demora, podrán ser tomadas sin audiencia previa, en cuyo caso se dará al interesado un plazo de audiencia ulterior, antes de decidir su mantenimiento o levantamiento.

4. En circunstancias de excepcionalidad y siempre que no pueda dilatarse la resolución, las medidas en cuestión podrán ser tomadas por la autoridad que realice la inspección, siempre que no se adopten en un procedimiento sancionador.

1. La labor inspectora de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de ordenación del comercio se regirá por lo dispuesto al respecto en la Ley 3/1995, del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha.

2. El control del cumplimiento de la normativa reguladora de los horarios comerciales corresponderá a los Agentes de la autoridad municipal.

3. La Junta de Comunidades coordinará sus funciones de inspección con las que desarrollen las Administraciones locales en el ámbito de su competencia.