Ley de la Explotación Agraria y del desarrollo Rural en Castilla-La Mancha (Ley 4/2004, de 18 de mayo)

1. Tendrán la consideración de explotación agraria de carácter singular las explotaciones familiares, cuyo titular sea persona física y las asociativas que, cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley 19/1995 para las explotaciones prioritarias salvo en lo que se refiere la renta unitaria del trabajo que en este caso puede ser igual o superior al 20 por 100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta, además reúnan alguno de los siguientes requisitos:

   1. Estar ubicada en zona de montaña o zona con limitaciones medioambientales específicas.

   2. Practicar la agricultura ecológica o mantener razas autóctonas puras.

   3. Estar dedicada a la gestión forestal y medioambiental.

2. Asimismo, también podrán ser calificadas como explotaciones agrarias de carácter singular las sociedades cooperativas en las que más de un tercio de sus socios y socias sean titulares de explotaciones agrarias de carácter singular.

Tendrán la consideración de explotación agraria preferente las explotaciones familiares, cuyos titulares sean personas físicas y las explotaciones asociativas que, cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley 19/1995 para las explotaciones prioritarias salvo en lo que se refiere la renta unitaria del trabajo que en este caso puede ser igualo superior al 35 por 100 de la renta de referencia e inferior al 150 por 100 de ésta, además reúnan alguno de los siguientes requisitos:

Que la titular de la explotación sea una mujer.

Que se considere Agricultor a título principal.

Que sea Agricultor joven incorporado en los últimos cinco años.

Que esté inmerso en un proceso de reestructuración o reconversión aprobado por la Administración.

Que tenga un plan de mejora o modernización aprobado en los últimos cinco años.

Que la comercialización sea al menos el 50% en cooperativas u otras formas asociativas.

Que se encuentre acogido a una medida agroambiental, distinta de la agricultura ecológica y el mantenimiento de razas autóctonas, o las que las sustituyan.

Las explotaciones agrarias calificadas como prioritarias, preferentes y de carácter singular que reúnan los requisitos exigidos tendrán preferencia en la obtención de los beneficios, ayudas y cualesquiera otras medidas de fomento previstas en esta Ley o en sus posteriores normas de desarrollo.

1. Además de las situaciones de preferencia que pudieran corresponder a las explotaciones prioritarias de acuerdo con la legislación nacional, las explotaciones agrarias calificadas como prioritarias, preferentes y de carácter singular gozarán de preferencia:

   En las nuevas transformaciones en regadío, y adquisiciónde derechos para riego.

   En la consolidación, mejora y modernización de regadíos.

   En las medidas de carácter agroambiental y forestación de tierras.

   En la asignación de cuotas o derechos, adjudicación de superficies agrarias, ayudas o subvencionesy participación en actividades financiadas con fondos públicos.

2. En todos los casos las explotaciones singulares gozaran de un mayor nivel de preferencia frente al resto.

3. Los anteriores supuestos de preferencia estarán condicionados a lo dispuesto por la normativa comunitaria y estatal, así como a que la explotación no pierda la condición de prioritaria, preferente o singular y se harán extensivas a los y las titulares de explotaciones que, mediante la aplicación de estas medidas, alcancen tales calificaciones.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de este artículo se desarrollará reglamentariamente en el plazo de un año, determinando los criterios de prioridad que se consideren oportunos para adjudicar las situaciones de preferencia entre los distintos tipos de explotaciones establecidos.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha habilitará, de acuerdo con su capacidad presupuestaria y financiera, y dentro del marco de la normativa estatal y comunitaria, los fondos que estime oportunos para llevar a cabo medidas de fomento destinadas a las explotaciones calificadas como prioritarias, preferentes y de carácter singular.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el marco de la normativa estatal sobre cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, establecerá mediante ley, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta norma, las bonificaciones fiscales aplicables a las transmisiones de explotaciones agrarias singulares y preferentes.

Podrán ser causa de pérdida de la condición de explotación prioritaria, singular o preferente, y de los derechos implícitos a esta consideración, aquéllas que incurran en los siguientes supuestos:

1. Plantaciones que no cuenten con la concesión administrativa o no estén inscritas en el Registro correspondiente cuando sea preceptivo. No estarán incluidas aquellas explotaciones que se encuentren tramitando la legalización de las parcelas de acuerdo con el nuevo procedimiento de bolsa de derechos establecido por la Administración.

   Se consideran plantaciones irregulares, a estos efectos, aquéllas que se realizaron sin los derechos de plantación preceptivos, o aún siendo así, las que se realizaron sin ajustarse a los mecanismos dispuestos por la administración para llevarla a cabo. En este sentido, los registros de plantaciones realizados y las oportunas autorizaciones administrativas establecidas como procedimiento de regularización de parcelas constituirán elementos indispensables para acreditar la situación de regularidad de las plantaciones.

2. Regadíos que carezcan de la concesión oportuna por parte de la Confederación Hidrográfica correspondiente. También se excluirán aquéllas que, aún contando con la consiguiente autorización, realicen actos en fraude de Ley a legislación en materia de aguas.

3. Incumplimiento en las campañas de saneamiento ganadero por haber sido sancionado previamente con carácter firme. En tal caso se estará a lo dispuesto en materia de productos reglamentados, uso veterinario de los mismos y cumplimiento de plazos de las actuaciones en materia de saneamiento.

4. Incumplimiento grave de la legislación medioambiental o de los programas de actuación en zonas vulnerables, incumplimiento de los planes de ordenación de los recursos naturales y de incendios forestales, contaminación del agua, contaminación del suelo o vertido incontrolado de residuos.

5. Aquéllos cuyos titulares destruyan, deterioren o hagan mal uso de cualquier obra o instalación financiada conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

6. Haber sido sancionado previamente con carácter firme por infracciones administrativas en materia de subvenciones de conformidad con el artículo 77 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre.

7. Incumplimiento de las normas del registro de explotaciones.

1. Se crea en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha un Registro General de Explotaciones Agrarias, de carácter público, gratuito y dependiente de la Consejería competente en materia de agricultura en lo que a constitución, gestión, custodia y actualización se refiere, en el que constarán fehacientemente tanto las características de los distintos tipos de explotaciones como las de sus titulares.

2. El registro de explotaciones es el instrumento de apoyo a la gestión administrativa de las ayudas y otras actuaciones de ordenación de las explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha.

3. Los datos del Registro estarán sometidos a la regulación contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

La creación del Registro General de Explotaciones Agrarias en Castilla-La Mancha tiene como objetivos:

1. Disponer de un instrumento público que permita conocer, de manera integrada, permanente y actualizada, la información precisa para lograr el adecuado desarrollo de una política de modernización de estructuras agrarias y de ordenación y planificación económica del sector agrario en Castilla-La Mancha.

2. Definir las características de las explotaciones y sus titulares en la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a los titulares la gestión de sus explotaciones simplificando y haciendo más eficaces los trámites y relaciones con la administración.

Serán objeto de inscripción obligatoria:

1. Las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y sus titulares.

2. Las modificaciones sustanciales que se produzcan en la explotación y en la titularidad de la misma.

3. La calificación de la explotación como prioritaria, singular o preferente, explotación familiar agraria individual o explotación familiar agraria de base asociativa, que será objeto de actualización anual por la propia Administración, salvo que las personas interesadas insten su modificación en plazo inferior.

1. El Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla-La Mancha se organizará en los ficheros precisos para una mejor ordenación de sus datos.

2. El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará la aplicación de sistemas informáticos admitidos en derecho para la gestión más ágil de los datos que componen el Registro.

3. Para la actualización del Registro la Consejería competente en materia de agricultura podrá utilizar los datos obrantes en su poder para el ejercicio de sus competencias agrarias, así comolos existentes en el resto de Consejerías de la Comunidad Autónoma, en sus organismos autónomos y en otras Administraciones Públicas, de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

La inscripción en el Registro de Explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha será obligatoria para acceder a cuantos beneficios y ayudas se establezcan por la Administración Regional en apoyo al sector agrario, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

1. La Consejería competente en materia de agricultura emitirá, a petición de los interesados y las interesadas, la certificación acreditativa de la inscripción de la explotación en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla-La Mancha.

2. En virtud de lo dispuesto en el apartado primero del Artículo 16 de la Ley 19/1995, y a efectos de su inclusión en el Catálogo General de Explotaciones Prioritarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha comunicará periódicamente al Ministerio las explotaciones que en su territorio hayan sido calificadas como prioritarias así como sus modificaciones.

1. Los objetivos básicos que han de regir las actuaciones públicas de las administraciones de Castilla-La Mancha en materia de desarrollo rural serán los siguientes:

   1. Fomentar y consolidar la agricultura, ganadería y silvicultura como ejes vertebradores del mundo rural tanto en su dimensión productiva como en su carácter multifuncional.

   2. Propiciar la dimensión económica, social, familiar y asociativa del sector primario, apoyando la diversificación productiva y de rentas de las explotaciones prioritarias y singulares y preferentes, la creación de empleo en el medio rural y la organización asociativa de los medios de producción y comercialización para conseguir las mejoras en viabilidad y eficiencia en los planos económico y social.

   3. Conseguir que las actividades agrarias se compatibilicen con la conservación del medio natural y la preservación y mantenimiento de los equilibrios biológicos en el mundo rural.

   4. Incentivar la conservación medioambiental como bien público regional en aquellos aspectos que no queden cubiertospor la función mercantil de la actividad agraria.

   5. Ordenar la dimensión social y geográfica del territorio y frenar los procesos de despoblamiento de las zonas rurales, imbricando los procesos de crecimiento y modernización económica con un desarrollo sostenible.

   6. Propiciar un nivel de vida digno a la población rural tanto en términos de renta y calidad, como de bienestar. Particular atención deben recibir aquellos habitantes de los núcleos menos accesibles por sus condiciones orográficas, más diseminados o de dimensión reducida.

   7. Superar los estrangulamientos sociales que puedan derivarse de la menor disponibilidad en el mundo rural de servicios, equipamientos e infraestructuras. Particularmente, se deberá incidir en queel acceso y uso de la Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación estén al alcance del mundo rural, fomentando su utilización y evitando que sean una nueva fuente de desigualdad respecto de las zonas urbanas.

   8. Incentivar la utilización del patrimonio cultural, etnológico e histórico autóctonos como vía de valorización económica y social de la singularidad de la dimensión local del mundo rural.

   9. Apoyar de forma decidida la capitalización humana del medio rural mediante programas de formación y difusión de la cultura y la financiación de programas y proyectos de I+D+I adecuados a la realidad rural.

   10. Promover en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha una mayor sensibilización hacia los valores y posibilidades del medio rural, proponiendo políticas de desarrollo urbano en armonía con los intereses rurales.

   11. Integrar y coordinar a los y las agentes sociales y sus organizaciones implicadas en el mundo rural para conseguir una optimización en las actuaciones y recursos financieros disponibles y dar coherencia a los principios implícitos en el modelo de desarrollo rural sostenible.

   12. Fomentar el turismo rural con acciones de promoción dirigidas a la creciente demanda de ocio en las zonas rurales y el medio natural, configurándolo como un destino singular. Promover el agroturismo como actividad complementaria de las explotaciones agrarias.

2. Para conseguir estos fines el Gobierno de Castilla-La Mancha desarrollará, en el ámbito desus competencias, y de forma coordinada con otras administraciones y con la participación de agentes sociales, las actuaciones tendentes a favorecer la organización, consolidación y superación de las disfunciones del mundo rural. En particular deberá posibilitarse:

   1. El desarrollo integrado y sostenible del medio rural a través del fomento de la viabilidad técnica, comercial y empresarial de las explotaciones agrarias y consolidación de la dimensión multifuncional del medio rural.

      b)La diversificación de las actividades en el ámbito rural, tanto dentro de la dimensión productiva del sector agrario como de las rentas complementarias a éste, con el fin de generar nuevas o distintas oportunidades para la generación de renta y riqueza.

   3. El aprovechamiento del potencial y las ventajas competitivas de cada espacio rural en la línea del desarrollo endógeno: apoyo a productos y productores ya existentes, formación e integración de jóvenes y de la mujer en el medio, promocionar y consolidar las pequeñas y medianas empresas ligadas al territorio e integradas en el espacio rural, incorporación de nuevas tecnologías o la rentabilización social y económica del patrimonio propio de las zonas.

   4. Creación y dotación de infraestructuras necesarias para la integración de los y las residentes en el mundo rural a las dimensiones básicas de una sociedad moderna y avanzada: el trabajo, la cultura, la sanidad, la educación, el consumo de calidad, el ocio y las relaciones sociales en el marco de la realización personal.

   5. La conservación y consolidación de la agrodiversidad y la biodiversidad para conformar espacios armónicos de uso y disfrute compatibilizando las funciones productivas y medioambientales, propiciando la diversidad de ecosistemas y la sostenibilidad de la utilización del mundo natural y valorizando las facetas agronómicas, agrológicas y forestales.

1. El modelo de cooperación local para el desarrollo rural consiste en la constitución de una red de relaciones y de solidaridad en el territorio, con el fin de valorar al máximo su potencial y enriquecer las acciones sectoriales.

2. La Junta de comunidades de Castilla-La Mancha potenciará fórmulas de cooperación en el ámbito local que incluyan a todos los agentes y asociaciones del territorio de referencia, junto con las administraciones locales, para que constituyan entidades asociadas, con responsabilidad jurídica propia.

Se consideran Grupo de Desarrollo Rural a las asociaciones sin ánimo de lucro, cualquiera que sea su forma jurídica, y que en su organización interna se encuentren representados los interlocutores, públicos y privados, de un territorio determinado y cuyo objetivo es la aplicación de un programa de desarrollo rural mediante la cooperación.

Los Grupos de Desarrollo Rural tienen las funciones que habitualmente son desarrolladas por la Administración Pública en otros programas de tipo tradicional y que son las siguientes:

1. La gestión de las ayudas, concesión y pago a los beneficiarios y las beneficiarias, hasta el control de ejecución de los proyectos y la obtención del reintegro de las ayudas en caso de irregularidad, además de otros cometidos fundamentales como son

2. La información, animación, asesoramiento y formación de la población.

3. Otras de naturaleza análoga a las anteriores.

Cualquiera que sea su forma jurídica, los Grupos de Desarrollo Rural contarán con un régimen estatutario que garanticen el libre acceso, funcionamiento democrático y cuyo contenido mínimo se establecerá en las normas de desarrollo de esta Ley.

1. Los Grupos estarán obligados a establecer un procedimiento de gestión de ayudas que garantice los principios de colaboraciónobjetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia.

2. Los Grupos someterán sus cuentas a auditorías de acuerdo con el Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin ánimo de lucro.

Los miembros del Consejo, Junta Directiva u órgano de decisión similar del Grupo, así como los trabajadores y trabajadoras estarán sujetos a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

1. Todas las actuaciones a que se refiere el presente capítulo deberán estar incluidas en planes de obras, aprobados por la Consejería competente en materia de agricultura, salvo que figuren en planes de ámbito nacional o regional aprobadospor los organismos competentes.

2. Tanto los planes de obras, mejoras territoriales como los proyectos que desarrollan las mismas deberán cumplir la normativa comunitaria, estatal y autonómica vigente.

3. Excepto las actuaciones relativas a la transformación, consolidación, mejora y modernización de regadíos, que se regularán por su normativa propia, las restantes obras y mejoras territoriales se regirán por lo previsto en el presente capítulo.

4. La Consejería competente en materiade agricultura queda facultada para regular por sí misma en las materias de su competencia la coordinación de sus actividades con los distintos órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando de éstos dependa el otorgamiento de concesiones, permisos o, en general, el cumplimiento de trámites requeridos por las obras que se lleven a cabo.

5. Las eventuales discrepancias a que diere lugar la regulación conjunta antes mencionada serán resueltas por el Consejo de Gobierno, que decidirá también la dispensa de requisitos o formalidades establecidos por las leyes.

1. En las zonas de actuación, y a los efectos derivados por la normativa Comunitaria reguladora de las ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) las obras a realizar se clasificarán en los siguientes grupos:

   1. Obras de interés agrícola general.

   2. Obras de interés agrícola común.

   3. Obras de interés agrícola privado.

   4. Obras complementarias.

2. En los grupos a), b) y c) se incluirán las obras que conforme a las disposiciones de esta Ley sean de ejecución obligatoria por la Administración o por los particulares, al considerarse necesarias para las actuaciones programadas. En el grupo d) se incluirán las que, sin ser indispensables para dicha actuación, sirvan de complemento para el satisfactorio desarrollo económico y social de la zona.

1. Se clasificarán como obras de interés agrícola general, mediante la aprobación del Plan de Obras correspondiente, en cuanto dichas obras beneficien las condiciones de toda la zona y se estimen necesarias para la actuación programada, las que se enumeran a continuación:

   1. Abastecimiento de aguas, urbanización y electrificación de núcleos urbanos; los caminos rurales de servicio de las explotaciones agrarias y los caminos generales de la zona y de enlace entre los pueblos; encauzamiento y protección de márgenes en cauces públicos;

      los saneamientos de tierras; investigación y captación de aguas subterráneas; repoblación forestal y plantaciones de ribera o lineales en caminos, acequias, desagües y las necesarias para corregir defectos de infraestructura.

   2. Las obras que tengan por objeto la restauración, conservación y protección del medio natural, así como las que se deriven de la aplicación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental a los diferentes planes y proyectos de obras.

   3. En materia de dotación de infraestructuras para polígonos agrarios y agroindustriales, las relativas a caminos de enlace con la red viaria comarcal o local; las redes de saneamiento y de abastecimientode agua desde el polígono hasta las correspondientes redes municipales; y la red de suministro de energía eléctrica desde el centro de transformación que abastezca el polígono hasta su conexión con la red general, incluido dicho centro de transformación.

   4. Las obras que pudiera corresponder la clasificación de interés agrícola común o complementarias, en función de su especial interés social, localización en zonas de montaña y zonas con limitaciones especiales, circunstancias que deberá acreditarse en el correspondiente expediente.

   5. Las que por medio de Decreto se autorice a incluir en este grupo, siempre que se trate de obras que redunden en beneficio de todos los agricultores y las agricultoras de la zona o de algún grupo de ellos o ellas.

   6. Las acciones de concentración parcelaria.

2. La declaración de una obra de interés agrícola general lleva aparejada la de utilidad pública e interés social y la de urgente ocupación a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.

Son obras de interés agrícola común aquéllas realizadas en materia de dotación de infraestructuras para polígonos agrarios y agroindustriales, referentes a la red interior de viales y las redes comunes de saneamiento, abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica a cada parcela.

Son obras de interés agrícola privado las de nivelación o acondicionamiento de tierras, drenajes, edificios destinados a viviendas y dependencias agrícolas y en general las mejoras permanentes de toda índole que haya necesidad de realizar en las unidades de explotación resultantes en las zonas cuya transformación haya sido declarada de interés nacional o regional.

1. Se considerarán obras complementarias las que sin relacionarse directamente con la transformación de las zonas contribuyan a su satisfactorio desarrollo económico ysocial, redundando en beneficio de todos los agricultores y las agricultoras de la zona o de algún grupo de ellos o ellas.

2. Como obras complementarias podrán clasificarse las siguientes:

1. Albergues para ganado, almacenes para maquinaria agrícola, materias primas o productos agrícolas, otras edificaciones e instalaciones de carácter cooperativo o asociativo profesional.

2. Mejora y sistematización de terrenos fuera de zonas regables; nuevas plantaciones de especies forestales o agrícolas y creación de praderas y pastizales.

3. Saneamiento y depuración de aguas residuales de origen agrario.

4. Las que por medio de Decreto se autorice a incluir en este grupo, siempre que se trate de obras que redunden en beneficio de todos los agricultores y las agricultoras de la zona o de algún grupo de ellos o ellas.

1. Las obras de interés agrícola general serán proyectadas y ejecutadas por la Consejería competente en materia de agricultura.

2. Con carácter general, las obras de interés agrícola común y las complementarias serán proyectadas y ejecutadas por los particulares, correspondiendo a la Consejería competente en materia de agricultura la aprobación de los correspondientes proyectos y la supervisión y control de la ejecución de los mismos a través del facultativo técnico designado al efecto.

3. A solicitud de los particulares y previa justificación de su necesidad y conveniencia, la Consejería competente en materia de agricultura, podrá recabar para sí la redacción de los proyectos y la ejecución de tales obras, a cuyos efectos formalizará los oportunos convenios, siendo requisito previo que los beneficiarios o beneficiarias depositen o avalen el porcentaje del importe total de las obras de interés agrícola común en una cuenta de la Administración Autonómica en la forma, plazo y cuantía que reglamentariamente se determine.

4. Las obras de interés agrícola privado se construirán por los y las particulares con sujeción a proyectos aprobados por la Consejería competente en materia de agricultura.

1. Las obras de interés agrícola general que realice la Consejería competente en materia de agricultura serán íntegramente sufragadas con cargo al presupuesto de la misma.

2. Las obras de interés agrícola común y las complementarias serán cofinanciadas por la Consejería competente en materia de agricultura y los y las particulares, quienes tendrán derecho a una subvención máxima consistente en un porcentaje de la inversión financiable, que reglamentariamente se establezca en los plazos que figuren en cada plan de obra.

3. Con carácter general la subvención se hará efectiva mediante un pago único a la conclusión y liquidación de las obras.

4. Cuando por el volumen de la inversión o por cualquier otra circunstancia y así lo soliciten los beneficiarios o beneficiarias, el abono de la subvención podrá fraccionarse en dos o más pagos proporcionales a los importes de obra certificados y previo aval por el importe de aquéllos.

5. Las obras e instalaciones de interés agrícola privado serán cofinanciadas por la Consejería competente en materia de agricultura y los y las particulares, quienes tendrán derecho a una subvención máxima consistente en el porcentaje de la inversión financiable, que reglamentariamente se establezca en los plazos que figuren en cada plan de obra. La subvención se abonará a la conclusión de la obra y previa justificación de la inversión realizada.

1. Cuando las obras de interés agrícola común y complementarias hayan de ser ejecutadas por la Consejería competente en materia de agricultura, ésta dará cuenta del proyecto a los interesados o las interesadas a fin de que con conocimiento de los precios y demás condiciones de la operación, puedan formalizar el oportuno convenio.

2. La Consejería competente en materia de agricultura suscribirá el oportuno contrato o convenio de carácter administrativo con los interesados o las interesadas, consignando en el mismo los datos relativos a la ejecución de la obra, financiación, garantías y demás cláusulas necesarias, según el caso.

1. En elcaso de que realice por sí misma las obras clasificadas como de interés agrícola común o complementarias, la Consejería competente en materia de agricultura podrá exigir, como requisito previo a la iniciación de las mismas, la presentación de un aval o garantía hipotecaria y solidaria por el importe total de la inversión financiable.

2. Si los interesados o las interesadas estuviesen constituidos como entidades asociativas agrarias, el aval a que hace referencia el punto anterior podrá sustituirse por la garantía hipotecaria y solidaria de los agricultores asociados o de un número de ellos o ellas cuya solvencia sea suficiente para responder de la operación.

1. El acuerdo de la Consejería competente en materia de agricultura de entregar una obra construida por la misma constituye un acto administrativo recurrible por las personas o entidades que deban hacerse cargo de ella.

2. Dicho acuerdo de entrega será inmediatamente ejecutivo y dará lugar al nacimiento de todas las obligaciones dimanantes de la entrega.

3. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación del acuerdo, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejería competente en materia deagricultura, cuya resolución pondrá término a la vía administrativa.

4. Cuando se trate de obras complementarias podrá igualmente, recurrirse si tuvieren defectos ocultos, desde que estos se manifiesten, siempre y cuando no transcurra más de un año desde la entrega.

5. La resolución de los recursos a que se refiere este artículo, determinará, si procede, la disminución proporcional del precio o la ejecución de las reformas necesarias a expensas de la Consejería competente en materia de agricultura. Si los defectos de la obra son tales que la hacen del todo inadecuada para el uso a que se destina, se acordará, a petición del o la recurrente, la resolución del compromiso por él asumido.

1. La Consejería competente en materia de agricultura podrá suscribir convenios con las Diputaciones,

   Ayuntamientos u otras entidades en los que se determinará la forma de prestar el servicio y afrontar los gastos que éste ocasione.

2. Las demás normas relativas a la conservación de obras, según sus diferentes clases, serán dictadas mediante disposiciones especiales de rango reglamentario.

3. Las Corporaciones locales, de ámbito municipal o supramunicipal, Entidades públicas o privadas destinatarias de las obras ejecutadas a quienes haya de entregarse la propiedad de alguna obra incluida en los planes aprobados se comprometerán formalmente a consignar en sus presupuestos los recursos necesarios para su conservación.

1. Las actuaciones que se lleven a efecto en base a lo dispuesto en la presente Ley se clasifican de la siguiente forma:

   1. En función del promotor:

      A1) Regadíos de iniciativa pública:

      Zonas declaradas de interés regional de la Comunidad Autónoma.

      Zonas declaradas de interés general de la Nación.

      Actuaciones complementarias en zonas de concentración parcelaria.

      Actuaciones en zonas singulares.

      A2) Regadíos de iniciativa privada.

   2. Según su naturaleza:

      B1) Nuevas transformaciones en regadío.

      B2) Mejora, consolidación y modernización de regadíos existentes.

2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior se definen como:

   1. Nuevas transformaciones en regadío: actuaciones que permitan el cambio del sistema de explotación de secano a regadío y se realicen conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y estén previstas en el correspondiente Plan Hidrológico.

   2. Mejora de regadíos: actuaciones de reposición, impermeabilización, y ampliación de las infraestructuras existentes u otras actuaciones que no supongan cambios substanciales en los sistemas de riego.

   3. Modernización de regadíos: todo tipo de actuación que permita la innovación de los sistemas de riego tendente a la mejora de la gestión y regulación interna.

   4. Consolidación de regadíos: cualquier tipo de actuación tendente a establecer el suministro de agua a una zona regable con las dotaciones necesarias y la garantía suficiente.

1. La declaración de zona de interés regional de la Comunidad Autónoma se hará mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dictado a propuesta de la Consejería competente en materia de agricultura.

2. La declaración de interés regional de la Comunidad Autónoma llevará implícita las siguientes:

La de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

La de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectos a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

La de interés socioeconómico de la transformación en regadío de la zona de referencia, así como la prioridad en las asignaciones y reservas de recursos hídricos establecidos en los Planes Hidrológicos de cuenca y en la ejecución de las actuaciones con los presupuestos públicos.

Se faculta a la Administración Autonómica a celebrar convenios de colaboración con la Administración Central a los efectos de coordinar la ejecución de las actuaciones programadas en el Plan Nacional de Regadíos.

1. A los efectos de esta Ley se entiende por unidad mínima de cultivo la superficie suficiente que debe tener una parcela rústica para que las labores fundamentales para su cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de producción, puedan llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en la comarca o zona.

2. En el plazo de un año se determinará reglamentariamente la extensión de la unidad mínima de cultivo distinguiendo entre secano y regadío en los distintos municipios, zonas o comarcas de su ámbito territorial.

A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, la Administración regional podrá regular, con carácter alternativo o complementario al régimen de unidades mínimas de cultivo, la explotación agraria mínima estableciendo la dimensión, extensión y parámetros de viabilidad técnicos, sociales y económicos que se consideren oportunos en cada una de las comarcas del territorio de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de Castilla-La Mancha podrá establecer, de acuerdo con su capacidad presupuestaria y financiera, ayudas concretas para incentivar y facilitar a los arrendatarios o arrendatarias el acceso a la propiedad de las fincas rústicas que vinieren explotando.